Comunidades campesinas reafirman rechazo a Río Blanco QUE SE RESPETE LA CONSULTA VECINAL DEL 2007

Por: Henry Córdova Bran

Hace once años tuve la ocasión de cubrir, en Ayabaca, la consulta vecinal sobre la aprobación o rechazo al proyecto minero Majaz, hoy Río Blanco. Un contundente rechazo del 95% cerró una de las jornadas de expresión democrática y participativa más importantes de nuestra historia. Hoy las comunidades campesinas de la sierra norte del Perú vuelven a expresar su rechazo al proyecto y al gobierno que la apoya.

Más de 200 dirigentes de comunidades campesinas y rondas campesinas de las provincias de Ayabaca y Huancabamba y representantes de organizaciones campesinas de los valles de San Lorenzo, del bajo Piura y de la Federación Regional Agraria de Piura y Tumbes; se reunieron el sábado 24 de febrero en Ayabaca, convocados por la Central de Rondas Campesinas, el colectivo por Ayabaca y el Frente de Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte para participar en el “Encuentro de autoridades ronderiles, comunales, locales regionales y nacionales por la defensa del agua y la vida”.

A este encuentro fueron invitadas autoridades del nivel nacional, especialmente el Ministro de Agricultura y la Ministra de Energía y Minas quienes no asistieron, ni enviaron a ningún funcionario de sus respectivas carteras. También fueron invitados los 7 congresistas de Piura, sin embargo, solo asistió el congresista Hernando Cevallos Flores del Frente Amplio y se contó con la participación de la congresista de la Región Ayacucho Tania Pariona Tarqui de Nuevo Perú.

Al iniciar el encuentro se dio a conocer una carta enviada por el Ministerio de Energía y Minas en el que, además de excusar su participación, informaba que “actualmente, la Compañía Minera Río Blanco, no realiza actividades mineras y no tiene autorizaciones ni permisos aprobados ni en trámite para exploración/explotación”. En el documento se menciona que Río Blanco solo tiene un plan de Remediación de áreas impactadas por labores realizadas hace 8 años.

Carácter vinculante para la consulta vecinal del 2007

La consulta vecinal realizada el 2007 en los distritos de Pacaipampa, Ayabaca y Carmen de la Frontera fue la respuesta que las comunidades y rondas campesinas dieron a las pretensiones de implementar un proyecto minero en los territorios de las comunidades de Segunda y Cajas (Huancabamba) y Yanta (Ayabaca). Magdiel Carrión, presidente del Frente de Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte recordó que el conflicto con el proyecto minero se inició desde 2004 en que una delegación de comuneros en el mes de abril realizó la primera movilización hacia el campamento. En Julio del 2005 se realizó una segunda movilización hacia el campamento y posteriormente la marcha de sacrificio hacia Piura. Estas acciones dejaron el trágico saldo de dos ronderos muertos, centenares de heridos y más de veinte personas fueron secuestradas y torturadas por fuerzas de seguridad de la empresa minera.

Olivares Gonza, del Colectivo por Ayabaca, mencionó que desde el 2003 las comunidades campesinas de la sierra de Piura han denunciado que la presencia de la empresa minera en sus tierras es ilegal, ya que “no cuenta con la autorización del voto aprobatorio de los dos tercios de la asamblea comunal, situación que fue corroborada por la Defensoría del Pueblo en un informe del año 2006”.

Tras las movilizaciones de los años 2004 y 2005, se inició un proceso de diálogo con autoridades regionales y nacionales que fracasó en mayo del 2006. Este hecho llevó a las comunidades campesinas a recurrir a sus gobiernos locales para que implementen un mecanismo de participación ciudadana que ponga en consulta a la población sobre el desarrollo de actividades mineras en su territorio. Para Olivares Gonza el rotundo rechazo de la población expresada en la consulta vecinal del 2007 significa una apuesta por un modelo de desarrollo sostenible “el no (95% de la población votó por no permitir actividades mineras en sus territorios) para una región como Piura significa no aceptar un escenario de alto riesgo para las nacientes de agua que discurren desde las alturas y pasan por los valles hasta las ciudades de las que dependen nuestra economía y salud pública”. Destacó además que la consulta vecinal fue declarada como legítima por la Defensoría del Pueblo y contó con la participación de la Asociación Civil Transparencia y más de 22 observadores internacionales.

Hoy la preocupación vuelve a instalarse entre los comuneros de la sierra de Piura. Hace más de un año el gobierno peruano suscribió convenios y memorandos de entendimientos con el gobierno chino en el marco de la 24° Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC en el 2016. Uno de estos convenios es el de promoción del proyecto minero río Blanco con el consorcio Xiamen Zijin Togguan Investmen Development Corporation, en el que se señala que “la explotación de este recurso sería muy beneficiosa para el desarrollo de la región Piura”.

Frente a este riesgo los representantes de las comunidades y rondas campesinas de diferentes distritos de la sierra de Piura y representantes de comunidades del medio y bajo Piura que participaron en el encuentro de Ayabaca el pasado 24 de febrero están exigiendo al gobierno de PPK y al Estado peruano que “reconozca a la consulta vecinal del 16 de setiembre del 2007 como un hecho vinculante, se declare intangible y libre de actividades extractivas los bosques de neblina y los humedales de páramos para que así se nos devuelva la tranquilidad y seguridad a nuestros territorios”. Los congresistas y autoridades regionales y locales presentes acordaron respaldar este pedido en las instancias correspondientes.

Las normas que amenazan a los territorios comunales

Javier Hancke, especialista en temas ambientales y miembro de la Red Muqui alertó sobre un marco normativo cada vez más accesible para facilitar los proyectos extractivos en el Perú. Uno de ellos es el proyecto de Ley 1910 que tiene un solo artículo y que apunta a la descomposición de los territorios comunales mediante la titulación individual, proyecto que ya tiene el rechazo de las comunidades campesinas en la región (nos ocuparemos de este tema en el próximo artículo).

Pero Javier Hancke alerta sobre normas ya existentes “El DL 1910 está vinculado con todo el marco normativo que existe. EL gran riesgo con el decreto vigente 333 que da una serie de favores para eliminar garantías a las tierras de las comunidades que es complementario a la ley 30230 y a la ley 30327 que son una serie de normas que favorecen el acceso a las tierras de las comunidades. Pasando por el solo hecho de tener una concesión la empresa puede solicitar el saneamiento físico legal y si una comunidad no tiene título de propiedad o tiene título de propiedad con dificultades y si el Estado lo declara no hábil esas tierras retornan al Estado. Eso está vinculado por ejemplo con normas que se dieron el año pasado y que facilitan el acceso a aprobaciones ambientales del Ministerio de Energía y Minas sin pasar por estudios de impacto ambiental, y el año pasado el Ministerio del Ambiente dictó una resolución ministerial que estableció límites para los proyectos que pidan EIA y ya no necesitan de EIA y ahora a partir de plataformas de perforación cuando son hasta 20 plataformas ahora estás exonerados de EIA sin ningún sustento, qué va a hacer la minera, proyectos más pequeños para saltar esa norma y luego van a pedir ampliaciones, y hay otra norma que facilita y ha reducido a 50 metros la zona límite para exploración que establecen las áreas protegidas sin ningún mecanismo que explique esa reducción”.