Por: Henry Córdova Bran
El 5 de abril de 1992 Alberto Fujimori, elegido presidente
constitucional dos años antes, realizó un golpe de Estado con la finalidad de
cerrar el Congreso, a partir del cual, no solo instauró una de las dictaduras
cívico-militares más duras y corruptas, capturó las instituciones del Estado y
pervirtió la democracia; quizá lo peor de esa dictadura es que, más allá de las
formalidades constitucionales, seguimos conviviendo con ella.
Una constitución hija de la dictadura
De la dictadura nos
queda sobre todo la Constitución que redactó el Congreso Constituyente
Democrático (CCD) -Congreso a la medida de Fujimori- en el año 1993 y que se
elaboró para los fines que la dictadura quería. Se cuestionó durante mucho
tiempo el capítulo económico de esta constitución que le permitió al dictador
Fujimori una política de venta de las empresas y recursos públicos de manera
delincuencial. Citando la excelente investigación que realizó Alfonso Quiroz en
su libro “Historia de la Corrupción en el Perú”, menciona, en el capítulo
dedicado a la década del 90, que “La Carta de 1993 y las leyes ad hoc del
ejecutivo debilitaron aún más el marco
constitucional, la protección de los derechos humanos y las barreras contra la
corrupción. Con la complicidad de ministros y funcionarios allegados,
aproximadamente 250 decretos inconstitucionales entraron en vigor entre el 05
de abril de 1992 y el 20 de noviembre de 2000” (el resaltado es nuestro).
La caída de Fujimori y
Montesinos en el 2000 no significó la caída de esta Constitución. Pese a
esfuerzos iniciales del entonces presidente interino Valentín Paniagua que
formó una comisión para establecer las bases de una reforma Constitucional del
Perú, esta no se pudo dar. Carlos Ramos, del Centro de Estudios
Constitucionales, afirmó en el 2017 que “Varios presidentes anunciaron ese
deseo. Desde Alejandro Toledo, pasando por Alan García y Ollanta Humala. Una
vez que advirtieron que la Constitución del 93 era un instrumento útil para el
presidente de la República -porque fue diseñada en términos
Semipresidencialistas- resultaba una promesa que no se podía cumplir”.
Marco jurídico que promueve la corrupción
En general gran parte
del Marco Jurídico, sobre todo el que abría la puerta para la corrupción, fue
cuestionado al finalizar la dictadura. Hemos dicho en otros artículos que el
regreso a la democracia en el año 2000 no significó un corte radical con las
normas del Estado que había construido la dictadura, y que basta con revisar el
informe de la Comisión que investigó los delitos económicos del fujimorismo
para darse cuenta que poco caso se hizo a sus conclusiones y sus
recomendaciones, que pedía fundamentalmente la revisión integral, por parte del
Congreso de la República, de la legislación y normas reglamentarias referidas
al proceso de privatización. Basta recordar, acudiendo nuevamente al estudio de
Quiroz, que “se ha estimado que el costo medio anual de la corrupción durante
el régimen de Fujimori fue entre 14000 y 20000 millones de dólares” cifras que
evidencian el nivel de corrupción del fujimorismo y que estaba directamente
relacionado con un tejido perverso al interior del propio Estado, del cual no
hemos podido sacudirnos.
En los 18 años
posteriores a la caída de la dictadura ha sido muy recurrente, aunque cada vez
con menos énfasis, la idea de un fujimorismo sin Fujimori, aludiendo a una
lógica del neoliberalismo con un Estado reducido y enormes beneficios a los
grandes negocios. Por eso subsistieron las modalidades de las Alianzas
Público-Privadas, Obras por impuestos y licitaciones negociadas, adendas
incluidas, que han sido en gran medida las formas en las que se promovió la
corrupción durante casi veinte años de democracia. El año 2015 el entonces
contralor Edgar Alarcón afirmaba que el costo de la corrupción en el Perú
ascendía a 12600 millones de soles; sin embargo, Proética calculó que el
impacto total de los efectos anuales de la corrupción llegaba hasta los 36800
millones de soles. Las formas de la dictadura se mantienen al interior del
Estado.
República empresarial y Estado represor
Quiroz no solo analiza
la corrupción al interior del Estado, sino que señala también la alianza entre
el Estado y el sector privado para indicar que durante la dictadura “estos
intereses privados buscaron activamente favores y protecciones especiales, se opusieron
a regulaciones efectivas y formaron parte en redes de corrupción encubiertas
(…) Las reformas neoliberales emprendidas bajo Fujimori no tuvieron como
resultado reglas de mercado claras. Sectores clave de la economía liberalizada
se expusieron a retorcidas autoridades en colusión con intereses privados.
Algunas compañías nacionales y extranjeras aceptaron y ensalzaron estas
circunstancias de juego sucio sin principios”. ¿No explica esto por qué la
CONFIEP no se sonroja cuando, empujado por las declaraciones de Barata, tiene
que aceptar que “juntaron dos milloncitos para hacer campaña en favor del
sistema de mercado” durante la campaña electoral del 2011 y que obviamente
servía para apoyar la campaña de Keiko Fujimori, hija del dictador que tantos beneficios
le entregó al gremio empresarial?
Se explica también, que
esta relación Estado-Empresa nacida en la dictadura sostenga situaciones tan
difíciles de entender como las exoneraciones tributarias de las que gozan
casinos, bancos y seguros, universidades privadas, agroexportadoras, mineras; y
que, según indicó en el 2017 el economista Pedro Francke con datos amparados en
la SUNAT, suman montos de hasta 15493 millones de soles que deja de percibir el
Estado peruano. El sociólogo Francisco Durand ha llamado a esta relación como
la implantación de una República empresarial.
La dictadura no solo
promovió beneficios económicos excesivos para el sector privado, sino que
también promovió que el propio Estado adquiera una naturaleza de enfrentamiento
con sectores sociales que por una u otra razón reclaman o denuncian la
vulneración de sus derechos colectivos. Figuras como la criminalización de la
protesta, los convenios entre el Ministerio del Interior y empresas
extractivas, las declaraciones de Estados de emergencia preventivo, son figuras
que hoy en día vienen siendo denunciadas por organizaciones de Derechos Humanos
por su carácter represor y antidemocrático. Recientemente, el 04 de abril, la organización
derechos humanos sin fronteras denunció que policías y trabajadores de la minera
Glencore agredieron a mujeres campesinas en Espinar que se niegan a vender sus
terrenos para la explotación minera; prácticas que no son nuevas y que nos
recuerdan a las constantes violaciones a la integridad de Máxima Acuña en Cajamarca,
o de comuneros en la marcha en rechazo al proyecto minero Río Blanco el 2005.
Todos estos hechos muestran una peligrosa relación entre la policía y empresas
extractivas que se remontan a decretos supremos dados durante el gobierno de
Fujimori, desde el reglamento de servicios de seguridad privada, y que se han
ido variando, pero manteniendo hasta hoy, que, según datos revelados por el
Instituto de Defensa Legal, existen hasta febrero de este año 146 convenios de
este tipo.
El último 05 de abril
se han cumplido 26 años desde que Fujimori dio un autogolpe de Estado e
implantó su dictadura hasta el año 2000. Hoy Fujimori está libre por un indulto
presidencial a todas luces tramposo e injusto, pero lo peor de todo es que la
naturaleza misma de su dictadura ha sobrevivido dieciocho años después de la
caída de su régimen.
