5 DE ABRIL, LO QUE NOS QUEDA DE LA DICTADURA

Por: Henry Córdova Bran

El 5 de abril de 1992 Alberto Fujimori, elegido presidente constitucional dos años antes, realizó un golpe de Estado con la finalidad de cerrar el Congreso, a partir del cual, no solo instauró una de las dictaduras cívico-militares más duras y corruptas, capturó las instituciones del Estado y pervirtió la democracia; quizá lo peor de esa dictadura es que, más allá de las formalidades constitucionales, seguimos conviviendo con ella.

Una constitución hija de la dictadura

De la dictadura nos queda sobre todo la Constitución que redactó el Congreso Constituyente Democrático (CCD) -Congreso a la medida de Fujimori- en el año 1993 y que se elaboró para los fines que la dictadura quería. Se cuestionó durante mucho tiempo el capítulo económico de esta constitución que le permitió al dictador Fujimori una política de venta de las empresas y recursos públicos de manera delincuencial. Citando la excelente investigación que realizó Alfonso Quiroz en su libro “Historia de la Corrupción en el Perú”, menciona, en el capítulo dedicado a la década del 90, que “La Carta de 1993 y las leyes ad hoc del ejecutivo debilitaron aún más el marco constitucional, la protección de los derechos humanos y las barreras contra la corrupción. Con la complicidad de ministros y funcionarios allegados, aproximadamente 250 decretos inconstitucionales entraron en vigor entre el 05 de abril de 1992 y el 20 de noviembre de 2000” (el resaltado es nuestro).

La caída de Fujimori y Montesinos en el 2000 no significó la caída de esta Constitución. Pese a esfuerzos iniciales del entonces presidente interino Valentín Paniagua que formó una comisión para establecer las bases de una reforma Constitucional del Perú, esta no se pudo dar. Carlos Ramos, del Centro de Estudios Constitucionales, afirmó en el 2017 que “Varios presidentes anunciaron ese deseo. Desde Alejandro Toledo, pasando por Alan García y Ollanta Humala. Una vez que advirtieron que la Constitución del 93 era un instrumento útil para el presidente de la República -porque fue diseñada en términos Semipresidencialistas- resultaba una promesa que no se podía cumplir”.

Marco jurídico que promueve la corrupción

En general gran parte del Marco Jurídico, sobre todo el que abría la puerta para la corrupción, fue cuestionado al finalizar la dictadura. Hemos dicho en otros artículos que el regreso a la democracia en el año 2000 no significó un corte radical con las normas del Estado que había construido la dictadura, y que basta con revisar el informe de la Comisión que investigó los delitos económicos del fujimorismo para darse cuenta que poco caso se hizo a sus conclusiones y sus recomendaciones, que pedía fundamentalmente la revisión integral, por parte del Congreso de la República, de la legislación y normas reglamentarias referidas al proceso de privatización. Basta recordar, acudiendo nuevamente al estudio de Quiroz, que “se ha estimado que el costo medio anual de la corrupción durante el régimen de Fujimori fue entre 14000 y 20000 millones de dólares” cifras que evidencian el nivel de corrupción del fujimorismo y que estaba directamente relacionado con un tejido perverso al interior del propio Estado, del cual no hemos podido sacudirnos.

En los 18 años posteriores a la caída de la dictadura ha sido muy recurrente, aunque cada vez con menos énfasis, la idea de un fujimorismo sin Fujimori, aludiendo a una lógica del neoliberalismo con un Estado reducido y enormes beneficios a los grandes negocios. Por eso subsistieron las modalidades de las Alianzas Público-Privadas, Obras por impuestos y licitaciones negociadas, adendas incluidas, que han sido en gran medida las formas en las que se promovió la corrupción durante casi veinte años de democracia. El año 2015 el entonces contralor Edgar Alarcón afirmaba que el costo de la corrupción en el Perú ascendía a 12600 millones de soles; sin embargo, Proética calculó que el impacto total de los efectos anuales de la corrupción llegaba hasta los 36800 millones de soles. Las formas de la dictadura se mantienen al interior del Estado.

República empresarial y Estado represor

Quiroz no solo analiza la corrupción al interior del Estado, sino que señala también la alianza entre el Estado y el sector privado para indicar que durante la dictadura “estos intereses privados buscaron activamente favores y protecciones especiales, se opusieron a regulaciones efectivas y formaron parte en redes de corrupción encubiertas (…) Las reformas neoliberales emprendidas bajo Fujimori no tuvieron como resultado reglas de mercado claras. Sectores clave de la economía liberalizada se expusieron a retorcidas autoridades en colusión con intereses privados. Algunas compañías nacionales y extranjeras aceptaron y ensalzaron estas circunstancias de juego sucio sin principios”. ¿No explica esto por qué la CONFIEP no se sonroja cuando, empujado por las declaraciones de Barata, tiene que aceptar que “juntaron dos milloncitos para hacer campaña en favor del sistema de mercado” durante la campaña electoral del 2011 y que obviamente servía para apoyar la campaña de Keiko Fujimori, hija del dictador que tantos beneficios le entregó al gremio empresarial?

Se explica también, que esta relación Estado-Empresa nacida en la dictadura sostenga situaciones tan difíciles de entender como las exoneraciones tributarias de las que gozan casinos, bancos y seguros, universidades privadas, agroexportadoras, mineras; y que, según indicó en el 2017 el economista Pedro Francke con datos amparados en la SUNAT, suman montos de hasta 15493 millones de soles que deja de percibir el Estado peruano. El sociólogo Francisco Durand ha llamado a esta relación como la implantación de una República empresarial.

La dictadura no solo promovió beneficios económicos excesivos para el sector privado, sino que también promovió que el propio Estado adquiera una naturaleza de enfrentamiento con sectores sociales que por una u otra razón reclaman o denuncian la vulneración de sus derechos colectivos. Figuras como la criminalización de la protesta, los convenios entre el Ministerio del Interior y empresas extractivas, las declaraciones de Estados de emergencia preventivo, son figuras que hoy en día vienen siendo denunciadas por organizaciones de Derechos Humanos por su carácter represor y antidemocrático.  Recientemente, el 04 de abril, la organización derechos humanos sin fronteras denunció que policías y trabajadores de la minera Glencore agredieron a mujeres campesinas en Espinar que se niegan a vender sus terrenos para la explotación minera; prácticas que no son nuevas y que nos recuerdan a las constantes violaciones a la integridad de Máxima Acuña en Cajamarca, o de comuneros en la marcha en rechazo al proyecto minero Río Blanco el 2005. Todos estos hechos muestran una peligrosa relación entre la policía y empresas extractivas que se remontan a decretos supremos dados durante el gobierno de Fujimori, desde el reglamento de servicios de seguridad privada, y que se han ido variando, pero manteniendo hasta hoy, que, según datos revelados por el Instituto de Defensa Legal, existen hasta febrero de este año 146 convenios de este tipo.

El último 05 de abril se han cumplido 26 años desde que Fujimori dio un autogolpe de Estado e implantó su dictadura hasta el año 2000. Hoy Fujimori está libre por un indulto presidencial a todas luces tramposo e injusto, pero lo peor de todo es que la naturaleza misma de su dictadura ha sobrevivido dieciocho años después de la caída de su régimen.

NO MAS DESPRECIO A LAS COMUNIDADES AMAZONICAS

Los pueblos indígenas de la Federación de las 5 Cuencas, de los ríos Corrientes, Tigre, Pastaza, Marañón y Chambira, de Loreto, ante la omisión por parte del presidente de la república Martín Vizcarra de su grave problemática y en general de la Amazonía y los pueblos indígenas amazónicos, han emitido el siguiente pronunciamiento que se envía para su difusión, por lo que se agradece de antemano.

COMUNICADO

Las comunidades CINCO CUENCAS amazónicas, luego de haber escuchado el discurso inaugural del presidente Martín Vizcarra y frente a la situación crítica de nuestro país, manifestamos lo siguiente:

1.    Si bien reconocemos los propósitos del nuevo Presidente en materia de lucha contra la corrupción, por transparencia, desarrollo de salud, empleo, seguridad ciudadana, infraestructura sostenible, reconstrucción del norte del país, economía, y estabilidad institucional, debemos señalar nuestra preocupación por no mencionar a los pueblos indígenas, y la Amazonía, nuestro hábitat ancestral.

2.    Desde hace más de 10 años las organizaciones indígenas de los lotes petroleras más importantes y antiguos del país –lotes 192 y 8- vienen exigiendo respeto a sus derechos frente a la impunidad de más de décadas de actividad petrolera en su territorio.

3.    El Estado Peruano solo se centró en mitigar la conflictividad social, y nunca resolvió la problemática de fondo. Hasta la fecha ningún gabinete ha cumplido con los sinnúmeros de acuerdos y actas firmados con nuestros pueblos. Asimismo existe un listado de compromisos por cumplir de los Acuerdos de Saramuro/Saramurillo, y una hoja de ruta (Acta de Nauta) que señala una vez más plazos para su cumplimiento.

4.    Por ello seguimos a la espera del cumplimiento de los compromisos, y solicitamos al Presidente que conozca del desastre que ha ocurrido y sigue ocurriendo en nuestras tierras tras más de 4 décadas de actividad petrolera. Los daños son irreversibles e incuantificables.

5.    En ese sentido es revelador y emblemático lo que señala la Comisión Investigadora por los Derrames de Petróleo en el Oleoducto Norperuano - Congreso de la Republica, en su Informe Final de Noviembre de 2017”, (p.368-369) sobre que el Estado (diferentes instituciones y niveles) “…evidencia un aparente desprecio hacia las comunidades indígenas amazónicas, al actuar frente a los problemas suscitados con medidas negligentes, ineficientes, improvisadas, antitécnicas, antieconómicas e insostenibles, generando un clima de desconfianza y fastidio propicio para que emerjan conflictos sociales de gran envergadura, que podrían poner en enorme peligro la vida, los derechos y el desarrollo de dichas poblaciones.”  

6.    El modelo de dialogo que se exigió en Saramurillo fue un dialogo intercultural político en nuestro territorio. Hacemos acordar que eso solo puede funcionar cuando haya voluntad y decisión política.

7.    Al Congreso de la República, exigimos asumir las responsabilidades de los Acuerdos de Saramurillo y el Acta de Nauta, abriendo un debate serio respecto a la viabilidad y seguridad integral de la actividad petrolera en la Amazonia y la matriz energética del país en general.

8.    Ante todo ello hacemos un llamado a toda la sociedad civil a la  verdadera unidad. Frente a la situación política actual, a los pueblos del Perú, y particularmente a los pueblos amazónicos, nos urge organizarnos y re organizarnos.

¡Loreto es tierra indígena, no más políticas de desprecio hacia la Amazonia!

Iquitos, 26 de marzo de 2018

LA INDEPENDENCIA Y EL PERÚ DE NUESTROS DÍAS

Por: Henry Córdova Bran

Hace algunas semanas empecé a preparar un libro sobre la Independencia del Perú y la participación de la prensa en medio de ese proceso. El período de la Emancipación se entiende como una serie de hechos iniciados en 1780 con la rebelión de Túpac Amaru II y culmina con la capitulación de Ayacucho en 1824. Durante esos cuarenta y cuatro años se vivió un permanente estado de tensión política entre sectores sociales que se debatían entre los fidelistas, fieles a la autoridad de la monarquía; los reformistas, que bajo el principio de “viva el rey, muera el mal gobierno” buscaban, sin desconocer la autoridad del rey, mejores condiciones para los ciudadanos americanos frente a los privilegios de los funcionarios españoles y las injusticias de los chapetones; y los rupturistas, que buscaban abiertamente la separación de la monarquía y promovían las ideas independentistas. Tras la gran rebelión de Túpac Amaru, contemporánea a la liderada por Tomás Catari en la actual Bolivia, se sucedieron en el siglo XIX rebeliones como Zela en Tacna en 1811, la de Huánuco de 1812, la de los hermanos Angulo en Cusco de 1814, entre otras acciones y conspiraciones.

En medio de este acercamiento personal de este estudio particular, asistimos a la crisis actual de la política en nuestro país. No puedo evitar, por eso, pensar que a puertas del bicentenario de la República se hace necesario profundizar las reflexiones sobre el Perú que tenemos y el Perú que queremos.

Hay una sensación de asco en la sociedad peruana por los actos de corrupción y porque, a donde quiera que uno vea, solo ve el pus que denunciara Gonzáles Prada hace casi cien años. Asco e indignación hoy por los políticos de prebenda, como indignación se sentía en los tiempos finales del virreinato por los excesos de los funcionarios y la mala administración; indignación por los dirigentes políticos que hemos tenido, sobre todo a lo largo de los últimos 17 años de aparente democracia, “Que se vayan todos” exige más del 50% de la sociedad peruana, en ese “todos” entran el gobierno y el parlamento, tan resistidos y rechazados hoy como los “chapetones” de la época del virrey Abascal.

Casi trescientos años de colonia terminaron por volver insostenible un Estado monárquico que se debatía en su propia crisis en la lejana península. Hoy ya no es rara la afirmación de que tuvimos una independencia inconclusa, una República inacabada, la vieja frase de Vasconcelos “los indios hicieron la conquista, los españoles la independencia” ponía el acento en el hecho de que las guerras de independencia fueron capituladas por criollos de cada una las nacientes repúblicas, muchos de ellos incluso habían sido fidelistas o reformistas en los años previos a la llegada de San Martín y Bolívar, y terminaron ocupando cargos de dirección como Torre Tagle, Unanue, entre otros.

La herencia de nuestro Estado actual viene de esas raíces. Sin embargo, la marcha de la historia nunca es inmóvil. En doscientos años hemos arribado, sin concluirla, a una comprensión más cabal de lo peruano, de lo criollo, de lo andino, de lo amazónico; y ese conocimiento acumulado debería llevarnos a una idea sobre el Perú distinta a la que hoy domina y que ha generado la podredumbre que desde hace décadas nos estalla en la cara, cada vez con más infamia, con más mugre y descaro.

La crisis y la salida constitucional

El desenlace de este capítulo de la crisis política del Perú de los últimos años parece cerrarse con la renuncia -aplazada casi sin sentido- de Kuczynski el último miércoles, y que seguramente el Congreso de la República aceptará hoy en su sesión del pleno programada para la tarde. Desde que se hizo pública la renuncia de PPK, victimizándose y sin admitir culpa alguna, empezó el desfile de posiciones, comentarios, sobre “¿y ahora qué?”. La clase política, los principales periodistas y líderes de opinión apelan, como no podía ser de otro modo, a la salida constitucional de la crisis y afirman que es una crisis presidencial, que debe resolverse con la toma de mando de Martín Vizcarra, un pacto político con las principales fuerzas de representación nacional (es decir las que están representadas en el Congreso) y que se le de viabilidad al gobierno para que culmine el período hasta el 2021.

Otros, que prestan tímidamente oídos a la exigencia de la gente “que se vayan todos” imaginan la ruta constitucional de esa exigencia: solo si Vizcarra y Aráoz se negaran a asumir la presidencia y el actual presidente del Congreso, es decir el impresentable señor Galarreta, antes feroz crítico del fujimorismo convertido ahora en escudero casi favorito de la cuestionada señora Fujimori; solo así se podría convocar a nuevas elecciones para el ejecutivo y para el parlamento. El coro común levanta la voz en favor de una salida democrática a la crisis en aras de la reactivación económica, de no detener y reimpulsar nuestro crecimiento marca Perú. En lo personal, hay más de una interrogante que asalta en estas posiciones.

Apelando al sano derecho del delirio

Ya no se puede afirmar que esta sea solo una crisis presidencial. Es una crisis de Estado. ¿qué demuestran los kenji o Keiko vídeos sino la existencia de un Estado de prebendas? ¿sorprende en algo? ¿no se sabía acaso que, en los ministerios, sobre todo en el de Vivienda y Construcción y en el MEF se concentran la mayor parte de funcionarios que corrompen y deciden casi a discreción las obras públicas? ¿no es para eso que los alcaldes y gobernadores regionales desfilan en los ministerios con sus expedientes bajo el brazo, mientras ven como, los buenos con impotencia, los corruptos con simpatía, son abordados por tramitadores que no tienen otro lenguaje que el “diezmo”? ¿No fue para eso que se echó por la borda la descentralización en el gobierno de García? se va PPK pero queda todo el aparato del todopoderoso MEF para continuar la faena, se sentará en palacio Vizcarra ¿para gobernar con este Estado, con este parlamento que hiede a fujimorismo extendido? ¿Convocar a elecciones con un sistema electoral tramposo y que no será reformado por este Congreso y en el que participaría el mismo elenco cuestionado con un sistema de partidos caduco?

Eduardo Galeano nos enseñó a hacer ejercicio del “derecho al delirio” y quiero permitirme esa licencia: No merecemos acaso una segunda República, pensar que, de la reserva moral de las multitudes indignadas, liderada por la efervescencia creadora de la juventud, se niegue toda continuidad del lastre y de la infamia, para que el “que se vayan todos” sea el premio a la dignidad de los “nadies” y no una salida constitucional amparada en una constitución parida en una dictadura. Cansados de resignarnos a elegir el “mal menor” y frente a la descomposición del sistema de partidos, organicemos un período de transición a esa segunda República en el cual se convoque a una “Junta de Notables”, peruanistas, sociólogos, antropólogos, historiadores, economistas, juristas,  a los que deberían sumarse representantes de los diferentes pueblos que conforman el carácter plurinacional de nuestra patria, cuyos aportes de conocimiento milenario necesitamos tanto; esto claramente significaría que la presidencia de la República queda “suspendida en su ejercicio” y el Congreso de la República “se declara en receso” cómo ya se hizo en 1823, no para darle plenos poderes a un Bolívar, como sucedió entonces, sino a esta junta de notables. Nos serviría esta transición para reformar el sistema educativo, el sistema de Justicia, sacar la basura de la televisión y democratizar los medios de comunicación. Dirán los Abascal de nuestro tiempo, es decir, los Salaverry y compañía, vestidos de demócratas en defensa de la institucionalidad, que eso no es posible y el Perú dirá que sí lo es.

En fin, el ejercicio de este derecho sea acaso y finamente la invitación a nuevos delirios que se puedan debatir en los más amplios y variados espacios como sean posibles, buscando un Perú que, definitivamente, no es este.    

ME SIENTO FELIZ DE REPRESENTAR A MI COMUNIDAD

Por: Henry Córdova Bran

Emperatriz Campos Torres, vicepresidenta del área de conservación privada y bosques montanos y páramos Chicuate - Chinguelas de la comunidad Segunda y Cajas, es una mujer comunera de 47 años, tiene 5 hijos y los últimos 27 años los ha pasado participando activamente en su comunidad ganándose el derecho de representarla y ser una lideresa.

Emperatriz llegó a la provincia de Ayabaca el pasado 24 de febrero para participar junto con una delegación de comuneros y comuneras de Huancabamba del “Encuentro de autoridades ronderiles, comunales, locales regionales y nacionales por la defensa del agua y la vida” en el que más de 200 dirigentes de comunidades y rondas campesinas volvieron a expresar su rechazo al proyecto minero Río Blanco.

Durante el encuentro, Emperatriz tomó la palabra para expresar lo que su comunidad ha decidido.

“nosotras como mujeres vamos a defender el honor de nuestras comunidades y de la mujer andina, yo como mujer representante de mi comunidad voy a exigir que se respete el derecho consuetudinario de nuestras comunidades, llévenle el mensaje al presidente Kuczynski que la mina Río Blanco no va en nuestra comunidad. En nuestras cordilleras de bosques y páramos nacen las vertientes del río Shimbe, del río Chinguelas, de Río Blanco, de la quebrada El Gallo, del río Quiroz, entonces qué ¿el señor gobierno piensa pasar por encima de todo? Qué no venga a atropellar nuestros derechos como comunidades, nosotros como comunidades, mientras no tenga el permiso y la licencia social de las comunidades, no va Río Blanco, nosotros como comunidades tenemos nuestra máxima autoridad que es la asamblea general y si la asamblea general dice no va, no va. ¿por qué no ha venido la ministra de energía y minas? Los esperamos en nuestra comunidad de Segunda y Cajas”.

Escuchando a Emperatriz dirigirse a la asamblea con firmeza y con la certeza de conocer lo que argumentaba, en una sala en la que la mayoría de dirigentes comuneros eran varones, nos mostraba la capacidad de una mujer que se había ganado el liderazgo a pulso. Luego pudimos conocerla un poco más. La firmeza para defender sus argumentos se mezclaba con la amabilidad de su trato, una mujer comunera como ella misma se definía, que no se siente menos que sus compañeros comuneros que la acompañaban.

Emperatriz nació y creció en la comunidad campesina de Segunda y Cajas en la provincia de Huancabamba, y es consiente de que su vida y la vida de su familia está vinculada a su territorio. Como ella expresa “Una mujer campesina, para nosotras nuestras tierras y nuestra agua es la prioridad por que con eso llevamos el pan a nuestras familias, una mujer como yo que he trabajado duro gracias a las tierras y al agua que tenemos, soy orgullosa de sacar a mis 5 hijos adelante, estoy educándolos gracias a mis tierras”.

Emperatriz afirma también que ella y todas las mujeres de su comunidad reconocen el valor milenario de su comunidad “como personas y como mujeres valoramos nuestras tierras, lo que nos han dejado nuestros ancestros y por eso cuidamos a capa y espada lo que nos han dejado”, dice y sus palabras adquieren un tono de respeto como una reafirmación del vínculo con sus antepasados.

Pese al duro trabajo diario que implica levantarse desde muy temprano para las labores del campo y la atención de sus cinco hijos, Emperatriz lleva 27 años participando activamente como lideresa de su comunidad. Cuando le consultamos desde cuándo empezó a participar en las asambleas y hacerse escuchar, hace una pausa y nos dice con satisfacción que desde que tenía 20 años su participación se hizo activa y desde entonces no ha parado “yo como persona mi comunidad me acepta, me reclama, me elige y yo me siento feliz representando a mi comunidad y a mis mujeres huancabambinas comuneras. La mujer huancabambina de Segunda y Cajas le gusta participar abiertamente”.

Este 08 de marzo Emperatriz representará a la mujer comunera de su comunidad y de Huancabamba en un acto de reconocimiento por el Día internacional de la Mujer, que se realizará en Piura. Antes de despedirse de nosotros nos hace la invitación de ir a Segunda y Cajas, de conocer en el lugar como es la vida de la comunidad como una manera de entender y comprender por qué ese vínculo con su territorio es más que económica y social, sino que tiene profundas raíces culturales y que es algo que espera transmitir a sus hijos y las generaciones futuras.

Comunidades campesinas reafirman rechazo a Río Blanco QUE SE RESPETE LA CONSULTA VECINAL DEL 2007

Por: Henry Córdova Bran

Hace once años tuve la ocasión de cubrir, en Ayabaca, la consulta vecinal sobre la aprobación o rechazo al proyecto minero Majaz, hoy Río Blanco. Un contundente rechazo del 95% cerró una de las jornadas de expresión democrática y participativa más importantes de nuestra historia. Hoy las comunidades campesinas de la sierra norte del Perú vuelven a expresar su rechazo al proyecto y al gobierno que la apoya.

Más de 200 dirigentes de comunidades campesinas y rondas campesinas de las provincias de Ayabaca y Huancabamba y representantes de organizaciones campesinas de los valles de San Lorenzo, del bajo Piura y de la Federación Regional Agraria de Piura y Tumbes; se reunieron el sábado 24 de febrero en Ayabaca, convocados por la Central de Rondas Campesinas, el colectivo por Ayabaca y el Frente de Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte para participar en el “Encuentro de autoridades ronderiles, comunales, locales regionales y nacionales por la defensa del agua y la vida”.

A este encuentro fueron invitadas autoridades del nivel nacional, especialmente el Ministro de Agricultura y la Ministra de Energía y Minas quienes no asistieron, ni enviaron a ningún funcionario de sus respectivas carteras. También fueron invitados los 7 congresistas de Piura, sin embargo, solo asistió el congresista Hernando Cevallos Flores del Frente Amplio y se contó con la participación de la congresista de la Región Ayacucho Tania Pariona Tarqui de Nuevo Perú.

Al iniciar el encuentro se dio a conocer una carta enviada por el Ministerio de Energía y Minas en el que, además de excusar su participación, informaba que “actualmente, la Compañía Minera Río Blanco, no realiza actividades mineras y no tiene autorizaciones ni permisos aprobados ni en trámite para exploración/explotación”. En el documento se menciona que Río Blanco solo tiene un plan de Remediación de áreas impactadas por labores realizadas hace 8 años.

Carácter vinculante para la consulta vecinal del 2007

La consulta vecinal realizada el 2007 en los distritos de Pacaipampa, Ayabaca y Carmen de la Frontera fue la respuesta que las comunidades y rondas campesinas dieron a las pretensiones de implementar un proyecto minero en los territorios de las comunidades de Segunda y Cajas (Huancabamba) y Yanta (Ayabaca). Magdiel Carrión, presidente del Frente de Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte recordó que el conflicto con el proyecto minero se inició desde 2004 en que una delegación de comuneros en el mes de abril realizó la primera movilización hacia el campamento. En Julio del 2005 se realizó una segunda movilización hacia el campamento y posteriormente la marcha de sacrificio hacia Piura. Estas acciones dejaron el trágico saldo de dos ronderos muertos, centenares de heridos y más de veinte personas fueron secuestradas y torturadas por fuerzas de seguridad de la empresa minera.

Olivares Gonza, del Colectivo por Ayabaca, mencionó que desde el 2003 las comunidades campesinas de la sierra de Piura han denunciado que la presencia de la empresa minera en sus tierras es ilegal, ya que “no cuenta con la autorización del voto aprobatorio de los dos tercios de la asamblea comunal, situación que fue corroborada por la Defensoría del Pueblo en un informe del año 2006”.

Tras las movilizaciones de los años 2004 y 2005, se inició un proceso de diálogo con autoridades regionales y nacionales que fracasó en mayo del 2006. Este hecho llevó a las comunidades campesinas a recurrir a sus gobiernos locales para que implementen un mecanismo de participación ciudadana que ponga en consulta a la población sobre el desarrollo de actividades mineras en su territorio. Para Olivares Gonza el rotundo rechazo de la población expresada en la consulta vecinal del 2007 significa una apuesta por un modelo de desarrollo sostenible “el no (95% de la población votó por no permitir actividades mineras en sus territorios) para una región como Piura significa no aceptar un escenario de alto riesgo para las nacientes de agua que discurren desde las alturas y pasan por los valles hasta las ciudades de las que dependen nuestra economía y salud pública”. Destacó además que la consulta vecinal fue declarada como legítima por la Defensoría del Pueblo y contó con la participación de la Asociación Civil Transparencia y más de 22 observadores internacionales.

Hoy la preocupación vuelve a instalarse entre los comuneros de la sierra de Piura. Hace más de un año el gobierno peruano suscribió convenios y memorandos de entendimientos con el gobierno chino en el marco de la 24° Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC en el 2016. Uno de estos convenios es el de promoción del proyecto minero río Blanco con el consorcio Xiamen Zijin Togguan Investmen Development Corporation, en el que se señala que “la explotación de este recurso sería muy beneficiosa para el desarrollo de la región Piura”.

Frente a este riesgo los representantes de las comunidades y rondas campesinas de diferentes distritos de la sierra de Piura y representantes de comunidades del medio y bajo Piura que participaron en el encuentro de Ayabaca el pasado 24 de febrero están exigiendo al gobierno de PPK y al Estado peruano que “reconozca a la consulta vecinal del 16 de setiembre del 2007 como un hecho vinculante, se declare intangible y libre de actividades extractivas los bosques de neblina y los humedales de páramos para que así se nos devuelva la tranquilidad y seguridad a nuestros territorios”. Los congresistas y autoridades regionales y locales presentes acordaron respaldar este pedido en las instancias correspondientes.

Las normas que amenazan a los territorios comunales

Javier Hancke, especialista en temas ambientales y miembro de la Red Muqui alertó sobre un marco normativo cada vez más accesible para facilitar los proyectos extractivos en el Perú. Uno de ellos es el proyecto de Ley 1910 que tiene un solo artículo y que apunta a la descomposición de los territorios comunales mediante la titulación individual, proyecto que ya tiene el rechazo de las comunidades campesinas en la región (nos ocuparemos de este tema en el próximo artículo).

Pero Javier Hancke alerta sobre normas ya existentes “El DL 1910 está vinculado con todo el marco normativo que existe. EL gran riesgo con el decreto vigente 333 que da una serie de favores para eliminar garantías a las tierras de las comunidades que es complementario a la ley 30230 y a la ley 30327 que son una serie de normas que favorecen el acceso a las tierras de las comunidades. Pasando por el solo hecho de tener una concesión la empresa puede solicitar el saneamiento físico legal y si una comunidad no tiene título de propiedad o tiene título de propiedad con dificultades y si el Estado lo declara no hábil esas tierras retornan al Estado. Eso está vinculado por ejemplo con normas que se dieron el año pasado y que facilitan el acceso a aprobaciones ambientales del Ministerio de Energía y Minas sin pasar por estudios de impacto ambiental, y el año pasado el Ministerio del Ambiente dictó una resolución ministerial que estableció límites para los proyectos que pidan EIA y ya no necesitan de EIA y ahora a partir de plataformas de perforación cuando son hasta 20 plataformas ahora estás exonerados de EIA sin ningún sustento, qué va a hacer la minera, proyectos más pequeños para saltar esa norma y luego van a pedir ampliaciones, y hay otra norma que facilita y ha reducido a 50 metros la zona límite para exploración que establecen las áreas protegidas sin ningún mecanismo que explique esa reducción”.

LOS FANTASMAS QUE VE Y QUE NO VE EL PRESIDENTE

Por: Henry Córdova Bran

El presidente Pedro Pablo Kuczynski no se da cuenta que permanece en una crisis política ocasionada por él mismo desde el inicio de su gobierno. En medio de esa crisis ha decidido culpar a los “grupos comunistas” que quieren desestabilizar el país; mientras tanto, en el Perú se mantienen problemas que el presidente no parece ver con claridad.

Después del indulto humanitario que concedió Pedro Pablo Kuczynski al dictador Alberto Fujimori, el presidente se enfrenta a tres escenarios que le son complicados: las continuas movilizaciones sociales producidas en diferentes partes del país que rechazan el indulto humanitario, la inminente decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenado la decisión del Estado peruano sobre el indulto, y un nuevo proceso de vacancia a raíz de nuevos elementos conocidos sobre sus relaciones comerciales con ODEBRECHT y sus evidentes conflictos de interés.

A esto se suma la desaprobación de su gestión entre la opinión pública que ha llegado en febrero, según la encuesta de Ipsos, a 75%, y su nivel de aprobación apenas llega a 19%. Desde el gobierno se apresuraron en intentar poner paños fríos al indulto apelando a la fórmula del “diálogo y la reconciliación nacional”; sin embargo, ni la denominación del año, ni la reconfiguración del gabinete Aráoz han tenido el resultado que el presidente esperaba, sino al parecer, todo lo contrario.

Los fantasmas del presidente

Al darse cuenta que la idea del diálogo y la reconciliación nacional no caló entre los peruanos y peruanas, y que por el contrario cayó entre la opinión pública como una burla o un desatino más en el accionar político del Ejecutivo; desde el gobierno ensayaron otra estrategia, que no siendo nueva podría generarle más réditos: acusar de todos los males a “grupos de izquierda radical” de no querer reconciliarse después del indulto, o increpar que no renunciará porque “un grupo de comunistas quiere desestabilizar el gobierno”. Asimismo, durante los últimos días, las baterías del ejecutivo enfilaron al gobierno de Venezuela para poner al Perú en medio de un bochornoso acto diplomático al invitar, primero, y luego desdecirse de esa invitación para lo que será la Cumbre de las Américas el próximo mes de abril, aun cuando diplomáticos de carrera como Oswaldo Rivero han mencionado que no es competencia del país anfitrión decidir algo así, si no de un equipo que se encarga de la organización de esta cita internacional integrado por representantes de todos los países que integran la cumbre. Estas patinadas a los que nos expone el gobierno son resultado de un gabinete mal formado e improvisado que tiene en el palacio de Torre Tagle a una ministra como Cayetana Aljovín que sabe de negocios, pero poco o nada de política exterior.

Kuczynski ha preferido el camino típico de la ultra derecha peruana, contraponer la inoperancia de su gobierno al “fantasma de la izquierda que recorre el Perú” para trabar el progreso y el desarrollo del país. Y en medio de ese globo lanzado apela también a un ensayo de popularidad con el anuncio de un probable incremento del sueldo mínimo que ahora, según ha mencionado el ministro de trabajo Javier Barreda, estará bajo la condición de lo que evalúe una mesa técnica y que se conocerá en marzo.

Así PPK termina su reafirmación en el lado político al que siempre perteneció, la derecha heredera de Prado, la derecha afín a la CONFIEP, la derecha que celebró su osadía durante el gobierno de Velasco de facilitarle los 35 millones de dólares a la IPC y huir luego en una maletera por la frontera de Ecuador, la derecha que acogió al fujimorismo en los 90 y hasta ahora lo ve con complacencia, añoranza y celebra el indulto.

Los fantasmas que no ve el presidente

El presidente prefiere convencerse y convencernos que los fantasmas vienen desde la izquierda. Se niega a ver que quienes han torpedeado su gobierno desde el inicio son fantasmas, valga la contradicción, muy vivos y activos. Los fantasmas que el presidente se negó a ver y hacerles frente vienen desde el fujimorismo keikista, que, aunque más debilitado tras la pérdida de algunos parlamentarios sigue teniendo suficiente fuerza para buscar desestabilizar el gobierno.

¿Tampoco ve el presidente que la derecha extrema política, asentada en el Congreso, especialmente con la bancada fujimorista, y la económica en la CONFIEP, impulsan leyes como la ley de Modalidades Formativas Laborales, que rápidamente fue llamada como “ley del esclavo juvenil” por pretender que jóvenes que salgan de institutos trabajen sin cobrar nada por medio tiempo con la única finalidad de ganar experiencia? La rápida reacción de diferentes sectores que condenaron la aprobación de esta Ley en la comisión permanente del Congreso de la República el día miércoles, lograron que el jueves la congresista fujimorista Rosa Bartra -la misma que preside la comisión Lava Jato- autora de esta Ley anunciara que retiraría por el momento esta iniciativa.

¿No alcanza a ver el presidente que en el año de la Reconciliación nacional se mantienen en el Perú, según el reporte 167 de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo de enero del presente año, 176 conflictos sociales, de los cuales 122 son de carácter socioambiental? Las poblaciones indígenas de las cinco cuencas han vuelto a firmar acuerdos con el Gobierno central con la presencia de la Premier Mercedes Aráoz, en torno a sus demandas por la situación que padecen por más de 45 años por contaminación de petróleo y abandono. ¿Será que esta vez el gobierno sí cumplirá sus acuerdos con las poblaciones indígenas?

Quizá, después de todo el fantasma al que más tema el presidente sean las declaraciones que Jorge Barata dará los días 27 y 28 de febrero a los fiscales peruanos que viajarán a Brasil para interrogar al ex mandamás de ODEBRECHT en el Perú. Toda la clase política podría estar jugando a sus cartas a cómo saldrá parado luego de ese interrogatorio, sobre todo Alan García, Keiko Fujimori y el mismo presidente Kuczynski.

LA RECONSTRUCCIÓN Y LA NECESIDAD DE CIUDADANÍA

Por: Henry Córdova Bran

Ha pasado casi un año desde que el fenómeno del Niño Costero puso en evidencia, una vez más, la fragilidad de nuestras ciudades, la ausencia de planificación territorial y la escasa respuesta del Estado frente a ello. Hoy, con un proceso de reconstrucción lento y cuestionado es necesario pensar también en que padecemos de una ausencia de verdadera ciudadanía con capacidad y posibilidad de participar en la planificación, seguimiento y vigilancia de la gobernanza territorial.

La participación ciudadana es un concepto inherente a la gobernabilidad democrática. Tras la caída de la dictadura fujimorista, durante la cual precisamente se buscó debilitar y eliminar a las organizaciones de base, sindicales, ciudadanas; se buscó impulsar una de las reformas principales del Estado para recuperar la democracia: la descentralización. La descentralización tenía entre sus enfoques la concepción de la participación ciudadana y se introdujeron en la Ley de la descentralización y en las leyes orgánicas de las municipalidades y de los gobiernos regionales los conceptos de CCL, CCR, Presupuesto participativo, Comités de Vigilancia, entre otras iniciativas legislativas.

Poco se sabe que muchas de estas iniciativas que se hicieron ley para la reforma de descentralización se tomaron de experiencias que ya eran implementadas en municipios rurales desde antes del 2000 como en los municipios de Limatambo provincia de Anta de Cusco, o en el municipio de Santo Domingo, Provincia de Morropón de Piura, en las que el uso de los presupuestos se discutía y decidía con la población y las rendiciones de cuentas se hacían en cabildos abiertos.

Sin embargo, después de más de 15 años de impulsarse esta reforma y de una dinámica inicial de estos mecanismos de participación, estos fueron perdiendo influencia e interés en diferentes espacios territoriales del Perú. Carlos López, que fue alcalde de Santo Domingo y llegó a ser presidente y Secretario Ejecutivo de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú – REMURPE, indicó que la Ley Orgánica de Municipalidades necesita revisarse para hacer más operativa la participación ciudadana y que se flexibilicen los mecanismos de participación para que no sean homogéneos en todo el país, sino que respondan a las dinámicas organizativas de cada territorio y que sus procesos sean más vinculantes.

La ciudadanía en medio de la Reconstrucción

Este estancamiento en los ejercicios de ciudadanía se hizo notorio antes, durante y después del Fenómeno del niño costero. Si bien el Fenómeno nos encontró desprevenidos y por sorpresa, también nos encontró desorganizados y desarticulados.

Para el Biólogo Fidel Torres, miembro de la Plataforma inundaciones nunca más, “lo que está sucediendo es un escenario en el que la desorganización, la desarticulación del Estado y de la sociedad no ha podido tener una respuesta al desafío de las condiciones naturales, es decir, ni el Estado ni la sociedad civil tenían ningún plan”.

Fidel Torres ve con preocupación que las organizaciones que existen en los espacios urbanos “nunca tuvieron una capacidad reactiva asociada” y en ese sentido se diferencias de las formas organizativas que se ven en la sierra de Piura “Si uno va a la sierra se encuentra que las comunidades, que las rondas campesinas tienen un plan general de reacción ciudadana, la comunidad es una unidad organizativa de control territorial y la ronda es una unidad organizativa de control social, es un referente en nuestro propio territorio para aprender de ellos”.

Ante la emergencia el gobierno reaccionó creando la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, mediante Ley 30556 en abril del año pasado, uno de sus primeros mandatos era elaborar un Plan para la Reconstrucción. Sin embargo, este Plan presentado en setiembre tiene los mismos vicios centralistas como la propia naturaleza de nuestro Estado y desconoció las propuestas que de manera técnica se dieron desde las regiones, Fidel Torres recuerda así parte de cómo se dio este proceso “El Gobierno Regional le hace llegar en mayo a De la Flor su propuesta del Control integrado de la cuenca chira Piura y el GR lo declara proyecto de necesidad regional, una prioridad, en setiembre sale el Plan de la Reconstrucción y esa propuesta no tenía presupuesto, qué quiere decir que no les da la gana de hacerle el menor caso a la región y lo hacen porque saben que es una región que no va a tener capacidad de reacción porque la desarticulación impide que una ciudadanía salga a defender esa propuesta”.

Pese a que la Ley, establece claramente que la Autoridad de la Reconstrucción debe “desarrollar canales de comunicación y coordinación con los Gobiernos Regionales y Locales y la población” esto se ha hecho solo por cumplir “Sí han venido una y otra vez y se han reunido con el GR con la mesa técnica, una cosa es cumplir una letra y otra cosa es poner en marcha el espíritu de la ley cumplen con la letra y dicen me he reunido con el GR, colegios profesionales, pero el problema es que tomaron el nombre de la ciudadanía y de organizaciones expertas, entonces los interlocutores de Lima vienen y piensan que la opinión experta regional no tiene respaldo de la ciudadanía y no la van a defender y por eso no les hacen caso. La ciudadanía reacciona porque siente que está afectada porque siente que no se les hace caso y qué hace, reacciona, se manifiesta” menciona Fidel Torres.

Así el problema es la necesidad de una verdadera ciudadanía y que las organizaciones que existen se fortalezcan, se articulen y decidan su destino fortaleciendo la gobernanza junto a sus autoridades, así parece proponerse desde esta plataforma “Cuando nosotros nacimos como plataforma de inundación nunca más dijimos que es una plataforma para educarse para gobernar porque el tema no es solamente responsabilidad del gobernante, la ciudadanía debe aprender a como gobernar porque si no la ciudadanía es puro reclamo”.

Hace unos días la Contraloría General de la República emitió una norma para la participación ciudadana en reconstrucción, mediante la cual se regula la participación voluntaria de los monitores ciudadanos de control en las obras de la Reconstrucción con cambios. Según se indica en la norma los monitores ciudadanos de control ejercerán control social y participarán de forma cívica a favor de la comunidad, para lo cual serán capacitados y debidamente acreditados por la Contraloría. Al respecto, el representante de la Plataforma inundación nunca más mencionó que se viene preparando un foro en Chulucanas “El primer paso se va a dar en Chulucanas, para mediados de marzo se realizará un foro de organización de las demandas para la reconstrucción desde Chulucanas no lo que está dando Lima. Se está haciendo con algunas organizaciones y la plataforma inundación nunca más para organizar sus demandas, y para vigilar el cumplimiento de sus demandas van a poner los monitores, se van a usar todos los mecanismos legales que se están implementando, pero, además, al trabajar con ellos, se propondrá nuevos mecanismos acordes con su realidad”.