El Perú después de Fujimori LA PANDILLA Y LAS PREGUNTAS POR RESPONDER

Por Henry Córdova Bran

Quienes contamos más de 30 años, nos miramos en el espejo de finales de los 90 y en las luchas por despercudirnos de la infame dictadura corrupta de Fujimori y los sueños por renovar el Perú. Frente a ese espejo nos preguntamos ¿nos merecíamos esta pandilla de presidentes de los últimos 17 años?

El primer cuestionamiento es el haber mantenido y afianzado el marco jurídico que la dictadura edificó para sus propósitos, la constitución del 93, que entre otras cosas favoreció la inversión privada mientras le restaba capacidad de control al Estado y a sus instituciones, tal como lo menciona el informe de la Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros (CIDEF) del gobierno de Fujimori que presidió Javier Diez Canseco. Según Alfonso Quiroz en su bien documentado libro de La Historia de la Corrupción en el Perú calcula que durante toda la década fujimorista se perdieron anualmente $2.038 millones por la corrupción de funcionarios.

El Informe de la CIDEF demostró los vicios de corrupción cometidos durante los 90 y los excesivos beneficios que las grandes empresas obtuvieron en los procesos de privatización de las empresas estatales. En el 2002, año en que se presentó este informe, la comisión presidida por Diez Canseco, tuvo como primera recomendación la “Revisión en forma integral por parte del Congreso Nacional a través de sus Comisiones Ordinarias, de la Legislación y Normas reglamentarias vigentes referidas a la privatización de empresas públicas en sus diversas modalidades según el Dec. Leg. 674.

Sin embargo, la principal recomendación del informe que develó la modalidad de corrupción de los delitos económicos del fujimorismo se pasó por alto. Desde el gobierno de Toledo no solo no se revisó este marco jurídico, sino que se afianzó una serie de normas favorables a los grandes negociados  que ahora vemos centrados en las empresas brasileñas, especialmente en Odebrecht. Pero no es la única que se ha beneficiado con la benevolencia del Estado Peruano, si empezáramos a raspar la herida quizá la pus salte también con otras empresas transnacionales de diferentes banderas.

Las preguntas para la pandilla

Es el propio ex presidente Alan García quien ha llamado pandilla a los ex presidentes Toledo y Humala y ha pedido no ser mezclado en ese saco. Sin embargo, las malas prácticas de las modalidades de adjudicación de obras y firmas de contratos puestas en evidencia a raíz del escándalo de Odebrecht alcanzan a los tres últimos gobiernos, y alcanza al actual presidente por su participación principal en el gobierno de Toledo como Ministro de Economía, presidente del Directorio de Pro Inversión y Presidente del Consejo de Ministros.

Una de estas modalidades son las Asociaciones Público Privadas (APP) que ahora han sido puestas a debate por economistas como Humberto Campodónico y Germán Alarco. ¿A cambio de qué los gobernantes de turno y sus Ministros, de Economía principalmente,  dieron Decretos Legislativos ampliamente favorables a las empresas privadas y, como ha dicho el Juez Richard Concepción Carhuancho, con nombre propio?

Si bien es cierto, las acusaciones de Jorge Barata, ex directivo de Odebrecht, han disparado en primer lugar contra Alejandro Toledo, a quien afirma que le entregó 20 millones de dólares usando como testaferro a su amigo Maiman, y ahora también ha referido que se entregó 3 millones de dólares para la campaña de Humala, el gobierno de García también se ha visto comprometido por los recientes cables de la embajada brasileña que publicó el pasado viernes 17 de febrero el semanario Hildebrandt en sus 13, en los que se da cuenta de la petición de Jorge del Castillo y Verónica Zavala, en ese entonces Premier y ministra de Transportes de García, para que las empresas brasileñas participen del proceso de licitación de los tramos 1 y 5 de la Interoceánica Sur.

La suerte de Toledo parece estar echada y solo sería cuestión de tiempo su captura y extradición. Humala ha tratado de defenderse de las acusaciones, pero las recientes declaraciones de Jorge Barata del jueves 23 podrían traerle más de un problema. García, de regreso en Madrid, hace lo posible para que la atención del escándalo se centre en los dos ex presidentes mencionados y para ello aún cuenta con sus amigos del Poder Judicial y de los medios de la Gran Concentración. Pero el Ex presidente García debería responder también por qué sus amigos empresarios con quienes su gobierno tuvo contratos lo invitan tan generosamente a brindar conferencias internacionales por las cuales cobra montos de hasta 100 mil dólares, como la del 25 se mayo del 2012 para la Federación de Industriales de Sao Paulo de la cual Marcelo Odebrecht era Vicepresidente de una de sus dependencias, como lo reveló también el semanario de Hildebrandt del 10 de febrero.

Pero la pandilla no está completa con nuestros

ex presidentes. El Actual Presidente de la República nos debe explicar por qué omitió las observaciones que la Contraloría General de la República hizo al proceso de licitación de la Interoceánica Sur y especialmente a la propuesta de Odebrecht, durante su gestión como Ministro de Economía y Presidente del Directorio de Pro Inversión.

Las malas prácticas de un Estado corrupto se extienden a toda la clase política y nos llama a una reflexión generalizada. Tenemos preguntas y queremos respuestas. Una ciudadanía bien informada y movilizada quizá sea capaz de encontrar la verdad completa.