Por: Henry Córdova Bran
Está
vieja nuestra República. Y quizá nació vieja. Los audios del escándalo del
Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que hemos escuchado como un desfile
de la infamia, no hacen sino demostrar esta vejez. ¿Nos sorprende el nivel de
corrupción? No. Pero nos lleva a preguntarnos ¿Hasta qué nivel de podredumbre
estamos dispuestos a seguir aguantando?
La historia en el Perú no es un
anaquel al que acudimos para sacar las grandes lecciones que necesitamos. La
historia en el Perú es como el cuarto de almacén en el que vamos amontonando
nuestras miserias y nuestros escombros. En un escrito de Manuel Gonzáles Prada
sobre la figura de Nicolás de Piérola, del año 1899, dice “Los criminales
impunes afirman que “en el Perú no existe sanción moral”, fundándose
naturalmente en haber escapado ellos mismos a la cárcel del Código Penal y a
los faroles de las justicias populares”. Los criminales de ahora lo saben
perfectamente y por eso quizá, la corrupción no los sonroja, no le temen a la
judicatura, al sistema de justicia, porque está infestado y la historia de las
oscuridades del sistema de justicia es tan vieja como nuestra República.
Los audios que hemos escuchado
durante los últimos días no sorprenden, solo elevan el nivel de indignación,
solo nos demuestra que en el Perú siempre es posible un peldaño más hacia abajo
en nuestro hondo hueco de país inacabado. Los audios son una anécdota más, un
desfile de nombres, de personas corruptas, de los Hinostroza que reemplazaron a
los Miguel Aljovín, y que seguramente serán reemplazados por nuevos nombres que
jurarán por la decencia hasta el próximo destape.
Nada parece indicarnos que
esta nueva ola de la crisis tenga una solución definitiva. Hemos dicho en otras
ocasiones que lo que tenemos desde hace varias décadas es una crisis
estructural del Estado, no una crisis presidencial cuando surgió el escándalo Kuczynski
que terminó con la renuncia del ex presidente y la juramentación de Vizcarra;
no una crisis del Congreso, infestado por la bravuconería fujimorista, la
mañosería aprista, la piratería de los interesados, el analfabetismo político casi
crónico de muchos, y las voces a medias de las pocas muy pocas excepciones; no
una crisis del poder judicial expresada en el mercadeo al peso de los jueces y
fiscales, en sus sentencias escandalosas en casos de violación y violencia, en
sus retrasos abiertamente sospechosos en casos decisivos contra García o Keiko
Fujimori; que se reproduce también en nuestras provincias como los destapes que
aparecen en nuestra Región de jueces y fiscales y sus nexos oscuros o los
discutibles Honoris Causa que la Universidad Nacional de Piura otorgaba sin
mayor sustento a los magistrados que ahora no hay causa de honor que los
defienda.
En fin, lo que tenemos es una
crisis generalizada del Estado, de su naturaleza misma, de un Estado que tuvo
una composición de naturaleza criolla en los inicios de la República y que solo
sirvió para asegurarle los privilegios a mucha gente que años atrás había
mantenido distancia con la prédica independentista; así nuestro Estado en pleno
siglo XXI parece ser solo funcional para esta república empresarial del gran
negocio. El Estado que tenemos no es funcional para el país al que podríamos
aspirar, no es funcional para emprender un salto en la calidad educativa porque
no invierte adecuadamente lo que debería, no es funcional para asegurar salud
digna porque sucumbe a los intereses de la industria farmacéutica y de la
alimentación chatarra; no es funcional al trabajo digno, porque condena los
derechos laborales a la voracidad del gran capital, no es funcional al
desarrollo sostenible, porque privilegia el saqueo de la materia prima a la
inversión en investigación para diversificar nuestra oferta productiva.
Necesitamos un nuevo Estado para una nueva República.
Las
recetas que no convencen
Frente al escándalo de los
audios, el presidente Vizcarra anunció la conformación de un equipo de expertos
para una comisión que en 12 días elaboraría una propuesta de reforma del
sistema de justicia que presentará el 28 de julio; además, convocó al Congreso
de la República para una sesión extraordinaria para debatir la remoción de
todos los miembros del CNM. Paralelamente, el presidente del Congreso, Luis
Galarreta, anunció que el Congreso, como primer poder del Estado, realizará la
reforma del sistema judicial nacional.
Ni las recetas del presidente
Vizcarra, ni las respuestas del señor Galarreta dan cabida a la confianza.
¿Realmente piensa el presidente que en 12 días una comisión va a producir una
reforma al poder judicial? ¿Realmente quiere hacernos creer el señor Galarreta
que este Congreso de la República está en la capacidad política y moral de
conducir por su lado una reforma en la siguiente legislatura? ¿No se da cuenta
el presidente del poco respeto que le tiene el parlamento cuando el señor
Galarreta minimiza sus iniciativas y al instante le dice que serán ellos quienes
harán la reforma, o cuando un cada vez más irreconocible Víctor Andrés García
Belaúnde le increpa abiertamente sus formalidades y lo llama ignorante?
Tenía razón Gonzáles Prada
cuando afirmaba que “Lo nuevo se construye con lo nuevo; y el gobernante que
para modificar a un pueblo se vale de instituciones añejas y leyes retrógradas
se parece al arquitecto que se vanagloria de levantar una casa nueva cuando
toma un viejo caserón y le remienda con adobes mochados, maderas apolilladas y
hierros enmohecidos. Los individuos y las naciones no edifican algo bueno y
estable sin fundarlo en la verdad y la justicia”. Debe darse cuenta el
presidente que nada puede reformarse desde el propio ejecutivo, ni mucho menos
desde las bajezas morales y éticas en las que está sumergido el Congreso de la
República, y cuyos congresistas son en gran medida parte del problema. El Perú
necesita un nuevo pacto social, una nueva constitución a la altura de su
historia y funcional a las necesidades antes expuestas.
Las respuestas no saldrán de
las voluntades del presidente ni del Congreso de la República. No deberíamos
permitir que los criminales sigan pensando que en el Perú no existe sanción
moral. La vejez de la República necesita de la juventud de su gente, de su
reserva moral. Son necesarias la firmeza de una ciudadanía movilizada, hay que
respaldar a los pequeños espacios del periodismo que viene investigando estos
casos, son necesarias las juventudes, que no solo recuperen la capacidad de
indignación, sino que sientan vocación por el Perú, y eso significa redescubrir
su historia y tomar en sus manos su presente.
