Este blog es un esfuerzo por contribuir en la difusión de información, artículos de opinión y demás géneros periodísticos que muchas veces no se muestran en los medios de comunicación oficiales. El nombre La Acción Escrita es tomado de un libro de Genaro Carnero checa acerca del periodsimo de José Carlos Mariátegui.

viernes, 6 de abril de 2018

5 DE ABRIL, LO QUE NOS QUEDA DE LA DICTADURA


Por: Henry Córdova Bran

El 5 de abril de 1992 Alberto Fujimori, elegido presidente constitucional dos años antes, realizó un golpe de Estado con la finalidad de cerrar el Congreso, a partir del cual, no solo instauró una de las dictaduras cívico-militares más duras y corruptas, capturó las instituciones del Estado y pervirtió la democracia; quizá lo peor de esa dictadura es que, más allá de las formalidades constitucionales, seguimos conviviendo con ella.

Una constitución hija de la dictadura

De la dictadura nos queda sobre todo la Constitución que redactó el Congreso Constituyente Democrático (CCD) -Congreso a la medida de Fujimori- en el año 1993 y que se elaboró para los fines que la dictadura quería. Se cuestionó durante mucho tiempo el capítulo económico de esta constitución que le permitió al dictador Fujimori una política de venta de las empresas y recursos públicos de manera delincuencial. Citando la excelente investigación que realizó Alfonso Quiroz en su libro “Historia de la Corrupción en el Perú”, menciona, en el capítulo dedicado a la década del 90, que “La Carta de 1993 y las leyes ad hoc del ejecutivo debilitaron aún más el marco constitucional, la protección de los derechos humanos y las barreras contra la corrupción. Con la complicidad de ministros y funcionarios allegados, aproximadamente 250 decretos inconstitucionales entraron en vigor entre el 05 de abril de 1992 y el 20 de noviembre de 2000” (el resaltado es nuestro).

La caída de Fujimori y Montesinos en el 2000 no significó la caída de esta Constitución. Pese a esfuerzos iniciales del entonces presidente interino Valentín Paniagua que formó una comisión para establecer las bases de una reforma Constitucional del Perú, esta no se pudo dar. Carlos Ramos, del Centro de Estudios Constitucionales, afirmó en el 2017 que “Varios presidentes anunciaron ese deseo. Desde Alejandro Toledo, pasando por Alan García y Ollanta Humala. Una vez que advirtieron que la Constitución del 93 era un instrumento útil para el presidente de la República -porque fue diseñada en términos Semipresidencialistas- resultaba una promesa que no se podía cumplir”.

Marco jurídico que promueve la corrupción

En general gran parte del Marco Jurídico, sobre todo el que abría la puerta para la corrupción, fue cuestionado al finalizar la dictadura. Hemos dicho en otros artículos que el regreso a la democracia en el año 2000 no significó un corte radical con las normas del Estado que había construido la dictadura, y que basta con revisar el informe de la Comisión que investigó los delitos económicos del fujimorismo para darse cuenta que poco caso se hizo a sus conclusiones y sus recomendaciones, que pedía fundamentalmente la revisión integral, por parte del Congreso de la República, de la legislación y normas reglamentarias referidas al proceso de privatización. Basta recordar, acudiendo nuevamente al estudio de Quiroz, que “se ha estimado que el costo medio anual de la corrupción durante el régimen de Fujimori fue entre 14000 y 20000 millones de dólares” cifras que evidencian el nivel de corrupción del fujimorismo y que estaba directamente relacionado con un tejido perverso al interior del propio Estado, del cual no hemos podido sacudirnos.

En los 18 años posteriores a la caída de la dictadura ha sido muy recurrente, aunque cada vez con menos énfasis, la idea de un fujimorismo sin Fujimori, aludiendo a una lógica del neoliberalismo con un Estado reducido y enormes beneficios a los grandes negocios. Por eso subsistieron las modalidades de las Alianzas Público-Privadas, Obras por impuestos y licitaciones negociadas, adendas incluidas, que han sido en gran medida las formas en las que se promovió la corrupción durante casi veinte años de democracia. El año 2015 el entonces contralor Edgar Alarcón afirmaba que el costo de la corrupción en el Perú ascendía a 12600 millones de soles; sin embargo, Proética calculó que el impacto total de los efectos anuales de la corrupción llegaba hasta los 36800 millones de soles. Las formas de la dictadura se mantienen al interior del Estado.

República empresarial y Estado represor

Quiroz no solo analiza la corrupción al interior del Estado, sino que señala también la alianza entre el Estado y el sector privado para indicar que durante la dictadura “estos intereses privados buscaron activamente favores y protecciones especiales, se opusieron a regulaciones efectivas y formaron parte en redes de corrupción encubiertas (…) Las reformas neoliberales emprendidas bajo Fujimori no tuvieron como resultado reglas de mercado claras. Sectores clave de la economía liberalizada se expusieron a retorcidas autoridades en colusión con intereses privados. Algunas compañías nacionales y extranjeras aceptaron y ensalzaron estas circunstancias de juego sucio sin principios”. ¿No explica esto por qué la CONFIEP no se sonroja cuando, empujado por las declaraciones de Barata, tiene que aceptar que “juntaron dos milloncitos para hacer campaña en favor del sistema de mercado” durante la campaña electoral del 2011 y que obviamente servía para apoyar la campaña de Keiko Fujimori, hija del dictador que tantos beneficios le entregó al gremio empresarial?

Se explica también, que esta relación Estado-Empresa nacida en la dictadura sostenga situaciones tan difíciles de entender como las exoneraciones tributarias de las que gozan casinos, bancos y seguros, universidades privadas, agroexportadoras, mineras; y que, según indicó en el 2017 el economista Pedro Francke con datos amparados en la SUNAT, suman montos de hasta 15493 millones de soles que deja de percibir el Estado peruano. El sociólogo Francisco Durand ha llamado a esta relación como la implantación de una República empresarial.

La dictadura no solo promovió beneficios económicos excesivos para el sector privado, sino que también promovió que el propio Estado adquiera una naturaleza de enfrentamiento con sectores sociales que por una u otra razón reclaman o denuncian la vulneración de sus derechos colectivos. Figuras como la criminalización de la protesta, los convenios entre el Ministerio del Interior y empresas extractivas, las declaraciones de Estados de emergencia preventivo, son figuras que hoy en día vienen siendo denunciadas por organizaciones de Derechos Humanos por su carácter represor y antidemocrático.  Recientemente, el 04 de abril, la organización derechos humanos sin fronteras denunció que policías y trabajadores de la minera Glencore agredieron a mujeres campesinas en Espinar que se niegan a vender sus terrenos para la explotación minera; prácticas que no son nuevas y que nos recuerdan a las constantes violaciones a la integridad de Máxima Acuña en Cajamarca, o de comuneros en la marcha en rechazo al proyecto minero Río Blanco el 2005. Todos estos hechos muestran una peligrosa relación entre la policía y empresas extractivas que se remontan a decretos supremos dados durante el gobierno de Fujimori, desde el reglamento de servicios de seguridad privada, y que se han ido variando, pero manteniendo hasta hoy, que, según datos revelados por el Instituto de Defensa Legal, existen hasta febrero de este año 146 convenios de este tipo.

El último 05 de abril se han cumplido 26 años desde que Fujimori dio un autogolpe de Estado e implantó su dictadura hasta el año 2000. Hoy Fujimori está libre por un indulto presidencial a todas luces tramposo e injusto, pero lo peor de todo es que la naturaleza misma de su dictadura ha sobrevivido dieciocho años después de la caída de su régimen.

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