Por: Henry Córdova
Bran
Han pasado ocho años desde el 05 de junio del 2009, día
en que el gobierno de Alan García ordenó un operativo policial que terminó con
un saldo de 33 personas fallecidas entre policías e indígenas, más de 200
heridos y dejó una herida abierta en el país que desnudó, una vez más, la
existencia de un Estado que desconoce los derechos de los pueblos indígenas.
¿Qué ha cambiado desde entonces?
De aquel 05 de junio
del 2009 recordamos la indignación. Lo indígena, la Amazonía, era, quizá por
primera vez, parte de la atención nacional. Sabíamos mucho o poco; unos más que
otros, de las razones por las que los pueblos indígenas del norte de la
Amazonía llevaban más de 50 días protestando y exigiendo al gobierno de turno
la derogatoria de Decretos Legislativos que atentaban contra sus territorios.
En los días previos y el mismo 05 de junio supimos que si un gobierno actúa de
la manera en que Alán García, sus ministros y el Congreso de la República actuaron
con las poblaciones indígenas, entonces, algo estaba fallando con la
Democracia.
La historia es más o
menos conocida, los medios de comunicación, como en casi todos los conflictos,
le pusieron un nombre altisonante, desde entonces le hemos llamado “Baguazo”.
Han pasado ocho años.
Desde Santa María de Nieva, capital de la provincia de Condorcanqui en la
región Amazonas tuvimos la oportunidad de conversar con dirigentes indígenas de
las naciones Awajun y Wampis. Lo primero que nos dice el dirigente Rodrigo
Trigoso Paredes, es que “los hechos del 05
de junio, del mal llamado “Baguazo, todos los Awajun pensamos que la discriminación
para ellos es el arma más afectivo contra nosotros” se siente entre los indígenas
Awajun la percepción latente de un Estado ajeno a sus intereses y que desconoce
sus costumbres y su derecho ancestral a decidir sobre sus territorios.
Elías Mayan es
también un dirigente Awajun y recuerda “el Estado no nos hizo caso, no nos
quiso considerar como pueblos indígenas, no ha habido entendimiento, nos han
puesto policías y nos atacaron”. Con el paso de los años siente que hay avances
pero no todos los que se necesitan para el país y los pueblos indígenas “después
de esto el Gobierno de Ollanta decretó la Ley de Consulta Previa, algo de luz
verde nos dio de que nosotros sí existimos, pero falta mucho, nuestra
autodeterminación como pueblos indígenas que nosotros podemos tener nuestro
modelo de desarrollo pensando en nuestras futuras generaciones, no quiere decir
que nos vayamos contra el Estado sino que somos parte del Estado”. Entre los
pueblos indígenas se escucha cada vez más la necesidad de caminar hacia el
gobierno de sus territorios amparados en su derecho como pueblos originarios
anteriores a la formación misma de la República.
En representación de
la organización regional de ORPIAN, Ananías Shawit Kasan, refiere que “durante ocho años pensábamos que el Estado peruano se
tenía que ver normas que favorecen a los pueblos indígenas, pero nunca se ha
cambiado, entonces nosotros pensamos que el Estado peruano hacia el pueblo no
tiene consideración, el Estado peruano no está reconociendo normas
internacionales que nos favorecen”.
Por otro lado, durante estos ocho años, más de 50 ciudadanos indígenas han tenido que afrontar un proceso judicial acusados tener responsabilidad penal en los hechos de la curva del diablo. Finalmente, en una sentencia histórica el pasado mes de setiembre del 2016, los 53 indígenas fueron absueltos. Por primera vez en el Perú se incluyó en un proceso judicial enfoques como el intercultural. Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal y defensor de algunos de los indígenas procesados, refiere que esta sentencia es histórica porque antepone un derecho ancestral y que hay un reconocimiento del Poder judicial de que las tierras le pertenecen a las comunidades indígenas ancestralmente, reconoce el derecho a la protesta, en tanto sea pacífica, y desarrolla una ponderación entre considerar que por un lado había una violación al derecho constitucional al libre tránsito, pero por otro lado había un reclamo al derecho a la propiedad, a las tierras comunales y el derecho a la vida porque si se ataca su sistema de ecosistemas no hay vida; finalmente la inclusión del peritaje antropológico que considera la cosmovisión de los pueblos indígenas. En este sentido el Dr. Quispe destaca que hay un cambio en la mentalidad de los jueces en entender que un proceso de este tipo debe considerar características especiales.
sin embargo los indígenas de los pueblos Awajún y Wampis, pese a este avance en materia judicial, todavía lamentan que el trato no sea igual; pues mientras ellos han tenido que afrontar este largo proceso judicial, la justicia no ha actuado de la misma manera con los responsables políticos de los hechos de violencia ocurridos el 05 de junio, hasta la fecha, ningún Ministro ni autoridad incluidos los congresistas o el propio Presidente de la República de ese entonces, es decir Alan García, ni siquiera han sido procesados. Esta democracia aquí también revela su carácter discriminatorio.
Los retos de la democracia en el Perú
En el Perú nos hace
falta madurar todavía nuestra democracia. A lo largo de nuestra vida
Republicana hemos asumido la idea de democracia desde lo occidental y basados
en el gobierno de quienes ejercieron la administración del país tras el logro
de la independencia, que como sabemos ha sido una administración de criollos. El
poder económico, vinculado al gran capital internacional, durante estos casi
200 años es el verdadero gobierno en el Perú y los actos de gobierno se ejercen
según los intereses del poder económico. La clase política entre tanto, cada
vez menos ejerce la política en beneficio de las mayorías. Acaso en un momento de
nuestra historia la clase política, más culta, con mayor conciencia nacional,
puso en el debate y discutió el gobierno a la clase dirigente. Entonces se
habló del problema del indio. Durante el siglo XX hubo avances en la tarea de
construir un país que incluya su carácter andino. Pero sabemos bien que la
historia no es un progreso lineal y que existen avances y retrocesos. Y el Perú
lucha todavía contra su propia naturaleza de Estado centralista, de pensamiento
occidental y con una visión de desarrollo que reproduce el Estado capitalista
primario y extractivista.
El 05 de junio del
2009 nos enfrentó nuevamente con esa realidad. Por eso desde los pueblos
indígenas hay una resistencia a recordar esta fecha como el Baguazo, para estos
pueblos el gobierno debería decretar esta fecha como el día de la dignidad
indígena, como un reconocimiento a la justicia de su causa en defensa de sus
territorios, propuesta que la congresista María Elena Foronda, presidenta de la
Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del
Congreso de la República se ha comprometido a impulsar.
En una entrevista (que
reproduciremos en su totalidad en una siguiente publicación) con Wrays Perez
Ramirez, quien fuera elegido el pasado 29 de noviembre como presidente del
Gobierno Territorial Autónomo de la nación Wampis, nos comentó sobre los pasos
que vienen dando los pueblos indígenas para lograr que el Estado reconozca su
naturaleza de pueblos originarios con derechos para decidir sobre sus
territorios. En efecto, la constitución de la nación Wampis como gobierno
territorial autónomo es la primera experiencia en nuestro país de esta
naturaleza. “El 2 de mayo presentamos la sustentación técnica y legal como
pueblo y nación Wampis, estamos notificando
que nosotros como Wampis existimos mucho antes, estamos haciendo ejercicio legítimo
de nuestros derechos reconocidos a nivel internacional, no queremos seguir
gritando diciendo que nos reconozcan cuando ya están reconocidos”.
Se abre una nueva
etapa en la perspectiva de buscar el reconocimiento del Perú como un Estado plurinacional
en la dimensión que esto significa para nuestra democracia. Quizá sea el
momento de entrar a un gran debate nacional sobre el tipo de democracia que
queremos construir de cara al bicentenario o seguiremos gobernados por una
clase política que poco entiende de los verdaderos retos que el Perú debe
afrontar. El Perú es más que las puyas entre un ejecutivo vacilante plagado de
lobbies en todos sus niveles, y un congreso dominado por el fujimorismo y sus
cada vez más avezados actos de demostración de poder con las mismas prácticas
que usaron en la nefasta década del 90 que continúa demostrando su naturaleza
antidemocrática.
