LOS CONVENIOS ENTRE LA POLICÍA Y LAS EMPRESAS DE INDUSTRIAS EXTRACTIVAS

Por: Henry Córdova Bran

Acaba de publicarse y presentarse el informe “Convenios entre la Policía Nacional y las empresas extractivas en el Perú”, elaborado por EarthRight International (ERI), el Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH); en este informe se analiza la naturaleza de estos convenios, sus efectos en el uso y abuso de la fuerza pública sobre los derechos humanos, especialmente de las poblaciones cercanas a los proyectos extractivos; además se denuncia su inconstitucionalidad frente al Estado y su inconvencionalidad frente al derecho internacional.

Entre el 22 y el 27 de mayo del 2017 se celebró en Buenos Aires el 162 Período Extraordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Durante la sesión, las tres instituciones mencionadas de manera conjunta con la Plataforma Interinstucional de Celendín – Cajamarca, “manifestaron su preocupación por lo que consideran la grave situación de los derechos humanos en dicho país como consecuencia de la implementación de una política extractivista que habría dado lugar a violaciones de derechos humanos y a la concesión de gran parte del territorio nacional.” Según se lee en el informe de la CIDH. Asimismo, menciona que “se informó de lo (que) consideran como privatización de la fuerza pública, indicando que se han formalizado una serie de convenios entre las empresas privadas y la policía nacional en las dos últimas décadas.”

A partir de allí se inició el trabajo de elaboración de un informe que analice estos convenios entre la Policía Nacional del Perú y muchas de las empresas extractivas, mineras, de hidrocarburos, gasíferas, entre otras, que existen en nuestro país. Como resultado, el informe señala que entre 1995 y el 2018 se ha identificado la existencia de 138 convenios de prestación de servicios extraordinarios celebrados entre la Policía Nacional del Perú y las empresas extractivas.

Según se lee en el informe publicado esta semana, la firma de estos convenios fueron posibles gracias a la existencia de un marco legal que desde hace 20 años “faculta a la PNP pactar acuerdos con empresas privadas con el fin que efectivos policiales presten sus servicios como agentes de seguridad privada en las instalaciones y áreas de influencia de los proyectos extractivos, a cambio de una contraprestación económica.” Este marco legal se establece desde el Decreto Supremo 005 del Ministerio del Interior del año 1994 y se institucionaliza en el 2002 con la Ley Orgánica de la Policía Nacional del Perú Ley Nº 27238; el 2006, se afianza con la Ley del Régimen del Personal de la Policía Nacional del Perú, Ley Nº 28857 “que permitió en forma explícita la prestación de servicios extraordinarios complementarios, individuales e institucionales por efectivos policiales en servicio, de franco o vacaciones”.

Convenios bajo la lupa

Volviendo al informe de la CIDH de junio del 2017, se menciona que, ante la demanda sobre los convenios entre la PNP y las empresas extractivas, el Estado Peruano manifestó su posición: “En cuanto a los convenios con las fuerzas policiales, el Estado indicó que en la actualidad sólo uno se encuentra vigente, cuyo término vence en agosto de 2017. Sostiene que nunca se ha presentado una acción de inconstitucionalidad en contra de la normativa que autoriza la celebración de convenios”.

Sin embargo, después de junio del 2017, según el informe sobre los convenios entre la policía y las empresas extractivas, entre el 01 de octubre de ese año y el 3 de julio del 2018, se han suscrito 29 convenios entre la PNP y diferentes empresas extractivas, los cuales están vigentes hasta la fecha. Además, lo que no dijo el Estado y que el informe de los convenios refiere, es que, pese a que por lo general los convenios tienen un promedio de dos años de duración, éstos se renuevan casi inmediatamente, en ocasiones, sin mediar documento de por medio. Es importante resaltar que entre estos 29 convenios que están vigentes se registran algunos en Piura: el convenio entre la Corporación Nacional de Petróleos de China CNPC Perú S.A. que el 2014 compró los activos de Petrobras en el Perú y que se dedica al rubro de hidrocarburos y gas natural, suscribió el convenio con la PNP el 1 de octubre del 2017; de la misma manera, Savia Perú S.A también dedicada al rubro de hidrocarburos y gas natural, suscribió el acuerdo con la PNP el 4 de diciembre del 2017; 14 días más tarde, es decir el 18 de diciembre del 2017, la empresa Sapet Development Perú INC, del rubro de hidrocarburos, firmaría un convenio similar con la PNP. Hay además dos convenios firmados con PetroPerú uno del 19 de enero del 2018 y otro el 30 de marzo del 2018 que involucra a las regiones de Loreto, Amazonas, Cajamarca, Lambayeque y Piura.

Sobre los convenios, el informe menciona que es cuestionable que la policía desvirtúe su función de mantener el orden público en una situación de conflicto y pierda imparcialidad al recibir una contraprestación económica de una de las partes del conflicto, en este caso, la empresa. Así, se ha verificado que desde el 2010 hasta el 2018, la PNP ha recibido por estos convenios más de 45 millones de soles, y que además en muchas ocasiones se establece que los policías que prestan este servicio deben usar su uniforme oficial y en muchos casos incluso su armamento reglamentario.

Algunos policías consultados para la presente nota que pidieron la reserva del caso, mencionan que no todos en la institución ven con buenos ojos estos convenios. Mencionan, además, que por lo general son efectivos de divisiones especiales como la DIROES (Dirección de Operaciones Especiales)  los que son enviados a estas “misiones” cuando son solicitados, incluso no solo cuando están de vacaciones, sino cuando están en servicio “estos patas no caminan con arma corta, van con arma larga porque aducen que van a zona de conflicto, pero sin embargo, están recibiendo dinero del Estado, más dinero de la empresa y más sus viáticos, mira por ejemplo el caso de la señora de Cajamarca, la luchadora social (se refiere al caso de Máxima Acuña) cuántas veces son estos propios efectivos que les paga la empresa los que la violentan” refiere uno de los policías. El malestar también va por el lado de las divisiones internas que se genera al interior de la institución, entre los policías “de comisaría” y los de las “divisiones especiales”.

Sobre los convenios vigentes, el informe establece que casi todos tienen un mismo estándar. En su análisis, el informe concluye que “los convenios deslegitiman la función policial. Las razones son múltiples, pues para empezar representan la privatización de la función policial, que se ve desnaturalizada y orientada a la protección de intereses corporativos en vez de los de la colectividad”.

Asimismo, concluye que estos convenios son inconstitucionales “La conducta discrecional de la PNP, que se arroga la capacidad de comercializar sus servicios, es arbitraria y, por tanto, inconstitucional a la luz del ordenamiento jurídico”  y agrega que “se devela una violación del derecho a la igualdad y no discriminación, que afecta principalmente a las personas que viven en las zonas de influencia directa e indirecta de los proyectos extractivos, y, de manera particularmente grave, a los pueblos indígenas y los defensores y defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente” razón por la que estos convenios incumplirían el marco del derecho internacional al que está suscrito el Perú.

La publicación de este informe debe llamar a un debate sobre la pertinencia, legalidad y legitimidad de estos convenios en un país en el que, según la Defensoría del Pueblo, existen 199 conflictos sociales, de los cuales, el 80% son de naturaleza socioambiental.

Un andamiaje para la criminalización de la protesta

En un corto diálogo que tuvimos con el Dr. Juan Carlos Ruíz Molleda del Instituto de Defensa Legal y uno de los autores de este informe, nos refirió algunas situaciones que se desprenden de lo que se conoce a partir de esta investigación.

“Venimos haciéndole seguimiento al tema porque es una de las patas de este andamiaje institucional que permite la criminalización de las protestas” comienza diciendo el Dr. Ruíz para situar el tema en el fondo del asunto, señalando que los convenios y la participación de la policía a cambio de una prestación económica predispone a los efectivos a actuar contra los líderes sociales y a la población que en una situación de conflicto reclaman frente a lo que consideran abusos de parte de estas empresas.

Además, menciona que si bien es cierto que hasta el momento no existe un pedido de inconstitucionalidad se viene trabajando en ello, aunque no es un proceso fácil; sin embargo, “Independientemente que nosotros lo pidamos las normas que el estado promulga deben respetar el ordenamiento jurídico, ese es el tema. Un convenio como estos es inconstitucional y no por retórica, la Constitución reparte competencias, un juez no puede detener, eso le corresponde a la policía; asimismo, no le corresponde a la policía cuidar una empresa minera de manera específica” dice el abogado de IDL. A pesar de que aún no hay un pedido de inconstitucionalidad, sí existe una demanda de amparo contra el convenio Glencore-policía, demanda que ya está en el Tribunal Constitucional a la espera de sentencia y que de ser favorable conseguiría que se inaplique esa norma y se deshaga el convenio.

Finalmente Ruíz Molleda alertó que los convenios generan también problemas al interior de la Institución de la PNP “el tema de fondo es que privatizas el orden interno, generas desconfianza porque el Estado debe ser imparcial, el daño es tremendo, socavas la legitimidad de la policía, se presta a corrupción espantosa, incluso se sabe que hay policías que le dan los primeros ingresos a los generales, todo se convierte en un círculo perverso”.

Se puede ingresar al informe completo en el siguiente enlace:

https://earthrights.org/wp-content/uploads/Informe-Convenios-entre-PNP-y-empresas-extractivas.pdf?fbclid=IwAR1CV8lTeM9HB2S9mYmuGm2nrhhtV52_6QbA3EkGRy16APdC2eDWybfYhmE