Por:
Henry Córdova Bran
La semana se inició el
domingo 16 con el mensaje a la nación del presidente Martín Vizcarra en el que
planteó la cuestión de confianza al Congreso de la República por la demora en
la aprobación de los cuatro proyectos de Ley que contemplan la reforma judicial
y política. Durante la semana, no sin falta de revuelos desde el Ejecutivo y
del Legislativo, El Congreso aprobó la cuestión de Confianza, sin embargo, la
cuestión es ¿Confianza en qué?
La
crisis a nivel nacional se expresa desde el escándalo y no desde el
planteamiento serio de los problemas que enfrenta el país. Sin los audios del
Consejo Nacional de la Magistratura y el escándalo mediático que produjo, no
serían hoy posibles los planteamientos de la reforma del sistema de Justicia.
¿No sabía el gobierno acaso de la podredumbre de la justicia peruana? ¿no se
sabía en el Congreso de la influencia política en la designación y en las
decisiones de los jueces y magistrados? ¿no llevan años encarpetados más de un
proyecto de ley que planteaba estas reformas?
Por
esa razón es que la población debe saber que si bien es cierto las reformas
planteadas por el presidente Vizcarra son necesarias, constituyen solo un
parche para tapar el escándalo que indigna y moviliza a la ciudadanía. La gran
reforma que necesita el Estado y que necesita nuestra población, ni siquiera
está planteada, nos referimos a la refundación misma del Estado a través de un
llamado a una Asamblea Constituyente, el planteamiento de una nueva
Constitución que genere un nuevo pacto político por el país y que apunte directamente
a resolver la arquitectura de nuestro modelo económico, la revisión del sistema
educativo y de salud, y el impulso de la diversidad productiva con un enfoque
de desarrollo sostenible.
Una pugna de poderes
Este
es un período de expresión continua de la crisis política del país, de la
crisis moral de nuestra clase política, de la crisis que infecta a nuestras
instituciones, de las cuales no nos hemos desprendido en estos 18 años
posteriores a la caída de la dictadura. Este gobierno, particularmente, nació
con una debilidad evidente, no solo por la fuerza parlamentaria del partido de
Keiko Fujimori que ha mostrado su carácter autoritario en más de una ocasión,
sino por la debilidad misma del presidente Kuczynski, lo que le costó más de
una derrota casi con complacencia sumisa. Pero la debilidad más grande de PPK
no era su inmovilismo político, sino su evidente relación con el poder
económico y su rol de lobista siempre que fue funcionario público. Las
denuncias de corrupción le dieron pie al fujimorismo para buscar su cabeza y
precipitar su caída.
Con
la llegada de Martín Vizcarra a la presidencia y su intención de llevar el
timón del gobierno hasta el 2021 se abrió un nuevo capítulo. Quizá pensó el
fujimorismo que Vizcarra encarnaría la debilidad de PPK y así parecía ser
durante los primeros días, sobre todo por el carácter contemplativo que el
Premier César Villanueva mostraba con el fujimorismo. Pero es evidente que
Martín Vizcarra entiende mejor el juego político de lo que lo hacía su
antecesor. Sabe leer mejor el ánimo de la ciudadanía y ha entendido que al
poder que le presenta el Congreso dominado por el fujimorismo no le cabe la
complacencia sino la firmeza de la investidura presidencial. El escándalo de
los audios del CNM y la evidente vinculación que la señora K y parlamentarios
fujimoristas tienen en este caso, le dieron la ocasión al presidente para pasar
a la ofensiva y así lo hizo en el Mensaje a la Nación del 28 de julio. Ahí
empezó una pugna declarada entre el Ejecutivo y el Legislativo.
La cuestión es ¿Confianza
en qué?
Después
de 40 días de presentados los proyectos de Ley planteados por el presidente
Vizcarra el 28 de julio, durante los cuales el Congreso de la República dio
claros signos de querer demorar la discusión de las reformas, el gobierno planteó
la cuestión de confianza y creyó que de esta manera arrinconaba al Congreso de
la República.
Se
ha equivocado el presidente. Lo que para muchos era, el miércoles, un día D
para el país, se convirtió en un capítulo más de mecida política y juego de
poderes que dio como resultado una inservible aprobación de la cuestión de
confianza sin compromisos claros desde el parlamento en torno a lo que exigía
el gobierno y una aceptación contemplativa del presidente del resultado de
aquella jornada. Y es que el dictamen final de la cuestión de confianza
aprobada por el Congreso no establece nada claro respecto de las reformas en
cuestión, el Congreso le da la confianza al ejecutivo en torno a los ejes I y
II de la política de gobierno sin especificar ni los 4 proyectos de Ley sobre
las reformas, ni sobre el referéndum. En suma, el Congreso devolvió el golpe y
le ha dicho al gobierno “te aprobamos tu gestión, pero las reformas las hará el
parlamento”
Esto
ha sido posible porque en el fondo no existe una firmeza desde el ejecutivo
para promover una verdadera reforma del Estado y lo mostrado en las últimas
semanas es el mismo enfrentamiento de poderes con el que nació este gobierno,
pero con un Vizcarra más político. No debemos perder de vista que de fondo está
la preocupación de más de un líder político representado en el Congreso (Keiko,
García, PPK) por sus vínculos con la corrupción por las que tienen
investigaciones abiertas y preocupaciones del mismo presidente Vizcarra por
temas como el del caso Chinchero que aún perturba su tranquilidad.
De
allí que se hace necesaria la comprensión de la naturaleza estructural de la
crisis por la que atravesamos, porque las crisis no son aisladas, no son crisis
de sectores, responden a una estructura que se dirige desde los grandes grupos
de poder económico y se materializa desde el Estado en su conjunto, que por
algo ha sido catalogado por economistas como Francisco Durand, como una
República Empresarial, es decir una República favorable a la gran empresa antes
que a las personas que viven y trabajan en nuestro país.
Por
eso mientras se debaten las reformas en cuestión por otro lado se plantean
leyes como la eliminación de la negociación colectiva para los trabajadores del
sector público, que pone en riesgo los derechos de miles de trabajadores y
trabajadoras en todo el país, o la nueva Ley de Hidrocarburos que busca
priorizar la inversión y nuevas concesiones reduciendo los rigores ambientales
y los derechos de poblaciones indígenas, así como las posibilidades de recaudación
del propio Estado.
Así
las cosas, ni el Legislativo, ni el Ejecutivo ofrecen suficientes signos de
confianza para las demandas de cambio que la ciudadanía exige.
