Por Henry Córdova Bran
Pedro Pablo Kuczynski se salvó de la vacancia el 21 de
diciembre y tres días después indultó al ex dictador Alberto Fujimori desatando
una nueva fase de una crisis política que hemos dicho que no es de ahora y que
parece llevar a su pico a la verdadera crisis: el sostenimiento de una
República empresarial antidemocrática a la que debemos poner punto final.
Pedro Pablo Kuczynski no
ha liberado a un reo, culpable de delitos de lesa humanidad, culpable de
delitos de corrupción (a casi dos mil millones de dólares anuales calcula
Alfonso Quiroz el costo de la corrupción durante la dictadura) culpable de
desviar fondos de las Fuerzas Armadas para comprar editoriales de diarios,
culpable de secuestros y de darle ilegalmente 15 mil millones de dólares a
Vladimiro Montesinos. No, Kuczynski no ha liberado a un reo, él mismo se ha
convertido en un reo de su propia conciencia.
Y es que para salvar la
vacancia el presidente decidió pactar el indulto del Ex dictador Alberto
Fujimori, el cual, como ha trascendido en los últimos días, se aprobó en un
proceso rápido e irregular. Con este acto Kuczynski ha derechizado aún más su
gobierno, sobre todo luego que varios de sus colaboradores en el ejecutivo, en
el legislativo e incluso en los medios de prensa estatales renunciaran.
Lo que Kuczynski ha
hecho es terminar de mostrar su filiación hacia el fujimorismo, reduciendo los
crímenes de Fujimori a “excesos” y “errores graves”, para pedir una
reconciliación nacional en base a un discutido indulto humanitario. Pero además
Kuczynski abre un nuevo episodio de la crisis política del país.
El botón rojo que presionó el presidente
El gobierno de Pedro
Pablo Kuczynski ha sido una constante crisis política producto de una sensación
de desgobierno o de gobierno paralelo que enfrentaba al Ejecutivo con el Legislativo
controlado por la bancada de Fuerza Popular manejada por Keiko Fujimori. No los
enfrentaba dos posiciones ideológicas sobre como debería conducirse el país en
materia económica, social, política o simpatías en materia de política
internacional; en todo ello fujimoristas y el presidente tienen coincidencias
casi absolutas. Los enfrentaban revanchas electorales, ambiciones de poder
absoluto, mezquindades propias del parlamento que tenemos. Y en ese
enfrentamiento el presidente se mostró endeble, claudicó a su investidura para
gobernar y le cedió a Fuerza Popular las victorias celebradas por el grupo
Mototaxi, el grupo cerrado del entorno más cercano de Keiko Fujimori, a quien,
como hizo notar un audio trascendido de una de sus parlamentarias, poco le
importaban los proyectos que beneficiaban a miles de peruanos durante este
gobierno, cuando la consigna era promover una continua desestabilización.
En medio de esas puyas
rondó siempre el asunto del indulto. El presidente sabía que ese asunto era una
carta que podía usar en el momento más necesario. El asunto del indulto y la
liberación del Ex dictador se convirtió también en un tema que partía las
prioridades al interior de la misma bancada de Fuerza Popular. La figura de
Kenji Fujimori creció en torno a este asunto. Se empezó a decir que con Kenji
había otro fujimorismo, pero ¿en qué son distintos Keiko y Kenji? Ambos
apoyaron y respaldaron el gobierno dictatorial de su padre, ambos tienen serios
cuestionamientos de corrupción y vínculos con negocios fuera de la ley, ambos
ven la política como la aprendieron del gobierno de su padre. La diferencia
entre ambos es el oportunismo de un Alberto Fujimori en libertad, más deseable
para Kenji que para Keiko.
El momento de activar
este asunto llegó en la coyuntura del pedido de vacancia presidencial del
pasado 21 de diciembre. Kenji consiguió salvar al presidente convenciendo a
parlamentarios de Fuerza Popular de abstenerse y evitar la vacancia. Kuczynski
sabía que una decisión como esta polarizaría el país entre los millones de
peruanos y peruanas que respaldan al ex dictador y los millones que han demostrado
que el antifujimorismo es una fuerza ciudadana con capacidad de movilización
que fue determinante en las dos últimas elecciones. El presidente ha apelado a
una reconciliación nacional, pero lo que ha hecho es presionar un botón que
puede ser de no retorno. El resultado ha sido el llamado a una movilización
permanente de rechazo al indulto y condena de la legitimidad del gobierno de
PPK.
Una República con crisis continuas
Hemos dicho que la
crisis política y de la democracia en el país no son de ahora. Alberto Adrianzén
ha vuelto a mencionar en un artículo en el Diario La República el concepto de
República Empresarial que se fundó en 1992 con el inicio de la dictadura de
Fujimori y que construyó, a partir de la Constitución de 1993, una arquitectura
jurídica que le abrió las puertas a la política neoliberal y con ella a un
Estado permisivo frente a las ambiciones del gran capital y que son el origen,
no solo de la gran corrupción del caso de Odebrecht, sino de todos los
negociados como los beneficios tributarios que dejan al Estado sin millonarias
sumas que no pagan empresas grandes de diferentes rubros en el país.
Adrianzén ha mencionado
con razón que “si la democracia está en crisis es porque subsiste la República
Empresarial”. Eso significa que no basta con cuestionar la legitimidad de un
indulto que nos avergüenza como país frente a los deudos y deudas de la
dictadura y frente a la justicia internacional; es necesario discutir la
continuidad de esta República que tenemos que demandaría una gran movilización
nacional por un nuevo pacto por el Perú, la necesidad de una nueva Constitución
que sepulte el legado nefasto y criminal de la dictadura.
Los siguientes días
serán difíciles para el país. Las movilizaciones en diferentes ciudades tendrán
en el indulto su principal motivación. Pero acaso sea necesario en esta
coyuntura que nos vuelve a poner en cuestión la discusión del Perú que
queremos, discutir los orígenes de una crisis continuada que inició con la
caída de la dictadura y que continuó porque nuestra clase política no tuvo la
altura para romper con la institucionalidad de esa dictadura pese que la
comisión que investigó los delitos económicos de la dictadura recomendó
directamente la revisión de la estructura jurídica que favoreció la gran corrupción.
La pregunta seguirá
siendo si estaremos a la altura como país desde la clase política y desde la
organización social de construir una República distinta a esta que tenemos.
