Por: Henry Córdova Bran
El reciente paro agrario de los productores de papa de la
sierra central del Perú puso nuevamente la alerta sobre la situación del agro
rural en el Perú. El gobierno ha reaccionado como se reacciona frente a un
incendio. Sin embargo, el problema tiene temas más de fondo y tiene que ver con
una crisis estructural del agro en todo el país.
El paro agrario ha sido
protagonizado por productores y productoras de papa de la sierra central sobre
todo de las regiones de Junín, Huancavelica, Ayacucho, Cerro de Pasco y
Huánuco. Sin embargo, este conflicto se inició en enero con el reclamo de
productores de papa de 12 regiones, que hicieron un paro de 72 horas por la
caída del precio de la papa y la falta de atención del gobierno. En las dos
ocasiones el gobierno ha reaccionado de la misma manera, reduciendo el problema
a un tema de sobre producción y la solución a la compra de los excedentes. Los
otros 16 puntos que contiene uno de los acuerdos firmado el 01 de febrero son
declaraciones de intención para el mediano y largo plazo, entre los que
destacan garantizar el acceso a crédito de los pequeños productores agrarios a
través del fondo AGROPERU con tasas de interés del 5% y 10%, y promover
programas de industrialización de la papa. La pregunta es: ¿necesita el
gobierno siempre de un desborde social para darse cuenta de que necesita
urgentemente una política agraria rural?
La política agraria ausente y los beneficios presentes
El problema de los
productores de papa no debe ser visto como una noticia aislada, sino como una
alerta de un problema mucho mayor: la crisis del agro nacional, la ausencia de
una política agraria que afecta a más de dos millones de campesinos y
campesinas y a la producción de alimentos en nuestro país.
Veamos por partes. El
gobierno se ha limitado a ver el problema de la papa y ha establecido medidas
para remediar la crisis de la sobre producción y de los precios bajos. Esa
medida quizá sirva para apagar el incendio, pero no asegura que las llamas se
reaviven con los mismos productores de papa o en otros sectores. Entre otras
cosas porque como han mencionado economistas como Pedro Francke “la medida es
demagógica porque no ataca las causas del problema, es decir, no aporta ninguna
solución de fondo” uno de los inconvenientes es que a la velocidad con que el
Estado compra, para cuando el MEF autorice los acuerdos planteados los
excedentes de la papa estarían ya malogrados.
En un corto diálogo con
Andrés Luna Vargas, ex dirigente de CONVEAGRO en Piura, nos manifestó que “aquí
en el Perú los gobernantes fueron más allá de lo establecido en los TLC, como
por ejemplo en el 2008 durante el gobierno de García acabaron con los aranceles
o los redujeron a la nada, a partir de allí ha venido creciendo la importación
de trigo y sucedáneos”. En efecto, ya por aquellos años el Centro Peruano de
Estudios Sociales – CEPES alertaba sobre la política arancelaria del Perú “hay
que tener en cuenta que productos como el trigo, maíz, arroz, azúcar y lácteos
a nivel internacional están distorsionados gracias a subsidios y ayudas internas
que reciben y hacer una rebaja arancelaria podría afectar en el largo plazo
puesto que los precios de estos productos pueden disminuir y países como Perú
no tendrán mecanismos de defensa ante el ingreso de productos más baratos”. La
alerta estaba dada hace casi diez años.
Eduardo Zegarra,
investigador principal del Grupo de análisis para el desarrollo – GRADE va más
allá y afirmó recientemente que “lo que hacen los gobiernos es priorizar a la
gran exportación que ha tenido TLCs, ley de promoción agraria, regímenes
laborales favorables, negociados para la obtención de extensos territorios,
frente a una pequeña agricultura que no recibe atención y con un MINAGRI
debilitado”. El Estado una vez más favorece a la gran empresa.
En efecto, el MINAGRI
es una de las carteras ministeriales más débiles en el Estado y carece de una política
agraria dirigida a los pequeños agricultores. Andrés Luna afirma que “no hay
ninguna instancia en el MINAGRI o en el Estado central que tenga esta visión de
desarrollo rural territorial, son absolutamente sectorialistas y desarticulados
de los GOREs y de los Gobiernos locales. Si se mira el presupuesto para el
sector agricultura del 2018, de los más de 157 mil millones de soles, solo 2
mil millones están destinados a este sector, es decir, alrededor de S/.1.27 por
cada S/.100. Si se suma lo que se destina a los GOREs y Gobiernos locales llega
a 3693 millones de soles, el 2,3%. Poquísimo y mal gastado”.
Lo que ha hecho el paro
agrario de los productores y productoras de papa es desnudar uno de los
aspectos más nefastos del Estado: el abandono de la pequeña agricultura. Pese a
que el año 2015 se aprobó una Estrategia Nacional de Agricultura Familiar, y
luego la ley N° 30355 de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar,
ambas normativas no parecen ser parte del interés del Estado central. En CEPES
manifiestan que “actualmente la Comisión Multisectorial de Promoción y
Desarrollo de la Agricultura Familiar está culminando la preparación del Plan
de ejecución de estas normas (a pesar que el ministro renunciante Hernández no
se compró el pleito)”
El Estado no parece
entender la urgencia de una política agraria rural como no entiende por qué las
masas de campesinos y campesinas se movilizan.
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