Por Henry Córdova Bran
Durante
la última semana, la Amazonía ha ocupado un lugar de atención en el Perú y en
otras latitudes. Mientras que en Iquitos el Presidente Kuczynski se reunía con
alcaldes provinciales y distritales de las regiones amazónicas; en Tarapoto,
delegaciones de pueblos indígenas de los 9 países que conforman la Panamazonía
se reunieron en el VIII FOSPA 2017. Nos preguntamos si existe un consenso sobre
la Agenda para la Amazonía.
En el Perú se registra que
viven aproximadamente 350 mil indígenas amazónicos. La Amazonía ocupa alrededor
del 62% del total del territorio peruano. En este territorio habitan 64 tribus
y sub tribus de seres humanos, nativos y aborígenes. Con 7000 Km de extensión
representa el 46% de todas las aguas de los ríos del planeta y se afirma que la
cuenca amazónica tiene entre el 15% y 20% de agua dulce no contaminada del planeta.
Por todas estas razones,
estudiosos de la Amazonía como Róger Rumrrill han afirmado que “hoy en día la
Amazonía es el espacio estratégico más importante del mundo, tanto geopolítico
como hidropolítico. Por esta y otras razones, está en la mira y en el centro de
los intereses de las multinacionales que controlan la economía y la política
global en el siglo XXI”.
Pese a ello, la Amazonía no
parece estar en el centro de atención del Perú. Apenas si la gran prensa
informa de los derrames de petróleo cuando estos se convierten en un desastre
ecológico y de salud pública. El Perú, así como con el mundo andino, vive de
espaldas generalmente al mundo amazónico.
¿Una
agenda oficial y una agenda social?
Sin embargo, los últimos
días de abril dos reuniones coincidieron en la Amazonía peruana aunque en
espacios y con participantes distintos. El 28 de abril el presidente Pedro
Pablo Kuczynski llegó a Iquitos para reunirse con 200 alcaldes provinciales y
distritales de las regiones amazónicas de Loreto, Amazonas, Madre de Dios, San Martin
y Ucayali; en lo que se denominó el Primer Encuentro de alcaldes de la Amazonía
Muni-Ejecutivo.
El mismo 28 de abril, en la
ciudad de Tarapoto, se daba inicio oficialmente al VIII Foro Social
Panamazónico FOSPA 2017, que reunió alrededor de 1500 líderes amazónicos de los
9 países que conforman la cuenca de la Amazonía (Bolivia, Perú, Colombia,
Ecuador, Brasil, Surinam, las dos Guyanas y Venezuela) entre otros
representantes de organizaciones sociales de América y otras partes del mundo.
En esta reunión con las
autoridades y funcionarios municipales, Kuczynski les dijo a los alcaldes que "Los voy a ayudar a gestionar
proyectos de agua, electrificación, pavimentación y recojo de basura, pero pido
que se comprometan a recaudar más arbitrios e IGV". En general se habló de
promover una mayor conexión con el resto del país, la construcción y
mejoramiento de puertos fluviales, la generación de energía y el control de la
minería ilegal.
Pero el gobierno parece creer que los problemas de la Amazonía se
reducen a las brechas de infraestructura, sobre todo en un Estado cuyos
recursos no los distribuye de forma equitativa. Roger Rumrrill se ha referido
también a esta mala distribución presupuestal “por ejemplo, en Loreto, del
Canon petrolero, que es de 400 millones, el 70% se queda en Iquitos, el 25% en
Yurimaguas y solamente el 2% se invierte en las comunidades indígenas de dónde
sale el petróleo” y que son además quienes sufren directamente los impactos de los
derrames de petróleo.
En el VIII Foro Social Panamazónico, los dirigentes indígenas en su
mayoría debatieron temas en torno a 9 mesas temáticas en los que se hablaba
sobre cambio climático, soberanía alimentaria, educación comunitaria,
extractivismo, mujeres y jóvenes en la Amazonía. Producto de estos debates
realizados entre el 28 de abril y el 1 de mayo, se redactó la Carta de
Tarapoto, que establece entre muchos puntos “exigir el reconocimiento de los
derechos colectivos de los territorios comunales y territorios integrales” y “exigir
un Ordenamiento Territorial que se base en el respeto de nuestra cosmovisión,
las fuentes de agua y formas de entender nuestro territorio”. Temas que al parecer
al gobierno de PPK ni a la mayoría del Congreso de la República interesan de
manera prioritaria.
En la Amazonía han pasado cosas durante décadas que en el Perú no hemos
sido capaces de ver en toda su magnitud. Las estacionales épocas de bonanza
económica producidas por el caucho, la coca y el oro -en ese orden- han
generado largos periodos de colonización, esclavitud y explotación de los
indígenas, epidemias y enfermedades antes no conocidas en estos territorios, y
la progresiva destrucción del bosque. Según el estudio de la Articulación
Regional Amazónica “El futuro climático de la Amazonía”, advertía ya que “la
deforestación por extracción total bordea actualmente el 20% del bosque
original de la Amazonía brasileña, y el 15% de la Amazonía peruana. Y que la
degradación forestal, habría perturbado al resto del bosque aún existente”.
La Amazonía requiere de una agenda que apunte a convertirla en lo que se
ha venido a llamar la renta estratégica del siglo XXI, dando valor al inmenso
potencial natural-biológico y reserva de recursos importantes que pueden
asegurar la sostenibilidad para el planeta; así como el conocimiento de los
pueblos indígenas, dueños de saberes y cosmovisiones fundamentales que bien
usados por la ciencia darían el salto en el tercer milenio. Lamentablemente el
Estado parece estar en la sintonía de las políticas extractivistas que
acompañan con políticas represivas y de criminalización de las luchas sociales;
mientras que en los territorios amazónicos la sintonía parece ir hacia la búsqueda
de lo que las naciones Awajun y Wampis han denominado como Tajimat
pujut/Tarimat pujut, es decir el buen vivir con el bosque, el Estado y otras
culturas.
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