Este blog es un esfuerzo por contribuir en la difusión de información, artículos de opinión y demás géneros periodísticos que muchas veces no se muestran en los medios de comunicación oficiales. El nombre La Acción Escrita es tomado de un libro de Genaro Carnero checa acerca del periodsimo de José Carlos Mariátegui.

viernes, 8 de marzo de 2019

Cronwell Jara: ESTE PREMIO ME ENCUENTRA EN PLENA MADUREZ LITERARIA


Por: Henry Córdova Bran

El escritor piurano Cronwell Jara Jiménez fue anunciado esta semana como el ganador del premio Casa de la Literatura Peruana 2019, premio que han recibido escritores como Vargas Llosa, Oswaldo Reynoso, Carmen Ollé, Edgardo Rivera Martinez, Carlos Germán Belli, entre otros. Sin duda, un orgullo para Piura.

Cronwell Jara, recibe nuestra llamada desde su casa en el Rimac, acaba de salir del sueño que le ha regalado su infaltable “siesta piurana”. Nos dice que, para él, el premio es terminar una novela o un cuento, que en todo caso el premio será una excusa para celebrar con los amigos. Para nosotros, es también una excusa para volver a acercarnos a ese universo que es la literatura de Cronwell Jara.

Usted mencionaba que esta noticia la recibió con alegría primero, pero también con algo de tristeza por no poder compartirlo con sus padres y su abuela. Sin embargo, ¿en qué momento de la vida lo encuentra este reconocimiento?

Creo que me encuentra en plena madurez, no solamente por la edad, que es lo que menos cuenta, sino con la práctica que tengo en la escritura

La madurez Literaria

Claro, a eso me refiero, porque domino las técnicas como yo lo deseaba cuando era muy joven y ahora ya las tengo y me siento contento. Los cuentos y las novelas son como retos para mí, de vida o muerte, o me matan o yo mato, y eso de que me matan no es tan en broma ya me pasó con la primera novela casi me mata de verdad

Es verdad usted mencionó que luego de Patíbulo para un caballo y las Huellas del puma su salud se resquebrajó

Sí, porque no sabía yo que tenía que alimentarme bien, bien papeado, buenas proteínas y buen alimento, y yo escribía más que comía y estaba mal eso.

¿Qué tan febril era esa época de escritor joven buscando escribir Las Huellas del Puma que lo llevó a ese ritmo de escritura?

Bueno en una época yo sentía que podía dar mucho, de hecho, cuando hacía Patíbulo para un caballo se me venían, por asociación de ideas, muchos cuentos y al día hacía cuentos chiquitos, grandes o poemas y al día hacia hasta 14, muchos de ellos se han publicado, era febril, delirante, alucinado, en la plenitud del vigor de la energía y estaba recién entendiéndome con las técnicas. Ahora también, no me faltan las ganas de escribir y lo hago; si Patíbulo me costó cinco años haciéndola y revisándola, la última, Patio de letras, me ha tomado ocho meses, y tiene las mismas páginas, pero me sale con la fluidez, pero con más locura, pero ya no he sentido esa fatiga ese cansancio, porque el dominio de las técnicas me ha facilitado.

Usted ha mencionado que hay dos momentos importantes en su vida, su infancia en que los cuentos de la abuela y apoyo de sus padres para respaldar su idea de ser escritor y el segundo momento es San Marcos, el ingreso al mundo académico

Imagínate la importancia de la familia en tu formación emocional, en tu visión de mundo, de vida, todo lo que aprendí con ellos, hasta cuando a eso de los 8, 10, 12 años, entendí todo lo que me contaban, todo lo que yo oía eran las historias orales de mi padre, de mi madre y abuela en un ambiente de risa, jolgorio, del disfrute de contar, con sus picardías, sus risas y sus reflexiones y la seriedad con que contaban y también cómo se reían; eso que te estoy diciendo lo he sentido en “El mundo es Ancho y Ajeno” de Ciro Alegría, ese arte de contar maravilloso que tenía, es uno de los grandes narradores que tenemos. Lo mismo dije yo, yo quiero ser así, alegre, chispeante en mis cuentos, y así son los 24 cuentos de Las huellas del puma, en la sierra de Piura, porque allí estaban las historias como me las contaron mis padres. Yo tenía pocas lecturas.

¿Quiénes eran sus autores de juventud?

Te vas a reír, Bécquer, Ciro Alegría, Diez Canseco, Albújar

Su padre conoció a López Albújar

Eran conocidos y mi padre lo veía y conversaron alguna vez; era flaco, espigado, huesudo, zambo y bien tacaño, dicen que recibía  a muchos muchachitos en su casa y los muchachitos veían como él tomaba su café y comía su pan con mantequilla y nunca les invitó nada jajaja, seguramente para que se vayan rápido, eso me contaba mi viejito, lo admiraba; y bueno mi papá como me vio entre libros me trajo una vez “Las mil y una noches”, aunque me aburrieron un poco, lo que sí me gustó fueron unas enciclopedias donde estaban las biografías de grandes personajes, como Miguel Ángel, García Lorca, allí conocí a Lorca, Machado y las fábulas que son fórmulas narrativas muy ingeniosas.

Y ya en San Marcos ¿con qué se encontró?

Ya ahí  me jodí, porque me encontré con los semiólogos, la semiótica, que me aburrieron como no te imaginas, pero ahí estaban también las clases de Hildebrando Pérez sobre la literatura oral y entendí ahí el valor de los cuentos de la abuela, de mis padres, yo pensé que eso era sin importancia pero Hildebrando hablaba de la importancia de la narración oral de la filosofía, de otro mundo, de una cultura que no es la académica, de la narrativa oral entonces dije “yo tengo cosas que contar”

Usted vuelve siempre que tiene ocasión a Piura, incluso a Santo Domingo, ¿Sigue encontrando esa oralidad que ha sido tan importante en su literatura?

Ya no porque ya se fueron el tío Pantaleón, murió, la tía Agripina Jiménez murió, la tía Chona murió, mis primos algunos han muerto, otros se han ido, ya voy a la sierra y me encuentro prácticamente con poquita familia, parentela dos o tres primos, pero se están muriendo y me apena, pero aún así, por ejemplo, mi primo Blas Jiménez él me ha seguido contando historias o pasajes como la luna y el arcoíris que es uno de los cuentos más bonitos que tengo; así como jugando aparecen las historias.

Hay escritores que son recreadores de historias y hay quienes son creadores de universos, ¿en su caso considera que hay un universo Cronwell Jara?

En lo mío hay de todo, hay historias que me cuentan o trozos, fragmentos, pasajes, retazos que a mí me fascinan, entonces yo tengo que hacer un trabajo de recompostura del rompecabezas; por ejemplo, yo de niño escuché un cuento sobre la niña que quería la luna que la contaba la señora de mi barrio de buenos aires, nos pedía veinte centavos para contarnos sentados en la arena, y cuando fui adulto reconstruí la historia de tal manera que le agregué personajes, situaciones anécdotas, después me enteré que ese cuento existe en la oralidad de Portugal, salió también “El perro Chimu que se enamoró de la luna” porque un profesor me dijo “usted conoce la historia del perro que se enamoró de la luna” y con el título hice mi cuento. Todos los narradores somos creadores en ese sentido, también tengo historias puras, aunque eso de crear de la nada también es falso siempre salen de algún lugar y así es José María Arguedas, y Ciro Alegría, y Rulfo.

Usted dicta y hace talleres de cuento en distintos lugares y el Perú tiene una tradición del cuento desde Valdelomar, Clemente Palma, ¿qué posibilidades para el cuento ve usted?

Yo veo que hay dos tendencias, a través de mi experiencia como lector de los cuentos del Copé y como jurado de la derrama magisterial. La primera tendencia es la de los capitalinos, y no por tirria, ni nada; sino que tratan de crear historias de tendencia cosmopolita, hablando del peruano que está perdido por Barcelona, New York, o que vuelve al Perú, como que se quieren internacionalizar, graso error porque por más que estén bien escritos, por más que tengan cierto nivel de inteligencia, no resultan, porque el verdadero cuentista parece que está siempre en las provincias y en las provincias la cuentística está despertando con una fuerza inusitada y muy seria, muy creativa y competitiva, uno de ellos es Ítalo Morales del Aullar de las hormigas, de Trujillo, donde muestra la brillantez, su ingenio, también hay otros como Jorge Tume, donde se respiran cuentos del fondo de la raíces de la tierra, de la costa; Darwin Bedoya en Puno, que tiene tremenda habilidad para narrar, también tenemos a Carlos Rengifo y a Fernando Carrasco y Yoshiro Chávez, que van a dar mucho que hablar.

¿Qué es lo que viene para Cronwell Jara?

Ahorita está saliendo “Esopo esclavo de la fábula”, una reedición, también está saliendo un libro que siempre he esperado, más de 40 años, “El manifiesto de la joda” con más de 160 cuentos breves y largos, son la locura creativa, lo oscuro, lo raro, la crítica al sistema, del juego loco y desquiciado que tienen los artistas para la creación, y estoy contento. También la nueva versión de “Patíbulo para un caballo”

Patio de Letras es un tema recurrente en sus últimas reuniones

Patio de letras ya lo terminé, estoy puliendo. Hay quienes me decían “ya no vas a tener otro patíbulo”, pero este Patio de letras se lo lleva de encuentro por el lenguaje, por las vivencias, las historias y la trascendencia, porque hablo de los problemas políticos, sociales del 70 al 90, con todo lo que pasamos en la universidad, recuerda que la universidad es la patria chica; es el país en chiquito; y hay linchamientos, violaciones, secuestros y decapitaciones que se han visto; pero también hay amores. Hay la preocupación de los protagonistas por la creación, la poesía, el cuento. Allí están María Emilia Cornejo, Juan Ojeda, Paco Bendezú, Washington Delgado; en mi camino, pues, han estado Eleodoro Vargas Vicuña, Manuel Scorza, de todos ellos hablo.

También hablo de la toma del colegio de Bentin, será como una Ilíada, pero de nuestros días, se relatan batallas; también la del 5 de febrero del 75, cuando Lima fue asaltada por todos los barrios, robada, incendiada, saqueada. Yo estuve en medio de esas peleas, en Lima mataban, aparecían un rochabus y las tanquetas y metían balas y eso describo, esa locura, la gente se llevaba muebles, sofás, librerías que fueron saqueadas.

¿Este relato lo hará desde el realismo o desde el mismo mundo mágico de Faite por ejemplo?

Es con el lenguaje de Faite y de Patíbulo, no puedo hacer, no me gusta el realismo, los personajes mientras están viviendo están enamorados, tratan de crear, en ese momento todo era el caos, el desorden, el fin del mundo, esto está en Bosch, “El Jardín de las delicias”. Narro esa época, converso con María Emilia Cornejo, vi como linchaban a los Hora Zero, vi como sacaban a escupitajos a Mito Tumi, también estaba Roger (Santivañez) y ellos protegían para que no maltraten al negro Verástegui y a Jorge Pimentel, y todo eso lo movió Carmona, eso me dijo el negro Verástegui y yo lo viví.

viernes, 22 de febrero de 2019

LOS CONVENIOS ENTRE LA POLICÍA Y LAS EMPRESAS DE INDUSTRIAS EXTRACTIVAS


Por: Henry Córdova Bran

Acaba de publicarse y presentarse el informe “Convenios entre la Policía Nacional y las empresas extractivas en el Perú”, elaborado por EarthRight International (ERI), el Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH); en este informe se analiza la naturaleza de estos convenios, sus efectos en el uso y abuso de la fuerza pública sobre los derechos humanos, especialmente de las poblaciones cercanas a los proyectos extractivos; además se denuncia su inconstitucionalidad frente al Estado y su inconvencionalidad frente al derecho internacional.

Entre el 22 y el 27 de mayo del 2017 se celebró en Buenos Aires el 162 Período Extraordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Durante la sesión, las tres instituciones mencionadas de manera conjunta con la Plataforma Interinstucional de Celendín – Cajamarca, “manifestaron su preocupación por lo que consideran la grave situación de los derechos humanos en dicho país como consecuencia de la implementación de una política extractivista que habría dado lugar a violaciones de derechos humanos y a la concesión de gran parte del territorio nacional.” Según se lee en el informe de la CIDH. Asimismo, menciona que “se informó de lo (que) consideran como privatización de la fuerza pública, indicando que se han formalizado una serie de convenios entre las empresas privadas y la policía nacional en las dos últimas décadas.”

A partir de allí se inició el trabajo de elaboración de un informe que analice estos convenios entre la Policía Nacional del Perú y muchas de las empresas extractivas, mineras, de hidrocarburos, gasíferas, entre otras, que existen en nuestro país. Como resultado, el informe señala que entre 1995 y el 2018 se ha identificado la existencia de 138 convenios de prestación de servicios extraordinarios celebrados entre la Policía Nacional del Perú y las empresas extractivas.

Según se lee en el informe publicado esta semana, la firma de estos convenios fueron posibles gracias a la existencia de un marco legal que desde hace 20 años “faculta a la PNP pactar acuerdos con empresas privadas con el fin que efectivos policiales presten sus servicios como agentes de seguridad privada en las instalaciones y áreas de influencia de los proyectos extractivos, a cambio de una contraprestación económica.” Este marco legal se establece desde el Decreto Supremo 005 del Ministerio del Interior del año 1994 y se institucionaliza en el 2002 con la Ley Orgánica de la Policía Nacional del Perú Ley Nº 27238; el 2006, se afianza con la Ley del Régimen del Personal de la Policía Nacional del Perú, Ley Nº 28857 “que permitió en forma explícita la prestación de servicios extraordinarios complementarios, individuales e institucionales por efectivos policiales en servicio, de franco o vacaciones”.

Convenios bajo la lupa

Volviendo al informe de la CIDH de junio del 2017, se menciona que, ante la demanda sobre los convenios entre la PNP y las empresas extractivas, el Estado Peruano manifestó su posición: “En cuanto a los convenios con las fuerzas policiales, el Estado indicó que en la actualidad sólo uno se encuentra vigente, cuyo término vence en agosto de 2017. Sostiene que nunca se ha presentado una acción de inconstitucionalidad en contra de la normativa que autoriza la celebración de convenios”.

Sin embargo, después de junio del 2017, según el informe sobre los convenios entre la policía y las empresas extractivas, entre el 01 de octubre de ese año y el 3 de julio del 2018, se han suscrito 29 convenios entre la PNP y diferentes empresas extractivas, los cuales están vigentes hasta la fecha. Además, lo que no dijo el Estado y que el informe de los convenios refiere, es que, pese a que por lo general los convenios tienen un promedio de dos años de duración, éstos se renuevan casi inmediatamente, en ocasiones, sin mediar documento de por medio. Es importante resaltar que entre estos 29 convenios que están vigentes se registran algunos en Piura: el convenio entre la Corporación Nacional de Petróleos de China CNPC Perú S.A. que el 2014 compró los activos de Petrobras en el Perú y que se dedica al rubro de hidrocarburos y gas natural, suscribió el convenio con la PNP el 1 de octubre del 2017; de la misma manera, Savia Perú S.A también dedicada al rubro de hidrocarburos y gas natural, suscribió el acuerdo con la PNP el 4 de diciembre del 2017; 14 días más tarde, es decir el 18 de diciembre del 2017, la empresa Sapet Development Perú INC, del rubro de hidrocarburos, firmaría un convenio similar con la PNP. Hay además dos convenios firmados con PetroPerú uno del 19 de enero del 2018 y otro el 30 de marzo del 2018 que involucra a las regiones de Loreto, Amazonas, Cajamarca, Lambayeque y Piura.

Sobre los convenios, el informe menciona que es cuestionable que la policía desvirtúe su función de mantener el orden público en una situación de conflicto y pierda imparcialidad al recibir una contraprestación económica de una de las partes del conflicto, en este caso, la empresa. Así, se ha verificado que desde el 2010 hasta el 2018, la PNP ha recibido por estos convenios más de 45 millones de soles, y que además en muchas ocasiones se establece que los policías que prestan este servicio deben usar su uniforme oficial y en muchos casos incluso su armamento reglamentario.

Algunos policías consultados para la presente nota que pidieron la reserva del caso, mencionan que no todos en la institución ven con buenos ojos estos convenios. Mencionan, además, que por lo general son efectivos de divisiones especiales como la DIROES (Dirección de Operaciones Especiales)  los que son enviados a estas “misiones” cuando son solicitados, incluso no solo cuando están de vacaciones, sino cuando están en servicio “estos patas no caminan con arma corta, van con arma larga porque aducen que van a zona de conflicto, pero sin embargo, están recibiendo dinero del Estado, más dinero de la empresa y más sus viáticos, mira por ejemplo el caso de la señora de Cajamarca, la luchadora social (se refiere al caso de Máxima Acuña) cuántas veces son estos propios efectivos que les paga la empresa los que la violentan” refiere uno de los policías. El malestar también va por el lado de las divisiones internas que se genera al interior de la institución, entre los policías “de comisaría” y los de las “divisiones especiales”.

Sobre los convenios vigentes, el informe establece que casi todos tienen un mismo estándar. En su análisis, el informe concluye que “los convenios deslegitiman la función policial. Las razones son múltiples, pues para empezar representan la privatización de la función policial, que se ve desnaturalizada y orientada a la protección de intereses corporativos en vez de los de la colectividad”.

Asimismo, concluye que estos convenios son inconstitucionales “La conducta discrecional de la PNP, que se arroga la capacidad de comercializar sus servicios, es arbitraria y, por tanto, inconstitucional a la luz del ordenamiento jurídico”  y agrega que “se devela una violación del derecho a la igualdad y no discriminación, que afecta principalmente a las personas que viven en las zonas de influencia directa e indirecta de los proyectos extractivos, y, de manera particularmente grave, a los pueblos indígenas y los defensores y defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente” razón por la que estos convenios incumplirían el marco del derecho internacional al que está suscrito el Perú.

La publicación de este informe debe llamar a un debate sobre la pertinencia, legalidad y legitimidad de estos convenios en un país en el que, según la Defensoría del Pueblo, existen 199 conflictos sociales, de los cuales, el 80% son de naturaleza socioambiental.

Un andamiaje para la criminalización de la protesta

En un corto diálogo que tuvimos con el Dr. Juan Carlos Ruíz Molleda del Instituto de Defensa Legal y uno de los autores de este informe, nos refirió algunas situaciones que se desprenden de lo que se conoce a partir de esta investigación.

“Venimos haciéndole seguimiento al tema porque es una de las patas de este andamiaje institucional que permite la criminalización de las protestas” comienza diciendo el Dr. Ruíz para situar el tema en el fondo del asunto, señalando que los convenios y la participación de la policía a cambio de una prestación económica predispone a los efectivos a actuar contra los líderes sociales y a la población que en una situación de conflicto reclaman frente a lo que consideran abusos de parte de estas empresas.

Además, menciona que si bien es cierto que hasta el momento no existe un pedido de inconstitucionalidad se viene trabajando en ello, aunque no es un proceso fácil; sin embargo, “Independientemente que nosotros lo pidamos las normas que el estado promulga deben respetar el ordenamiento jurídico, ese es el tema. Un convenio como estos es inconstitucional y no por retórica, la Constitución reparte competencias, un juez no puede detener, eso le corresponde a la policía; asimismo, no le corresponde a la policía cuidar una empresa minera de manera específica” dice el abogado de IDL. A pesar de que aún no hay un pedido de inconstitucionalidad, sí existe una demanda de amparo contra el convenio Glencore-policía, demanda que ya está en el Tribunal Constitucional a la espera de sentencia y que de ser favorable conseguiría que se inaplique esa norma y se deshaga el convenio.

Finalmente Ruíz Molleda alertó que los convenios generan también problemas al interior de la Institución de la PNP “el tema de fondo es que privatizas el orden interno, generas desconfianza porque el Estado debe ser imparcial, el daño es tremendo, socavas la legitimidad de la policía, se presta a corrupción espantosa, incluso se sabe que hay policías que le dan los primeros ingresos a los generales, todo se convierte en un círculo perverso”.

Se puede ingresar al informe completo en el siguiente enlace:

https://earthrights.org/wp-content/uploads/Informe-Convenios-entre-PNP-y-empresas-extractivas.pdf?fbclid=IwAR1CV8lTeM9HB2S9mYmuGm2nrhhtV52_6QbA3EkGRy16APdC2eDWybfYhmE

jueves, 13 de diciembre de 2018

EL PERIODISMO Y LA CRÍTICA DECOLONIAL


Por: Henry Córdova Bran

Hace una semana, aproximadamente, estudiantes de la escuela de Comunicación de la Universidad Nacional de Piura, me invitaron a compartir una charla sobre “Nuevos horizontes del periodismo, hacia una crítica decolonial”, me parece importante que desde la universidad se discutan temas como éstos, muchas veces ausentes en los cursos y planes de estudio, por eso, comparto algunas reflexiones de lo que compartí aquel día.

Al iniciar la presentación del tema les repartimos a los estudiantes una imagen en la que teníamos a cuatro personajes como un ejercicio de reconocimiento. Los estudiantes no tuvieron inconvenientes para reconocer a Alan García y Mercedes Aráoz, pero sí para reconocer a las otras personas de la imagen. Se trataba de dos líderes indígenas, Santiago Manuin, uno de los Apus más respetados de la nación Awajun y Wrayz Pérez, Pamuk de la nación Wampis; dos naciones que estuvieron presentes en los hechos de la curva del diablo el 5 de junio del año 2009, durante el gobierno de García y en el que Aráoz era ministra de Estado. Solo escudriñar en esa imagen y todo lo que existe a su alrededor como significado y como repercusión para la vida del Perú en los últimos 9 años y medio casi, desde los hechos del mal llamado “Baguazo”, daría para abordar largamente el tema que nos convocaba.

Mientras preparaba la charla, recordé también a Carlos Monsiváis, aquel gran periodista y cronista mexicano que en enero del 2009 diera en Trujillo una conferencia sobre “Los bicentenarios de América Latina”.  Recuerdo que Monsiváis decía que para entender y hablar sobre los bicentenarios había que conocer, leer, y estudiar a los hombres y mujeres que pensaron nuestra América, nuestros países; pero también conocer a las personas y a los pueblos, sus territorios y esas conexiones sagradas que tienen con la tierra, y hablaba precisamente de las comunidades, campesinas e indígenas, de los que sufrieron y siguen sufriendo el despojo, siglo tras siglo. Monsiváis me enseñó que para ser un periodista en América Latina no basta con estudiar la teoría y la técnica de las comunicaciones, por lo menos no solo aquella teoría y técnica que nos enseñan en nuestras escuelas y facultades; para ser un periodista en América Latina es necesario entender cabalmente la historia pasada y presente, de su todavía no acabado coloniaje. América Latina no podrá ser una realidad mientras las características de los colonialismos o de los neo colonialismos se mantengan.

Quizá alguien diga, “no es rol del periodismo, porque su rol solo es contar los hechos de manera objetiva” y yo creo que eso, que aparentemente debiera ser una verdad máxima para nuestra profesión, tiene algunos puntos discutibles. En primer lugar, porque la comunicación es desde siempre un vehículo de dominación. Quien controla la palabra, tiene ventaja sobre quien no la controla, y cada vez más desde que nos convertimos en una sociedad “imagocrática”, quien controla la imagen, tiene ventaja. Vuelvo al ejercicio de la imagen inicial y podemos reflexionar sobre el rol del periodismo en el momento en que un señor, presidente él, podía decir en todos los medios de comunicación que un grupo de peruanos no eran ciudadanos de primera clase o los llamaba perros del hortelano desde su posición de poder y con la ventaja de tener más de un medio de comunicación a disposición. ¿Cuántas peruanas y peruanos podíamos escuchar con la misma oportunidad de difusión, las razones de Santiago Manuin? Tal vez alguno solo recuerde el nombre porque lo escuchó que fue uno de los indígenas que declararon muerto y que apareció luego en el hospital de Chiclayo con 8 balas en el cuerpo. Afortunadamente, estaba vivo. ¿Algún periodista se interesó realmente por conocer quién es Santiago Manuin?, ¿dónde y cómo vive y porqué llevaba casi 51 días exigiéndole al gobierno la derogatoria de unos decretos supremos? Me refiero, evidentemente, a ir más allá de los hechos, y eso implica decolonizar nuestro propio esquema de pensamientos, de prejuicios y de ideas sobre lo que somos.

La crítica decolonial está ligada al desarrollo como paradigma originada al finalizar la Segunda Guerra Mundial, por entonces y en plena guerra fría, hubo mucho interés por imponer un discurso hegemónico desarrollista. Manuel Chaparro, uno de los principales teóricos de la crítica decolonial argumenta en su libro “Claves para repensar los medios y el mundo que habitamos. La distopía del desarrollo” que este discurso hegemónico es una maniobra estratégica creada por occidente para “conquistar el mundo desde el control del comercio internacional” parece una especie de idea conspirativa jalada de los pelos, pero no lo es tanto si uno mira de cerca cómo se ha conducido la economía mundial en los últimos 60 o 70 años, recomiendo leer para ello a economistas como Samir Amin, Vivian Forrester o al mismo premio nobel de economía Joseph Stiglitz, o pensadores como Noam Chomsky o Eduardo Galeano.

Bueno, este discurso hegemónico desarrollista nos impuso términos como “tercer mundo” o “subdesarrollo”, entonces si estás al sur del orbe o en el oriente eres del tercer mundo o eres un subdesarrollado, lo que significa que el paradigma del desarrollo y del primer mundo es del norte y occidental. No hay más y es increíble. Para América Latina, particularmente, es interesante que sea uno de los territorios desde donde se vienen impulsando los argumentos de la crítica decolonial desde los antecedentes de los aportes de la pedagogía de Paulo Freire en los años 60 y 70.

¿Cómo se vincula esta teoría crítica decolonial con el periodismo en nuestros días? Esta vinculación ha estado desde siempre; desde los orígenes mismos de nuestra República. Sería interesante dar una mirada a cuál era la relación existente entre nuestros primeros medios de prensa y el proceso de la Independencia que culminó precisamente con el periodo colonial de la Metrópoli española. Para que se entienda la importancia que le da el colonialismo a la necesidad de afianzar el discurso único entre las poblaciones colonizadas, recordemos como tras la derrota de la gran Rebelión de Tupac Amaru y muertos él, su familia, sus sucesores y los rebeldes Kataristas aymaras del altiplano; una de las primeras medidas del visitador Areche fue buscar la supresión del idioma quechua y de todo rastro y memoria del pasado Inca de la mente y del alma de los indígenas. Cosa que, pese a la dureza de la medida, no pudo conseguir.

El último período de nuestra prensa es, sin riesgo a equivocarme, uno de los más desalentadores. Hay saltos considerables desde la sociedad amantes del país y el Mercurio Peruano, hasta la época de Amauta y el gran periodismo de inicios del siglo XX. ¿cómo hemos llegado a estos tiempos de la Gran concentración de medios? ¿Nuestros medios están más o menos influenciados -vale decir colonizados- de lo que estaban Hipólito Unanue y compañía, o Gonzáles Prada y Mariátegui, por agentes extranjeros sobre todo del gran capital?

El Perú se acerca al Bicentenario, pero se acerca también cada vez más a un conocimiento más profundo de su naturaleza. Tras su independencia la sociedad criolla dominó la República, pasaron casi 100 años para que Prada y Mariátegui pusieran en la discusión nacional el problema indígena; aún tendríamos que esperar unas décadas más para que José María Arguedas nos mostrara el alma del indio kechwa y Aymara; y recién alrededor de los años 70 César Calvo nos introducía al espíritu de la Amazonía con sus “Tres mitades de Ino Moxo”. Pero hace falta mucho más para entender cabalmente el país que somos. Desde lo que nos toca, ver los hechos desde una crítica decolonial significará un avance.

lunes, 24 de septiembre de 2018

LA CUESTIÓN ES ¿CONFIANZA EN QUÉ?


Por: Henry Córdova Bran

La semana se inició el domingo 16 con el mensaje a la nación del presidente Martín Vizcarra en el que planteó la cuestión de confianza al Congreso de la República por la demora en la aprobación de los cuatro proyectos de Ley que contemplan la reforma judicial y política. Durante la semana, no sin falta de revuelos desde el Ejecutivo y del Legislativo, El Congreso aprobó la cuestión de Confianza, sin embargo, la cuestión es ¿Confianza en qué?

La crisis a nivel nacional se expresa desde el escándalo y no desde el planteamiento serio de los problemas que enfrenta el país. Sin los audios del Consejo Nacional de la Magistratura y el escándalo mediático que produjo, no serían hoy posibles los planteamientos de la reforma del sistema de Justicia. ¿No sabía el gobierno acaso de la podredumbre de la justicia peruana? ¿no se sabía en el Congreso de la influencia política en la designación y en las decisiones de los jueces y magistrados? ¿no llevan años encarpetados más de un proyecto de ley que planteaba estas reformas?

Por esa razón es que la población debe saber que si bien es cierto las reformas planteadas por el presidente Vizcarra son necesarias, constituyen solo un parche para tapar el escándalo que indigna y moviliza a la ciudadanía. La gran reforma que necesita el Estado y que necesita nuestra población, ni siquiera está planteada, nos referimos a la refundación misma del Estado a través de un llamado a una Asamblea Constituyente, el planteamiento de una nueva Constitución que genere un nuevo pacto político por el país y que apunte directamente a resolver la arquitectura de nuestro modelo económico, la revisión del sistema educativo y de salud, y el impulso de la diversidad productiva con un enfoque de desarrollo sostenible.

Una pugna de poderes

Este es un período de expresión continua de la crisis política del país, de la crisis moral de nuestra clase política, de la crisis que infecta a nuestras instituciones, de las cuales no nos hemos desprendido en estos 18 años posteriores a la caída de la dictadura. Este gobierno, particularmente, nació con una debilidad evidente, no solo por la fuerza parlamentaria del partido de Keiko Fujimori que ha mostrado su carácter autoritario en más de una ocasión, sino por la debilidad misma del presidente Kuczynski, lo que le costó más de una derrota casi con complacencia sumisa. Pero la debilidad más grande de PPK no era su inmovilismo político, sino su evidente relación con el poder económico y su rol de lobista siempre que fue funcionario público. Las denuncias de corrupción le dieron pie al fujimorismo para buscar su cabeza y precipitar su caída.

Con la llegada de Martín Vizcarra a la presidencia y su intención de llevar el timón del gobierno hasta el 2021 se abrió un nuevo capítulo. Quizá pensó el fujimorismo que Vizcarra encarnaría la debilidad de PPK y así parecía ser durante los primeros días, sobre todo por el carácter contemplativo que el Premier César Villanueva mostraba con el fujimorismo. Pero es evidente que Martín Vizcarra entiende mejor el juego político de lo que lo hacía su antecesor. Sabe leer mejor el ánimo de la ciudadanía y ha entendido que al poder que le presenta el Congreso dominado por el fujimorismo no le cabe la complacencia sino la firmeza de la investidura presidencial. El escándalo de los audios del CNM y la evidente vinculación que la señora K y parlamentarios fujimoristas tienen en este caso, le dieron la ocasión al presidente para pasar a la ofensiva y así lo hizo en el Mensaje a la Nación del 28 de julio. Ahí empezó una pugna declarada entre el Ejecutivo y el Legislativo.

La cuestión es ¿Confianza en qué?

Después de 40 días de presentados los proyectos de Ley planteados por el presidente Vizcarra el 28 de julio, durante los cuales el Congreso de la República dio claros signos de querer demorar la discusión de las reformas, el gobierno planteó la cuestión de confianza y creyó que de esta manera arrinconaba al Congreso de la República.

Se ha equivocado el presidente. Lo que para muchos era, el miércoles, un día D para el país, se convirtió en un capítulo más de mecida política y juego de poderes que dio como resultado una inservible aprobación de la cuestión de confianza sin compromisos claros desde el parlamento en torno a lo que exigía el gobierno y una aceptación contemplativa del presidente del resultado de aquella jornada. Y es que el dictamen final de la cuestión de confianza aprobada por el Congreso no establece nada claro respecto de las reformas en cuestión, el Congreso le da la confianza al ejecutivo en torno a los ejes I y II de la política de gobierno sin especificar ni los 4 proyectos de Ley sobre las reformas, ni sobre el referéndum. En suma, el Congreso devolvió el golpe y le ha dicho al gobierno “te aprobamos tu gestión, pero las reformas las hará el parlamento”

Esto ha sido posible porque en el fondo no existe una firmeza desde el ejecutivo para promover una verdadera reforma del Estado y lo mostrado en las últimas semanas es el mismo enfrentamiento de poderes con el que nació este gobierno, pero con un Vizcarra más político. No debemos perder de vista que de fondo está la preocupación de más de un líder político representado en el Congreso (Keiko, García, PPK) por sus vínculos con la corrupción por las que tienen investigaciones abiertas y preocupaciones del mismo presidente Vizcarra por temas como el del caso Chinchero que aún perturba su tranquilidad.

De allí que se hace necesaria la comprensión de la naturaleza estructural de la crisis por la que atravesamos, porque las crisis no son aisladas, no son crisis de sectores, responden a una estructura que se dirige desde los grandes grupos de poder económico y se materializa desde el Estado en su conjunto, que por algo ha sido catalogado por economistas como Francisco Durand, como una República Empresarial, es decir una República favorable a la gran empresa antes que a las personas que viven y trabajan en nuestro país.

Por eso mientras se debaten las reformas en cuestión por otro lado se plantean leyes como la eliminación de la negociación colectiva para los trabajadores del sector público, que pone en riesgo los derechos de miles de trabajadores y trabajadoras en todo el país, o la nueva Ley de Hidrocarburos que busca priorizar la inversión y nuevas concesiones reduciendo los rigores ambientales y los derechos de poblaciones indígenas, así como las posibilidades de recaudación del propio Estado.

Así las cosas, ni el Legislativo, ni el Ejecutivo ofrecen suficientes signos de confianza para las demandas de cambio que la ciudadanía exige.


viernes, 20 de julio de 2018

LA VEJEZ DE LA REPÚBLICA


Por: Henry Córdova Bran

Está vieja nuestra República. Y quizá nació vieja. Los audios del escándalo del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que hemos escuchado como un desfile de la infamia, no hacen sino demostrar esta vejez. ¿Nos sorprende el nivel de corrupción? No. Pero nos lleva a preguntarnos ¿Hasta qué nivel de podredumbre estamos dispuestos a seguir aguantando?


La historia en el Perú no es un anaquel al que acudimos para sacar las grandes lecciones que necesitamos. La historia en el Perú es como el cuarto de almacén en el que vamos amontonando nuestras miserias y nuestros escombros. En un escrito de Manuel Gonzáles Prada sobre la figura de Nicolás de Piérola, del año 1899, dice “Los criminales impunes afirman que “en el Perú no existe sanción moral”, fundándose naturalmente en haber escapado ellos mismos a la cárcel del Código Penal y a los faroles de las justicias populares”. Los criminales de ahora lo saben perfectamente y por eso quizá, la corrupción no los sonroja, no le temen a la judicatura, al sistema de justicia, porque está infestado y la historia de las oscuridades del sistema de justicia es tan vieja como nuestra República.

Los audios que hemos escuchado durante los últimos días no sorprenden, solo elevan el nivel de indignación, solo nos demuestra que en el Perú siempre es posible un peldaño más hacia abajo en nuestro hondo hueco de país inacabado. Los audios son una anécdota más, un desfile de nombres, de personas corruptas, de los Hinostroza que reemplazaron a los Miguel Aljovín, y que seguramente serán reemplazados por nuevos nombres que jurarán por la decencia hasta el próximo destape.

Nada parece indicarnos que esta nueva ola de la crisis tenga una solución definitiva. Hemos dicho en otras ocasiones que lo que tenemos desde hace varias décadas es una crisis estructural del Estado, no una crisis presidencial cuando surgió el escándalo Kuczynski que terminó con la renuncia del ex presidente y la juramentación de Vizcarra; no una crisis del Congreso, infestado por la bravuconería fujimorista, la mañosería aprista, la piratería de los interesados, el analfabetismo político casi crónico de muchos, y las voces a medias de las pocas muy pocas excepciones; no una crisis del poder judicial expresada en el mercadeo al peso de los jueces y fiscales, en sus sentencias escandalosas en casos de violación y violencia, en sus retrasos abiertamente sospechosos en casos decisivos contra García o Keiko Fujimori; que se reproduce también en nuestras provincias como los destapes que aparecen en nuestra Región de jueces y fiscales y sus nexos oscuros o los discutibles Honoris Causa que la Universidad Nacional de Piura otorgaba sin mayor sustento a los magistrados que ahora no hay causa de honor que los defienda.

En fin, lo que tenemos es una crisis generalizada del Estado, de su naturaleza misma, de un Estado que tuvo una composición de naturaleza criolla en los inicios de la República y que solo sirvió para asegurarle los privilegios a mucha gente que años atrás había mantenido distancia con la prédica independentista; así nuestro Estado en pleno siglo XXI parece ser solo funcional para esta república empresarial del gran negocio. El Estado que tenemos no es funcional para el país al que podríamos aspirar, no es funcional para emprender un salto en la calidad educativa porque no invierte adecuadamente lo que debería, no es funcional para asegurar salud digna porque sucumbe a los intereses de la industria farmacéutica y de la alimentación chatarra; no es funcional al trabajo digno, porque condena los derechos laborales a la voracidad del gran capital, no es funcional al desarrollo sostenible, porque privilegia el saqueo de la materia prima a la inversión en investigación para diversificar nuestra oferta productiva. Necesitamos un nuevo Estado para una nueva República.

Las recetas que no convencen

Frente al escándalo de los audios, el presidente Vizcarra anunció la conformación de un equipo de expertos para una comisión que en 12 días elaboraría una propuesta de reforma del sistema de justicia que presentará el 28 de julio; además, convocó al Congreso de la República para una sesión extraordinaria para debatir la remoción de todos los miembros del CNM. Paralelamente, el presidente del Congreso, Luis Galarreta, anunció que el Congreso, como primer poder del Estado, realizará la reforma del sistema judicial nacional.

Ni las recetas del presidente Vizcarra, ni las respuestas del señor Galarreta dan cabida a la confianza. ¿Realmente piensa el presidente que en 12 días una comisión va a producir una reforma al poder judicial? ¿Realmente quiere hacernos creer el señor Galarreta que este Congreso de la República está en la capacidad política y moral de conducir por su lado una reforma en la siguiente legislatura? ¿No se da cuenta el presidente del poco respeto que le tiene el parlamento cuando el señor Galarreta minimiza sus iniciativas y al instante le dice que serán ellos quienes harán la reforma, o cuando un cada vez más irreconocible Víctor Andrés García Belaúnde le increpa abiertamente sus formalidades y lo llama ignorante?

Tenía razón Gonzáles Prada cuando afirmaba que “Lo nuevo se construye con lo nuevo; y el gobernante que para modificar a un pueblo se vale de instituciones añejas y leyes retrógradas se parece al arquitecto que se vanagloria de levantar una casa nueva cuando toma un viejo caserón y le remienda con adobes mochados, maderas apolilladas y hierros enmohecidos. Los individuos y las naciones no edifican algo bueno y estable sin fundarlo en la verdad y la justicia”. Debe darse cuenta el presidente que nada puede reformarse desde el propio ejecutivo, ni mucho menos desde las bajezas morales y éticas en las que está sumergido el Congreso de la República, y cuyos congresistas son en gran medida parte del problema. El Perú necesita un nuevo pacto social, una nueva constitución a la altura de su historia y funcional a las necesidades antes expuestas.

Las respuestas no saldrán de las voluntades del presidente ni del Congreso de la República. No deberíamos permitir que los criminales sigan pensando que en el Perú no existe sanción moral. La vejez de la República necesita de la juventud de su gente, de su reserva moral. Son necesarias la firmeza de una ciudadanía movilizada, hay que respaldar a los pequeños espacios del periodismo que viene investigando estos casos, son necesarias las juventudes, que no solo recuperen la capacidad de indignación, sino que sientan vocación por el Perú, y eso significa redescubrir su historia y tomar en sus manos su presente.

viernes, 6 de abril de 2018

5 DE ABRIL, LO QUE NOS QUEDA DE LA DICTADURA


Por: Henry Córdova Bran

El 5 de abril de 1992 Alberto Fujimori, elegido presidente constitucional dos años antes, realizó un golpe de Estado con la finalidad de cerrar el Congreso, a partir del cual, no solo instauró una de las dictaduras cívico-militares más duras y corruptas, capturó las instituciones del Estado y pervirtió la democracia; quizá lo peor de esa dictadura es que, más allá de las formalidades constitucionales, seguimos conviviendo con ella.

Una constitución hija de la dictadura

De la dictadura nos queda sobre todo la Constitución que redactó el Congreso Constituyente Democrático (CCD) -Congreso a la medida de Fujimori- en el año 1993 y que se elaboró para los fines que la dictadura quería. Se cuestionó durante mucho tiempo el capítulo económico de esta constitución que le permitió al dictador Fujimori una política de venta de las empresas y recursos públicos de manera delincuencial. Citando la excelente investigación que realizó Alfonso Quiroz en su libro “Historia de la Corrupción en el Perú”, menciona, en el capítulo dedicado a la década del 90, que “La Carta de 1993 y las leyes ad hoc del ejecutivo debilitaron aún más el marco constitucional, la protección de los derechos humanos y las barreras contra la corrupción. Con la complicidad de ministros y funcionarios allegados, aproximadamente 250 decretos inconstitucionales entraron en vigor entre el 05 de abril de 1992 y el 20 de noviembre de 2000” (el resaltado es nuestro).

La caída de Fujimori y Montesinos en el 2000 no significó la caída de esta Constitución. Pese a esfuerzos iniciales del entonces presidente interino Valentín Paniagua que formó una comisión para establecer las bases de una reforma Constitucional del Perú, esta no se pudo dar. Carlos Ramos, del Centro de Estudios Constitucionales, afirmó en el 2017 que “Varios presidentes anunciaron ese deseo. Desde Alejandro Toledo, pasando por Alan García y Ollanta Humala. Una vez que advirtieron que la Constitución del 93 era un instrumento útil para el presidente de la República -porque fue diseñada en términos Semipresidencialistas- resultaba una promesa que no se podía cumplir”.

Marco jurídico que promueve la corrupción

En general gran parte del Marco Jurídico, sobre todo el que abría la puerta para la corrupción, fue cuestionado al finalizar la dictadura. Hemos dicho en otros artículos que el regreso a la democracia en el año 2000 no significó un corte radical con las normas del Estado que había construido la dictadura, y que basta con revisar el informe de la Comisión que investigó los delitos económicos del fujimorismo para darse cuenta que poco caso se hizo a sus conclusiones y sus recomendaciones, que pedía fundamentalmente la revisión integral, por parte del Congreso de la República, de la legislación y normas reglamentarias referidas al proceso de privatización. Basta recordar, acudiendo nuevamente al estudio de Quiroz, que “se ha estimado que el costo medio anual de la corrupción durante el régimen de Fujimori fue entre 14000 y 20000 millones de dólares” cifras que evidencian el nivel de corrupción del fujimorismo y que estaba directamente relacionado con un tejido perverso al interior del propio Estado, del cual no hemos podido sacudirnos.

En los 18 años posteriores a la caída de la dictadura ha sido muy recurrente, aunque cada vez con menos énfasis, la idea de un fujimorismo sin Fujimori, aludiendo a una lógica del neoliberalismo con un Estado reducido y enormes beneficios a los grandes negocios. Por eso subsistieron las modalidades de las Alianzas Público-Privadas, Obras por impuestos y licitaciones negociadas, adendas incluidas, que han sido en gran medida las formas en las que se promovió la corrupción durante casi veinte años de democracia. El año 2015 el entonces contralor Edgar Alarcón afirmaba que el costo de la corrupción en el Perú ascendía a 12600 millones de soles; sin embargo, Proética calculó que el impacto total de los efectos anuales de la corrupción llegaba hasta los 36800 millones de soles. Las formas de la dictadura se mantienen al interior del Estado.

República empresarial y Estado represor

Quiroz no solo analiza la corrupción al interior del Estado, sino que señala también la alianza entre el Estado y el sector privado para indicar que durante la dictadura “estos intereses privados buscaron activamente favores y protecciones especiales, se opusieron a regulaciones efectivas y formaron parte en redes de corrupción encubiertas (…) Las reformas neoliberales emprendidas bajo Fujimori no tuvieron como resultado reglas de mercado claras. Sectores clave de la economía liberalizada se expusieron a retorcidas autoridades en colusión con intereses privados. Algunas compañías nacionales y extranjeras aceptaron y ensalzaron estas circunstancias de juego sucio sin principios”. ¿No explica esto por qué la CONFIEP no se sonroja cuando, empujado por las declaraciones de Barata, tiene que aceptar que “juntaron dos milloncitos para hacer campaña en favor del sistema de mercado” durante la campaña electoral del 2011 y que obviamente servía para apoyar la campaña de Keiko Fujimori, hija del dictador que tantos beneficios le entregó al gremio empresarial?

Se explica también, que esta relación Estado-Empresa nacida en la dictadura sostenga situaciones tan difíciles de entender como las exoneraciones tributarias de las que gozan casinos, bancos y seguros, universidades privadas, agroexportadoras, mineras; y que, según indicó en el 2017 el economista Pedro Francke con datos amparados en la SUNAT, suman montos de hasta 15493 millones de soles que deja de percibir el Estado peruano. El sociólogo Francisco Durand ha llamado a esta relación como la implantación de una República empresarial.

La dictadura no solo promovió beneficios económicos excesivos para el sector privado, sino que también promovió que el propio Estado adquiera una naturaleza de enfrentamiento con sectores sociales que por una u otra razón reclaman o denuncian la vulneración de sus derechos colectivos. Figuras como la criminalización de la protesta, los convenios entre el Ministerio del Interior y empresas extractivas, las declaraciones de Estados de emergencia preventivo, son figuras que hoy en día vienen siendo denunciadas por organizaciones de Derechos Humanos por su carácter represor y antidemocrático.  Recientemente, el 04 de abril, la organización derechos humanos sin fronteras denunció que policías y trabajadores de la minera Glencore agredieron a mujeres campesinas en Espinar que se niegan a vender sus terrenos para la explotación minera; prácticas que no son nuevas y que nos recuerdan a las constantes violaciones a la integridad de Máxima Acuña en Cajamarca, o de comuneros en la marcha en rechazo al proyecto minero Río Blanco el 2005. Todos estos hechos muestran una peligrosa relación entre la policía y empresas extractivas que se remontan a decretos supremos dados durante el gobierno de Fujimori, desde el reglamento de servicios de seguridad privada, y que se han ido variando, pero manteniendo hasta hoy, que, según datos revelados por el Instituto de Defensa Legal, existen hasta febrero de este año 146 convenios de este tipo.

El último 05 de abril se han cumplido 26 años desde que Fujimori dio un autogolpe de Estado e implantó su dictadura hasta el año 2000. Hoy Fujimori está libre por un indulto presidencial a todas luces tramposo e injusto, pero lo peor de todo es que la naturaleza misma de su dictadura ha sobrevivido dieciocho años después de la caída de su régimen.