LOS FANTASMAS QUE VE Y QUE NO VE EL PRESIDENTE

Por: Henry Córdova Bran

El presidente Pedro Pablo Kuczynski no se da cuenta que permanece en una crisis política ocasionada por él mismo desde el inicio de su gobierno. En medio de esa crisis ha decidido culpar a los “grupos comunistas” que quieren desestabilizar el país; mientras tanto, en el Perú se mantienen problemas que el presidente no parece ver con claridad.

Después del indulto humanitario que concedió Pedro Pablo Kuczynski al dictador Alberto Fujimori, el presidente se enfrenta a tres escenarios que le son complicados: las continuas movilizaciones sociales producidas en diferentes partes del país que rechazan el indulto humanitario, la inminente decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenado la decisión del Estado peruano sobre el indulto, y un nuevo proceso de vacancia a raíz de nuevos elementos conocidos sobre sus relaciones comerciales con ODEBRECHT y sus evidentes conflictos de interés.

A esto se suma la desaprobación de su gestión entre la opinión pública que ha llegado en febrero, según la encuesta de Ipsos, a 75%, y su nivel de aprobación apenas llega a 19%. Desde el gobierno se apresuraron en intentar poner paños fríos al indulto apelando a la fórmula del “diálogo y la reconciliación nacional”; sin embargo, ni la denominación del año, ni la reconfiguración del gabinete Aráoz han tenido el resultado que el presidente esperaba, sino al parecer, todo lo contrario.

Los fantasmas del presidente

Al darse cuenta que la idea del diálogo y la reconciliación nacional no caló entre los peruanos y peruanas, y que por el contrario cayó entre la opinión pública como una burla o un desatino más en el accionar político del Ejecutivo; desde el gobierno ensayaron otra estrategia, que no siendo nueva podría generarle más réditos: acusar de todos los males a “grupos de izquierda radical” de no querer reconciliarse después del indulto, o increpar que no renunciará porque “un grupo de comunistas quiere desestabilizar el gobierno”. Asimismo, durante los últimos días, las baterías del ejecutivo enfilaron al gobierno de Venezuela para poner al Perú en medio de un bochornoso acto diplomático al invitar, primero, y luego desdecirse de esa invitación para lo que será la Cumbre de las Américas el próximo mes de abril, aun cuando diplomáticos de carrera como Oswaldo Rivero han mencionado que no es competencia del país anfitrión decidir algo así, si no de un equipo que se encarga de la organización de esta cita internacional integrado por representantes de todos los países que integran la cumbre. Estas patinadas a los que nos expone el gobierno son resultado de un gabinete mal formado e improvisado que tiene en el palacio de Torre Tagle a una ministra como Cayetana Aljovín que sabe de negocios, pero poco o nada de política exterior.

Kuczynski ha preferido el camino típico de la ultra derecha peruana, contraponer la inoperancia de su gobierno al “fantasma de la izquierda que recorre el Perú” para trabar el progreso y el desarrollo del país. Y en medio de ese globo lanzado apela también a un ensayo de popularidad con el anuncio de un probable incremento del sueldo mínimo que ahora, según ha mencionado el ministro de trabajo Javier Barreda, estará bajo la condición de lo que evalúe una mesa técnica y que se conocerá en marzo.

Así PPK termina su reafirmación en el lado político al que siempre perteneció, la derecha heredera de Prado, la derecha afín a la CONFIEP, la derecha que celebró su osadía durante el gobierno de Velasco de facilitarle los 35 millones de dólares a la IPC y huir luego en una maletera por la frontera de Ecuador, la derecha que acogió al fujimorismo en los 90 y hasta ahora lo ve con complacencia, añoranza y celebra el indulto.

Los fantasmas que no ve el presidente

El presidente prefiere convencerse y convencernos que los fantasmas vienen desde la izquierda. Se niega a ver que quienes han torpedeado su gobierno desde el inicio son fantasmas, valga la contradicción, muy vivos y activos. Los fantasmas que el presidente se negó a ver y hacerles frente vienen desde el fujimorismo keikista, que, aunque más debilitado tras la pérdida de algunos parlamentarios sigue teniendo suficiente fuerza para buscar desestabilizar el gobierno.

¿Tampoco ve el presidente que la derecha extrema política, asentada en el Congreso, especialmente con la bancada fujimorista, y la económica en la CONFIEP, impulsan leyes como la ley de Modalidades Formativas Laborales, que rápidamente fue llamada como “ley del esclavo juvenil” por pretender que jóvenes que salgan de institutos trabajen sin cobrar nada por medio tiempo con la única finalidad de ganar experiencia? La rápida reacción de diferentes sectores que condenaron la aprobación de esta Ley en la comisión permanente del Congreso de la República el día miércoles, lograron que el jueves la congresista fujimorista Rosa Bartra -la misma que preside la comisión Lava Jato- autora de esta Ley anunciara que retiraría por el momento esta iniciativa.

¿No alcanza a ver el presidente que en el año de la Reconciliación nacional se mantienen en el Perú, según el reporte 167 de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo de enero del presente año, 176 conflictos sociales, de los cuales 122 son de carácter socioambiental? Las poblaciones indígenas de las cinco cuencas han vuelto a firmar acuerdos con el Gobierno central con la presencia de la Premier Mercedes Aráoz, en torno a sus demandas por la situación que padecen por más de 45 años por contaminación de petróleo y abandono. ¿Será que esta vez el gobierno sí cumplirá sus acuerdos con las poblaciones indígenas?

Quizá, después de todo el fantasma al que más tema el presidente sean las declaraciones que Jorge Barata dará los días 27 y 28 de febrero a los fiscales peruanos que viajarán a Brasil para interrogar al ex mandamás de ODEBRECHT en el Perú. Toda la clase política podría estar jugando a sus cartas a cómo saldrá parado luego de ese interrogatorio, sobre todo Alan García, Keiko Fujimori y el mismo presidente Kuczynski.

LA RECONSTRUCCIÓN Y LA NECESIDAD DE CIUDADANÍA

Por: Henry Córdova Bran

Ha pasado casi un año desde que el fenómeno del Niño Costero puso en evidencia, una vez más, la fragilidad de nuestras ciudades, la ausencia de planificación territorial y la escasa respuesta del Estado frente a ello. Hoy, con un proceso de reconstrucción lento y cuestionado es necesario pensar también en que padecemos de una ausencia de verdadera ciudadanía con capacidad y posibilidad de participar en la planificación, seguimiento y vigilancia de la gobernanza territorial.

La participación ciudadana es un concepto inherente a la gobernabilidad democrática. Tras la caída de la dictadura fujimorista, durante la cual precisamente se buscó debilitar y eliminar a las organizaciones de base, sindicales, ciudadanas; se buscó impulsar una de las reformas principales del Estado para recuperar la democracia: la descentralización. La descentralización tenía entre sus enfoques la concepción de la participación ciudadana y se introdujeron en la Ley de la descentralización y en las leyes orgánicas de las municipalidades y de los gobiernos regionales los conceptos de CCL, CCR, Presupuesto participativo, Comités de Vigilancia, entre otras iniciativas legislativas.

Poco se sabe que muchas de estas iniciativas que se hicieron ley para la reforma de descentralización se tomaron de experiencias que ya eran implementadas en municipios rurales desde antes del 2000 como en los municipios de Limatambo provincia de Anta de Cusco, o en el municipio de Santo Domingo, Provincia de Morropón de Piura, en las que el uso de los presupuestos se discutía y decidía con la población y las rendiciones de cuentas se hacían en cabildos abiertos.

Sin embargo, después de más de 15 años de impulsarse esta reforma y de una dinámica inicial de estos mecanismos de participación, estos fueron perdiendo influencia e interés en diferentes espacios territoriales del Perú. Carlos López, que fue alcalde de Santo Domingo y llegó a ser presidente y Secretario Ejecutivo de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú – REMURPE, indicó que la Ley Orgánica de Municipalidades necesita revisarse para hacer más operativa la participación ciudadana y que se flexibilicen los mecanismos de participación para que no sean homogéneos en todo el país, sino que respondan a las dinámicas organizativas de cada territorio y que sus procesos sean más vinculantes.

La ciudadanía en medio de la Reconstrucción

Este estancamiento en los ejercicios de ciudadanía se hizo notorio antes, durante y después del Fenómeno del niño costero. Si bien el Fenómeno nos encontró desprevenidos y por sorpresa, también nos encontró desorganizados y desarticulados.

Para el Biólogo Fidel Torres, miembro de la Plataforma inundaciones nunca más, “lo que está sucediendo es un escenario en el que la desorganización, la desarticulación del Estado y de la sociedad no ha podido tener una respuesta al desafío de las condiciones naturales, es decir, ni el Estado ni la sociedad civil tenían ningún plan”.

Fidel Torres ve con preocupación que las organizaciones que existen en los espacios urbanos “nunca tuvieron una capacidad reactiva asociada” y en ese sentido se diferencias de las formas organizativas que se ven en la sierra de Piura “Si uno va a la sierra se encuentra que las comunidades, que las rondas campesinas tienen un plan general de reacción ciudadana, la comunidad es una unidad organizativa de control territorial y la ronda es una unidad organizativa de control social, es un referente en nuestro propio territorio para aprender de ellos”.

Ante la emergencia el gobierno reaccionó creando la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, mediante Ley 30556 en abril del año pasado, uno de sus primeros mandatos era elaborar un Plan para la Reconstrucción. Sin embargo, este Plan presentado en setiembre tiene los mismos vicios centralistas como la propia naturaleza de nuestro Estado y desconoció las propuestas que de manera técnica se dieron desde las regiones, Fidel Torres recuerda así parte de cómo se dio este proceso “El Gobierno Regional le hace llegar en mayo a De la Flor su propuesta del Control integrado de la cuenca chira Piura y el GR lo declara proyecto de necesidad regional, una prioridad, en setiembre sale el Plan de la Reconstrucción y esa propuesta no tenía presupuesto, qué quiere decir que no les da la gana de hacerle el menor caso a la región y lo hacen porque saben que es una región que no va a tener capacidad de reacción porque la desarticulación impide que una ciudadanía salga a defender esa propuesta”.

Pese a que la Ley, establece claramente que la Autoridad de la Reconstrucción debe “desarrollar canales de comunicación y coordinación con los Gobiernos Regionales y Locales y la población” esto se ha hecho solo por cumplir “Sí han venido una y otra vez y se han reunido con el GR con la mesa técnica, una cosa es cumplir una letra y otra cosa es poner en marcha el espíritu de la ley cumplen con la letra y dicen me he reunido con el GR, colegios profesionales, pero el problema es que tomaron el nombre de la ciudadanía y de organizaciones expertas, entonces los interlocutores de Lima vienen y piensan que la opinión experta regional no tiene respaldo de la ciudadanía y no la van a defender y por eso no les hacen caso. La ciudadanía reacciona porque siente que está afectada porque siente que no se les hace caso y qué hace, reacciona, se manifiesta” menciona Fidel Torres.

Así el problema es la necesidad de una verdadera ciudadanía y que las organizaciones que existen se fortalezcan, se articulen y decidan su destino fortaleciendo la gobernanza junto a sus autoridades, así parece proponerse desde esta plataforma “Cuando nosotros nacimos como plataforma de inundación nunca más dijimos que es una plataforma para educarse para gobernar porque el tema no es solamente responsabilidad del gobernante, la ciudadanía debe aprender a como gobernar porque si no la ciudadanía es puro reclamo”.

Hace unos días la Contraloría General de la República emitió una norma para la participación ciudadana en reconstrucción, mediante la cual se regula la participación voluntaria de los monitores ciudadanos de control en las obras de la Reconstrucción con cambios. Según se indica en la norma los monitores ciudadanos de control ejercerán control social y participarán de forma cívica a favor de la comunidad, para lo cual serán capacitados y debidamente acreditados por la Contraloría. Al respecto, el representante de la Plataforma inundación nunca más mencionó que se viene preparando un foro en Chulucanas “El primer paso se va a dar en Chulucanas, para mediados de marzo se realizará un foro de organización de las demandas para la reconstrucción desde Chulucanas no lo que está dando Lima. Se está haciendo con algunas organizaciones y la plataforma inundación nunca más para organizar sus demandas, y para vigilar el cumplimiento de sus demandas van a poner los monitores, se van a usar todos los mecanismos legales que se están implementando, pero, además, al trabajar con ellos, se propondrá nuevos mecanismos acordes con su realidad”.

EL PARO AGRARIO Y LA URGENTE NECESIDAD DE UNA POLÍTICA AGRARIA RURAL

Por: Henry Córdova Bran

El reciente paro agrario de los productores de papa de la sierra central del Perú puso nuevamente la alerta sobre la situación del agro rural en el Perú. El gobierno ha reaccionado como se reacciona frente a un incendio. Sin embargo, el problema tiene temas más de fondo y tiene que ver con una crisis estructural del agro en todo el país.

El Perú ha vuelto a repetir el guion trágico de su historia. Un Estado inoperante y alejado de los problemas centrales de sus ciudadanos, un sector social -una vez más campesinos y campesinas en su mayoría- cansado del abandono que toma la protesta social como único mecanismo de llamar la atención, el Estado que reacciona con su brazo represor, el saldo de dos muertes -campesinos pobres otra vez- y decenas de heridos que lamentar. La solución, acuerdos que expresan tácitamente el reconocimiento de la debilidad del Estado, pero que no parecen abordar el problema de fondo.

El paro agrario ha sido protagonizado por productores y productoras de papa de la sierra central sobre todo de las regiones de Junín, Huancavelica, Ayacucho, Cerro de Pasco y Huánuco. Sin embargo, este conflicto se inició en enero con el reclamo de productores de papa de 12 regiones, que hicieron un paro de 72 horas por la caída del precio de la papa y la falta de atención del gobierno. En las dos ocasiones el gobierno ha reaccionado de la misma manera, reduciendo el problema a un tema de sobre producción y la solución a la compra de los excedentes. Los otros 16 puntos que contiene uno de los acuerdos firmado el 01 de febrero son declaraciones de intención para el mediano y largo plazo, entre los que destacan garantizar el acceso a crédito de los pequeños productores agrarios a través del fondo AGROPERU con tasas de interés del 5% y 10%, y promover programas de industrialización de la papa. La pregunta es: ¿necesita el gobierno siempre de un desborde social para darse cuenta de que necesita urgentemente una política agraria rural?

La política agraria ausente y los beneficios presentes

El problema de los productores de papa no debe ser visto como una noticia aislada, sino como una alerta de un problema mucho mayor: la crisis del agro nacional, la ausencia de una política agraria que afecta a más de dos millones de campesinos y campesinas y a la producción de alimentos en nuestro país.

Veamos por partes. El gobierno se ha limitado a ver el problema de la papa y ha establecido medidas para remediar la crisis de la sobre producción y de los precios bajos. Esa medida quizá sirva para apagar el incendio, pero no asegura que las llamas se reaviven con los mismos productores de papa o en otros sectores. Entre otras cosas porque como han mencionado economistas como Pedro Francke “la medida es demagógica porque no ataca las causas del problema, es decir, no aporta ninguna solución de fondo” uno de los inconvenientes es que a la velocidad con que el Estado compra, para cuando el MEF autorice los acuerdos planteados los excedentes de la papa estarían ya malogrados.

Francke ha aludido también a que hay un problema creciente en el mercado de alimentos y que sería una de las razones de la reciente crisis de la papa. Durante los últimos años y sobre todo a raíz de la firma del TLC con EEUU y con otras economías, se ha venido bajando los aranceles de productos alimenticios como el trigo, el maíz o la soya, con los cuales también compite la papa y otros productos nacionales en el mercado interno. Sobre todo, el 2017 se han incrementado las importaciones de estos alimentos por más de 2500 millones de dólares “todo esto -afirma Francke- ha afectado fuertemente al mercado nacional de alimentos y a los productores agropecuarios”.

En un corto diálogo con Andrés Luna Vargas, ex dirigente de CONVEAGRO en Piura, nos manifestó que “aquí en el Perú los gobernantes fueron más allá de lo establecido en los TLC, como por ejemplo en el 2008 durante el gobierno de García acabaron con los aranceles o los redujeron a la nada, a partir de allí ha venido creciendo la importación de trigo y sucedáneos”. En efecto, ya por aquellos años el Centro Peruano de Estudios Sociales – CEPES alertaba sobre la política arancelaria del Perú “hay que tener en cuenta que productos como el trigo, maíz, arroz, azúcar y lácteos a nivel internacional están distorsionados gracias a subsidios y ayudas internas que reciben y hacer una rebaja arancelaria podría afectar en el largo plazo puesto que los precios de estos productos pueden disminuir y países como Perú no tendrán mecanismos de defensa ante el ingreso de productos más baratos”. La alerta estaba dada hace casi diez años.

Eduardo Zegarra, investigador principal del Grupo de análisis para el desarrollo – GRADE va más allá y afirmó recientemente que “lo que hacen los gobiernos es priorizar a la gran exportación que ha tenido TLCs, ley de promoción agraria, regímenes laborales favorables, negociados para la obtención de extensos territorios, frente a una pequeña agricultura que no recibe atención y con un MINAGRI debilitado”. El Estado una vez más favorece a la gran empresa.

En efecto, el MINAGRI es una de las carteras ministeriales más débiles en el Estado y carece de una política agraria dirigida a los pequeños agricultores. Andrés Luna afirma que “no hay ninguna instancia en el MINAGRI o en el Estado central que tenga esta visión de desarrollo rural territorial, son absolutamente sectorialistas y desarticulados de los GOREs y de los Gobiernos locales. Si se mira el presupuesto para el sector agricultura del 2018, de los más de 157 mil millones de soles, solo 2 mil millones están destinados a este sector, es decir, alrededor de S/.1.27 por cada S/.100. Si se suma lo que se destina a los GOREs y Gobiernos locales llega a 3693 millones de soles, el 2,3%. Poquísimo y mal gastado”.

Lo que ha hecho el paro agrario de los productores y productoras de papa es desnudar uno de los aspectos más nefastos del Estado: el abandono de la pequeña agricultura. Pese a que el año 2015 se aprobó una Estrategia Nacional de Agricultura Familiar, y luego la ley N° 30355 de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar, ambas normativas no parecen ser parte del interés del Estado central. En CEPES manifiestan que “actualmente la Comisión Multisectorial de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar está culminando la preparación del Plan de ejecución de estas normas (a pesar que el ministro renunciante Hernández no se compró el pleito)”

El Estado no parece entender la urgencia de una política agraria rural como no entiende por qué las masas de campesinos y campesinas se movilizan. 

LOS MEDICAMENTOS Y EL ESTADO EMPRESARIAL

Por: Henry Córdova Bran

La reciente compra del 100% de las acciones del grupo Quicorp por parte del grupo InRetail genera un nuevo caso de concentración excesiva por parte de un solo grupo económico de un sector determinado, en este caso el sector de la comercialización de los medicamentos en todo el país. Una nueva alerta originada por la permisividad de este Estado Empresarial tan favorable a la gran empresa.

El Perú sigue siendo el paraíso en el que los grandes negociados prosperan. En uno de los Estados más débiles de la región que en vez de cumplir su función de proteger a su ciudadanía los entrega a la voracidad, ya no solo de un mercado en el que la libre competencia sea considerada un mecanismo de autorregulación, que no lo es; sino que también permite grandes concentraciones y situaciones de casi monopolio. Ha pasado con la gran concentración de medios de comunicación el 2015 y ahora con los medicamentos.

Los datos que se han vertido en los diferentes medios de comunicación son los siguientes: en una operación financiera el grupo Intercorp, a través de su compañía InRetail Perú, que agrupa a la cadena de boticas Inkafarma, compró el 100% de las acciones de Quicorp SA, que agrupaba a las boticas Mifarma, BTL y Fasa. Lo que quiere decir es que por 583 millones de dólares que costó esta operación de compra, Inkafarma borró a lo que hasta hace unos días eran sus principales competidores y se adueñó de sus activos.

InRetail Perú publicó el pasado 31 de enero un anuncio pagado en casi todos los medios escritos de alcance nacional en el que alegaba que no existía una situación de monopolio en el mercado de medicamentos ya que la cadena de boticas inkafarma y la cadena de Mifarma solo tienen 2176 establecimientos frente a la totalidad de establecimientos en el país que suman 11230. Sin embargo, el decano del Colegio Químico Farmacéutico de Lima, Javier Llamoza, acotó que no se trata del número de establecimientos sino del monto en ventas que representan en el mercado, y que según indicó este nuevo conglomerado de boticas que concentra ahora la cadena de Inkafarma representa el 83% del volumen de comercialización.

Los riesgos de la concentración

En una entrevista en IDL radios para el programa No hay derecho, el propio decano del Colegio Químico Farmacéutico de Lima, Javier Llamoza hizo notar algunos riesgos que implica esta concentración del mercado de medicamentos en el Perú y que pone a la cadena Inkafarma en una clara posición de dominio. Entre estos riesgos manifestó que valiéndose de su casi exclusividad de presencia sobre todo frente a hospitales, clínicas y centros de salud, Inkafarma podría incrementar los precios de los medicamentos a voluntad o bajarlos durante un determinado período de tiempo para terminar de eliminar a la poca competencia que aún le queda.

De hecho, según reportes periodísticos del 2016, Inkafarma, Arcángel, Fasa, Mifarma y Nortfarma recibieron una sanción de INDECOPI por haber coordinado un incremento en los precios de 36 medicamentos. ¿Cómo no pensar que ahora que dominan la casi totalidad del mercado no harían lo mismo?

El decano expresó otras preocupaciones que tienen que ver con la posibilidad de que esta cadena que cuenta con sus propios medicamentos de marca que son más caros que un medicamento genérico del mismo tipo, empiecen a comercializar más los medicamentos de sus propias marcas, pues sus ganancias serían mayores. El gran perjudicado sería obviamente el consumidor. Una última preocupación se centra en los trabajadores de estas boticas, por lo general jóvenes farmacéuticos presionados por una política de cumplimiento de metas de ventas y sin posibilidad alguna de sindicalización que les permita un mínimo de margen de negociación y defensa de sus derechos laborales. Frente a cualquier impase con el empleador que le genere un despido difícilmente podría ingresar a otro centro de labores en otra botica ya que el empleador sería casi siempre el mismo.

Desprotegidos por el Estado Empresarial

No es a raíz de esta compra que se presenta la alerta sobre la situación de los medicamentos en el Perú. Lo que ha sucedido es escandaloso porque sólo el Perú carece de legislación frente a situaciones de concentración y posición de dominio, pese a que existen proyectos de ley que buscan regular esto pero que no son discutidos en el parlamento. El lobby farmacéutico es uno de los más grandes no solo en el Perú sino en el mundo entero y está metido entre los pasillos del parlamento.

El tema de los medicamentos que se venden en boticas preocupa a quienes pueden pagarlos porque una eventual subida de precios afectará sus bolsillos. Pero ¿Qué pasa con quienes ni siquiera pueden pagar los precios de los medicamentos que se venden en este momento en boticas?

El año pasado fue particularmente difícil para el sector salud. Se vivió a nivel nacional una crisis de desabastecimiento de medicamentos en los centros de salud. Tuvimos la experiencia de vivir esta crisis en la zona del Cenepa en la selva norte del país en el que madres de comunidades indígenas recibían como única respuesta “que no había medicamentos” el problema era que el MINSA no los compraba y ya corría el mes de agosto. ¿tendremos esta misma situación este año? Mientras tanto, el gobierno mismo desde el MEF había reducido el presupuesto del SIS para la compra de medicamentos que en el 2015 era de 1756 millones de soles, se le recortaron 198 millones en el 2016 y 140 millones más en el 2017.

Desprotege el Estado a su ciudadanía. El fin supremo del Estado se ve postergado frente al negocio de la salud, que es un negocio bastante lucrativo. La salud pública del gobierno tampoco contempla grandes partidas para la investigación ni la promoción de la salud alternativa. De los 9 mil millones de soles que tiene el sector salud, tan solo 360 mil soles son destinados al desarrollo de la ciencia, Tecnología e innovación tecnológica; esto pese a tener una cultura de conocimiento ancestral y domesticación de plantas y recursos biológicos en el ande y la Amazonía que bien valdría una política de investigación seria por parte del Estado. Pero esto parece que es pedirle mucho al Estado Empresarial que tenemos.