EL PERIODISMO Y LA CRÍTICA DECOLONIAL

Por: Henry Córdova Bran

Hace una semana, aproximadamente, estudiantes de la escuela de Comunicación de la Universidad Nacional de Piura, me invitaron a compartir una charla sobre “Nuevos horizontes del periodismo, hacia una crítica decolonial”, me parece importante que desde la universidad se discutan temas como éstos, muchas veces ausentes en los cursos y planes de estudio, por eso, comparto algunas reflexiones de lo que compartí aquel día.

Al iniciar la presentación del tema les repartimos a los estudiantes una imagen en la que teníamos a cuatro personajes como un ejercicio de reconocimiento. Los estudiantes no tuvieron inconvenientes para reconocer a Alan García y Mercedes Aráoz, pero sí para reconocer a las otras personas de la imagen. Se trataba de dos líderes indígenas, Santiago Manuin, uno de los Apus más respetados de la nación Awajun y Wrayz Pérez, Pamuk de la nación Wampis; dos naciones que estuvieron presentes en los hechos de la curva del diablo el 5 de junio del año 2009, durante el gobierno de García y en el que Aráoz era ministra de Estado. Solo escudriñar en esa imagen y todo lo que existe a su alrededor como significado y como repercusión para la vida del Perú en los últimos 9 años y medio casi, desde los hechos del mal llamado “Baguazo”, daría para abordar largamente el tema que nos convocaba.

Mientras preparaba la charla, recordé también a Carlos Monsiváis, aquel gran periodista y cronista mexicano que en enero del 2009 diera en Trujillo una conferencia sobre “Los bicentenarios de América Latina”.  Recuerdo que Monsiváis decía que para entender y hablar sobre los bicentenarios había que conocer, leer, y estudiar a los hombres y mujeres que pensaron nuestra América, nuestros países; pero también conocer a las personas y a los pueblos, sus territorios y esas conexiones sagradas que tienen con la tierra, y hablaba precisamente de las comunidades, campesinas e indígenas, de los que sufrieron y siguen sufriendo el despojo, siglo tras siglo. Monsiváis me enseñó que para ser un periodista en América Latina no basta con estudiar la teoría y la técnica de las comunicaciones, por lo menos no solo aquella teoría y técnica que nos enseñan en nuestras escuelas y facultades; para ser un periodista en América Latina es necesario entender cabalmente la historia pasada y presente, de su todavía no acabado coloniaje. América Latina no podrá ser una realidad mientras las características de los colonialismos o de los neo colonialismos se mantengan.

Quizá alguien diga, “no es rol del periodismo, porque su rol solo es contar los hechos de manera objetiva” y yo creo que eso, que aparentemente debiera ser una verdad máxima para nuestra profesión, tiene algunos puntos discutibles. En primer lugar, porque la comunicación es desde siempre un vehículo de dominación. Quien controla la palabra, tiene ventaja sobre quien no la controla, y cada vez más desde que nos convertimos en una sociedad “imagocrática”, quien controla la imagen, tiene ventaja. Vuelvo al ejercicio de la imagen inicial y podemos reflexionar sobre el rol del periodismo en el momento en que un señor, presidente él, podía decir en todos los medios de comunicación que un grupo de peruanos no eran ciudadanos de primera clase o los llamaba perros del hortelano desde su posición de poder y con la ventaja de tener más de un medio de comunicación a disposición. ¿Cuántas peruanas y peruanos podíamos escuchar con la misma oportunidad de difusión, las razones de Santiago Manuin? Tal vez alguno solo recuerde el nombre porque lo escuchó que fue uno de los indígenas que declararon muerto y que apareció luego en el hospital de Chiclayo con 8 balas en el cuerpo. Afortunadamente, estaba vivo. ¿Algún periodista se interesó realmente por conocer quién es Santiago Manuin?, ¿dónde y cómo vive y porqué llevaba casi 51 días exigiéndole al gobierno la derogatoria de unos decretos supremos? Me refiero, evidentemente, a ir más allá de los hechos, y eso implica decolonizar nuestro propio esquema de pensamientos, de prejuicios y de ideas sobre lo que somos.

La crítica decolonial está ligada al desarrollo como paradigma originada al finalizar la Segunda Guerra Mundial, por entonces y en plena guerra fría, hubo mucho interés por imponer un discurso hegemónico desarrollista. Manuel Chaparro, uno de los principales teóricos de la crítica decolonial argumenta en su libro “Claves para repensar los medios y el mundo que habitamos. La distopía del desarrollo” que este discurso hegemónico es una maniobra estratégica creada por occidente para “conquistar el mundo desde el control del comercio internacional” parece una especie de idea conspirativa jalada de los pelos, pero no lo es tanto si uno mira de cerca cómo se ha conducido la economía mundial en los últimos 60 o 70 años, recomiendo leer para ello a economistas como Samir Amin, Vivian Forrester o al mismo premio nobel de economía Joseph Stiglitz, o pensadores como Noam Chomsky o Eduardo Galeano.

Bueno, este discurso hegemónico desarrollista nos impuso términos como “tercer mundo” o “subdesarrollo”, entonces si estás al sur del orbe o en el oriente eres del tercer mundo o eres un subdesarrollado, lo que significa que el paradigma del desarrollo y del primer mundo es del norte y occidental. No hay más y es increíble. Para América Latina, particularmente, es interesante que sea uno de los territorios desde donde se vienen impulsando los argumentos de la crítica decolonial desde los antecedentes de los aportes de la pedagogía de Paulo Freire en los años 60 y 70.

¿Cómo se vincula esta teoría crítica decolonial con el periodismo en nuestros días? Esta vinculación ha estado desde siempre; desde los orígenes mismos de nuestra República. Sería interesante dar una mirada a cuál era la relación existente entre nuestros primeros medios de prensa y el proceso de la Independencia que culminó precisamente con el periodo colonial de la Metrópoli española. Para que se entienda la importancia que le da el colonialismo a la necesidad de afianzar el discurso único entre las poblaciones colonizadas, recordemos como tras la derrota de la gran Rebelión de Tupac Amaru y muertos él, su familia, sus sucesores y los rebeldes Kataristas aymaras del altiplano; una de las primeras medidas del visitador Areche fue buscar la supresión del idioma quechua y de todo rastro y memoria del pasado Inca de la mente y del alma de los indígenas. Cosa que, pese a la dureza de la medida, no pudo conseguir.

El último período de nuestra prensa es, sin riesgo a equivocarme, uno de los más desalentadores. Hay saltos considerables desde la sociedad amantes del país y el Mercurio Peruano, hasta la época de Amauta y el gran periodismo de inicios del siglo XX. ¿cómo hemos llegado a estos tiempos de la Gran concentración de medios? ¿Nuestros medios están más o menos influenciados -vale decir colonizados- de lo que estaban Hipólito Unanue y compañía, o Gonzáles Prada y Mariátegui, por agentes extranjeros sobre todo del gran capital?

El Perú se acerca al Bicentenario, pero se acerca también cada vez más a un conocimiento más profundo de su naturaleza. Tras su independencia la sociedad criolla dominó la República, pasaron casi 100 años para que Prada y Mariátegui pusieran en la discusión nacional el problema indígena; aún tendríamos que esperar unas décadas más para que José María Arguedas nos mostrara el alma del indio kechwa y Aymara; y recién alrededor de los años 70 César Calvo nos introducía al espíritu de la Amazonía con sus “Tres mitades de Ino Moxo”. Pero hace falta mucho más para entender cabalmente el país que somos. Desde lo que nos toca, ver los hechos desde una crítica decolonial significará un avance.

LA CUESTIÓN ES ¿CONFIANZA EN QUÉ?

Por: Henry Córdova Bran

La semana se inició el domingo 16 con el mensaje a la nación del presidente Martín Vizcarra en el que planteó la cuestión de confianza al Congreso de la República por la demora en la aprobación de los cuatro proyectos de Ley que contemplan la reforma judicial y política. Durante la semana, no sin falta de revuelos desde el Ejecutivo y del Legislativo, El Congreso aprobó la cuestión de Confianza, sin embargo, la cuestión es ¿Confianza en qué?

La crisis a nivel nacional se expresa desde el escándalo y no desde el planteamiento serio de los problemas que enfrenta el país. Sin los audios del Consejo Nacional de la Magistratura y el escándalo mediático que produjo, no serían hoy posibles los planteamientos de la reforma del sistema de Justicia. ¿No sabía el gobierno acaso de la podredumbre de la justicia peruana? ¿no se sabía en el Congreso de la influencia política en la designación y en las decisiones de los jueces y magistrados? ¿no llevan años encarpetados más de un proyecto de ley que planteaba estas reformas?

Por esa razón es que la población debe saber que si bien es cierto las reformas planteadas por el presidente Vizcarra son necesarias, constituyen solo un parche para tapar el escándalo que indigna y moviliza a la ciudadanía. La gran reforma que necesita el Estado y que necesita nuestra población, ni siquiera está planteada, nos referimos a la refundación misma del Estado a través de un llamado a una Asamblea Constituyente, el planteamiento de una nueva Constitución que genere un nuevo pacto político por el país y que apunte directamente a resolver la arquitectura de nuestro modelo económico, la revisión del sistema educativo y de salud, y el impulso de la diversidad productiva con un enfoque de desarrollo sostenible.

Una pugna de poderes

Este es un período de expresión continua de la crisis política del país, de la crisis moral de nuestra clase política, de la crisis que infecta a nuestras instituciones, de las cuales no nos hemos desprendido en estos 18 años posteriores a la caída de la dictadura. Este gobierno, particularmente, nació con una debilidad evidente, no solo por la fuerza parlamentaria del partido de Keiko Fujimori que ha mostrado su carácter autoritario en más de una ocasión, sino por la debilidad misma del presidente Kuczynski, lo que le costó más de una derrota casi con complacencia sumisa. Pero la debilidad más grande de PPK no era su inmovilismo político, sino su evidente relación con el poder económico y su rol de lobista siempre que fue funcionario público. Las denuncias de corrupción le dieron pie al fujimorismo para buscar su cabeza y precipitar su caída.

Con la llegada de Martín Vizcarra a la presidencia y su intención de llevar el timón del gobierno hasta el 2021 se abrió un nuevo capítulo. Quizá pensó el fujimorismo que Vizcarra encarnaría la debilidad de PPK y así parecía ser durante los primeros días, sobre todo por el carácter contemplativo que el Premier César Villanueva mostraba con el fujimorismo. Pero es evidente que Martín Vizcarra entiende mejor el juego político de lo que lo hacía su antecesor. Sabe leer mejor el ánimo de la ciudadanía y ha entendido que al poder que le presenta el Congreso dominado por el fujimorismo no le cabe la complacencia sino la firmeza de la investidura presidencial. El escándalo de los audios del CNM y la evidente vinculación que la señora K y parlamentarios fujimoristas tienen en este caso, le dieron la ocasión al presidente para pasar a la ofensiva y así lo hizo en el Mensaje a la Nación del 28 de julio. Ahí empezó una pugna declarada entre el Ejecutivo y el Legislativo.

La cuestión es ¿Confianza en qué?

Después de 40 días de presentados los proyectos de Ley planteados por el presidente Vizcarra el 28 de julio, durante los cuales el Congreso de la República dio claros signos de querer demorar la discusión de las reformas, el gobierno planteó la cuestión de confianza y creyó que de esta manera arrinconaba al Congreso de la República.

Se ha equivocado el presidente. Lo que para muchos era, el miércoles, un día D para el país, se convirtió en un capítulo más de mecida política y juego de poderes que dio como resultado una inservible aprobación de la cuestión de confianza sin compromisos claros desde el parlamento en torno a lo que exigía el gobierno y una aceptación contemplativa del presidente del resultado de aquella jornada. Y es que el dictamen final de la cuestión de confianza aprobada por el Congreso no establece nada claro respecto de las reformas en cuestión, el Congreso le da la confianza al ejecutivo en torno a los ejes I y II de la política de gobierno sin especificar ni los 4 proyectos de Ley sobre las reformas, ni sobre el referéndum. En suma, el Congreso devolvió el golpe y le ha dicho al gobierno “te aprobamos tu gestión, pero las reformas las hará el parlamento”

Esto ha sido posible porque en el fondo no existe una firmeza desde el ejecutivo para promover una verdadera reforma del Estado y lo mostrado en las últimas semanas es el mismo enfrentamiento de poderes con el que nació este gobierno, pero con un Vizcarra más político. No debemos perder de vista que de fondo está la preocupación de más de un líder político representado en el Congreso (Keiko, García, PPK) por sus vínculos con la corrupción por las que tienen investigaciones abiertas y preocupaciones del mismo presidente Vizcarra por temas como el del caso Chinchero que aún perturba su tranquilidad.

De allí que se hace necesaria la comprensión de la naturaleza estructural de la crisis por la que atravesamos, porque las crisis no son aisladas, no son crisis de sectores, responden a una estructura que se dirige desde los grandes grupos de poder económico y se materializa desde el Estado en su conjunto, que por algo ha sido catalogado por economistas como Francisco Durand, como una República Empresarial, es decir una República favorable a la gran empresa antes que a las personas que viven y trabajan en nuestro país.

Por eso mientras se debaten las reformas en cuestión por otro lado se plantean leyes como la eliminación de la negociación colectiva para los trabajadores del sector público, que pone en riesgo los derechos de miles de trabajadores y trabajadoras en todo el país, o la nueva Ley de Hidrocarburos que busca priorizar la inversión y nuevas concesiones reduciendo los rigores ambientales y los derechos de poblaciones indígenas, así como las posibilidades de recaudación del propio Estado.

Así las cosas, ni el Legislativo, ni el Ejecutivo ofrecen suficientes signos de confianza para las demandas de cambio que la ciudadanía exige.

LA VEJEZ DE LA REPÚBLICA

Por: Henry Córdova Bran

Está vieja nuestra República. Y quizá nació vieja. Los audios del escándalo del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que hemos escuchado como un desfile de la infamia, no hacen sino demostrar esta vejez. ¿Nos sorprende el nivel de corrupción? No. Pero nos lleva a preguntarnos ¿Hasta qué nivel de podredumbre estamos dispuestos a seguir aguantando?

La historia en el Perú no es un anaquel al que acudimos para sacar las grandes lecciones que necesitamos. La historia en el Perú es como el cuarto de almacén en el que vamos amontonando nuestras miserias y nuestros escombros. En un escrito de Manuel Gonzáles Prada sobre la figura de Nicolás de Piérola, del año 1899, dice “Los criminales impunes afirman que “en el Perú no existe sanción moral”, fundándose naturalmente en haber escapado ellos mismos a la cárcel del Código Penal y a los faroles de las justicias populares”. Los criminales de ahora lo saben perfectamente y por eso quizá, la corrupción no los sonroja, no le temen a la judicatura, al sistema de justicia, porque está infestado y la historia de las oscuridades del sistema de justicia es tan vieja como nuestra República.

Los audios que hemos escuchado durante los últimos días no sorprenden, solo elevan el nivel de indignación, solo nos demuestra que en el Perú siempre es posible un peldaño más hacia abajo en nuestro hondo hueco de país inacabado. Los audios son una anécdota más, un desfile de nombres, de personas corruptas, de los Hinostroza que reemplazaron a los Miguel Aljovín, y que seguramente serán reemplazados por nuevos nombres que jurarán por la decencia hasta el próximo destape.

Nada parece indicarnos que esta nueva ola de la crisis tenga una solución definitiva. Hemos dicho en otras ocasiones que lo que tenemos desde hace varias décadas es una crisis estructural del Estado, no una crisis presidencial cuando surgió el escándalo Kuczynski que terminó con la renuncia del ex presidente y la juramentación de Vizcarra; no una crisis del Congreso, infestado por la bravuconería fujimorista, la mañosería aprista, la piratería de los interesados, el analfabetismo político casi crónico de muchos, y las voces a medias de las pocas muy pocas excepciones; no una crisis del poder judicial expresada en el mercadeo al peso de los jueces y fiscales, en sus sentencias escandalosas en casos de violación y violencia, en sus retrasos abiertamente sospechosos en casos decisivos contra García o Keiko Fujimori; que se reproduce también en nuestras provincias como los destapes que aparecen en nuestra Región de jueces y fiscales y sus nexos oscuros o los discutibles Honoris Causa que la Universidad Nacional de Piura otorgaba sin mayor sustento a los magistrados que ahora no hay causa de honor que los defienda.

En fin, lo que tenemos es una crisis generalizada del Estado, de su naturaleza misma, de un Estado que tuvo una composición de naturaleza criolla en los inicios de la República y que solo sirvió para asegurarle los privilegios a mucha gente que años atrás había mantenido distancia con la prédica independentista; así nuestro Estado en pleno siglo XXI parece ser solo funcional para esta república empresarial del gran negocio. El Estado que tenemos no es funcional para el país al que podríamos aspirar, no es funcional para emprender un salto en la calidad educativa porque no invierte adecuadamente lo que debería, no es funcional para asegurar salud digna porque sucumbe a los intereses de la industria farmacéutica y de la alimentación chatarra; no es funcional al trabajo digno, porque condena los derechos laborales a la voracidad del gran capital, no es funcional al desarrollo sostenible, porque privilegia el saqueo de la materia prima a la inversión en investigación para diversificar nuestra oferta productiva. Necesitamos un nuevo Estado para una nueva República.

Las recetas que no convencen

Frente al escándalo de los audios, el presidente Vizcarra anunció la conformación de un equipo de expertos para una comisión que en 12 días elaboraría una propuesta de reforma del sistema de justicia que presentará el 28 de julio; además, convocó al Congreso de la República para una sesión extraordinaria para debatir la remoción de todos los miembros del CNM. Paralelamente, el presidente del Congreso, Luis Galarreta, anunció que el Congreso, como primer poder del Estado, realizará la reforma del sistema judicial nacional.

Ni las recetas del presidente Vizcarra, ni las respuestas del señor Galarreta dan cabida a la confianza. ¿Realmente piensa el presidente que en 12 días una comisión va a producir una reforma al poder judicial? ¿Realmente quiere hacernos creer el señor Galarreta que este Congreso de la República está en la capacidad política y moral de conducir por su lado una reforma en la siguiente legislatura? ¿No se da cuenta el presidente del poco respeto que le tiene el parlamento cuando el señor Galarreta minimiza sus iniciativas y al instante le dice que serán ellos quienes harán la reforma, o cuando un cada vez más irreconocible Víctor Andrés García Belaúnde le increpa abiertamente sus formalidades y lo llama ignorante?

Tenía razón Gonzáles Prada cuando afirmaba que “Lo nuevo se construye con lo nuevo; y el gobernante que para modificar a un pueblo se vale de instituciones añejas y leyes retrógradas se parece al arquitecto que se vanagloria de levantar una casa nueva cuando toma un viejo caserón y le remienda con adobes mochados, maderas apolilladas y hierros enmohecidos. Los individuos y las naciones no edifican algo bueno y estable sin fundarlo en la verdad y la justicia”. Debe darse cuenta el presidente que nada puede reformarse desde el propio ejecutivo, ni mucho menos desde las bajezas morales y éticas en las que está sumergido el Congreso de la República, y cuyos congresistas son en gran medida parte del problema. El Perú necesita un nuevo pacto social, una nueva constitución a la altura de su historia y funcional a las necesidades antes expuestas.

Las respuestas no saldrán de las voluntades del presidente ni del Congreso de la República. No deberíamos permitir que los criminales sigan pensando que en el Perú no existe sanción moral. La vejez de la República necesita de la juventud de su gente, de su reserva moral. Son necesarias la firmeza de una ciudadanía movilizada, hay que respaldar a los pequeños espacios del periodismo que viene investigando estos casos, son necesarias las juventudes, que no solo recuperen la capacidad de indignación, sino que sientan vocación por el Perú, y eso significa redescubrir su historia y tomar en sus manos su presente.

5 DE ABRIL, LO QUE NOS QUEDA DE LA DICTADURA

Por: Henry Córdova Bran

El 5 de abril de 1992 Alberto Fujimori, elegido presidente constitucional dos años antes, realizó un golpe de Estado con la finalidad de cerrar el Congreso, a partir del cual, no solo instauró una de las dictaduras cívico-militares más duras y corruptas, capturó las instituciones del Estado y pervirtió la democracia; quizá lo peor de esa dictadura es que, más allá de las formalidades constitucionales, seguimos conviviendo con ella.

Una constitución hija de la dictadura

De la dictadura nos queda sobre todo la Constitución que redactó el Congreso Constituyente Democrático (CCD) -Congreso a la medida de Fujimori- en el año 1993 y que se elaboró para los fines que la dictadura quería. Se cuestionó durante mucho tiempo el capítulo económico de esta constitución que le permitió al dictador Fujimori una política de venta de las empresas y recursos públicos de manera delincuencial. Citando la excelente investigación que realizó Alfonso Quiroz en su libro “Historia de la Corrupción en el Perú”, menciona, en el capítulo dedicado a la década del 90, que “La Carta de 1993 y las leyes ad hoc del ejecutivo debilitaron aún más el marco constitucional, la protección de los derechos humanos y las barreras contra la corrupción. Con la complicidad de ministros y funcionarios allegados, aproximadamente 250 decretos inconstitucionales entraron en vigor entre el 05 de abril de 1992 y el 20 de noviembre de 2000” (el resaltado es nuestro).

La caída de Fujimori y Montesinos en el 2000 no significó la caída de esta Constitución. Pese a esfuerzos iniciales del entonces presidente interino Valentín Paniagua que formó una comisión para establecer las bases de una reforma Constitucional del Perú, esta no se pudo dar. Carlos Ramos, del Centro de Estudios Constitucionales, afirmó en el 2017 que “Varios presidentes anunciaron ese deseo. Desde Alejandro Toledo, pasando por Alan García y Ollanta Humala. Una vez que advirtieron que la Constitución del 93 era un instrumento útil para el presidente de la República -porque fue diseñada en términos Semipresidencialistas- resultaba una promesa que no se podía cumplir”.

Marco jurídico que promueve la corrupción

En general gran parte del Marco Jurídico, sobre todo el que abría la puerta para la corrupción, fue cuestionado al finalizar la dictadura. Hemos dicho en otros artículos que el regreso a la democracia en el año 2000 no significó un corte radical con las normas del Estado que había construido la dictadura, y que basta con revisar el informe de la Comisión que investigó los delitos económicos del fujimorismo para darse cuenta que poco caso se hizo a sus conclusiones y sus recomendaciones, que pedía fundamentalmente la revisión integral, por parte del Congreso de la República, de la legislación y normas reglamentarias referidas al proceso de privatización. Basta recordar, acudiendo nuevamente al estudio de Quiroz, que “se ha estimado que el costo medio anual de la corrupción durante el régimen de Fujimori fue entre 14000 y 20000 millones de dólares” cifras que evidencian el nivel de corrupción del fujimorismo y que estaba directamente relacionado con un tejido perverso al interior del propio Estado, del cual no hemos podido sacudirnos.

En los 18 años posteriores a la caída de la dictadura ha sido muy recurrente, aunque cada vez con menos énfasis, la idea de un fujimorismo sin Fujimori, aludiendo a una lógica del neoliberalismo con un Estado reducido y enormes beneficios a los grandes negocios. Por eso subsistieron las modalidades de las Alianzas Público-Privadas, Obras por impuestos y licitaciones negociadas, adendas incluidas, que han sido en gran medida las formas en las que se promovió la corrupción durante casi veinte años de democracia. El año 2015 el entonces contralor Edgar Alarcón afirmaba que el costo de la corrupción en el Perú ascendía a 12600 millones de soles; sin embargo, Proética calculó que el impacto total de los efectos anuales de la corrupción llegaba hasta los 36800 millones de soles. Las formas de la dictadura se mantienen al interior del Estado.

República empresarial y Estado represor

Quiroz no solo analiza la corrupción al interior del Estado, sino que señala también la alianza entre el Estado y el sector privado para indicar que durante la dictadura “estos intereses privados buscaron activamente favores y protecciones especiales, se opusieron a regulaciones efectivas y formaron parte en redes de corrupción encubiertas (…) Las reformas neoliberales emprendidas bajo Fujimori no tuvieron como resultado reglas de mercado claras. Sectores clave de la economía liberalizada se expusieron a retorcidas autoridades en colusión con intereses privados. Algunas compañías nacionales y extranjeras aceptaron y ensalzaron estas circunstancias de juego sucio sin principios”. ¿No explica esto por qué la CONFIEP no se sonroja cuando, empujado por las declaraciones de Barata, tiene que aceptar que “juntaron dos milloncitos para hacer campaña en favor del sistema de mercado” durante la campaña electoral del 2011 y que obviamente servía para apoyar la campaña de Keiko Fujimori, hija del dictador que tantos beneficios le entregó al gremio empresarial?

Se explica también, que esta relación Estado-Empresa nacida en la dictadura sostenga situaciones tan difíciles de entender como las exoneraciones tributarias de las que gozan casinos, bancos y seguros, universidades privadas, agroexportadoras, mineras; y que, según indicó en el 2017 el economista Pedro Francke con datos amparados en la SUNAT, suman montos de hasta 15493 millones de soles que deja de percibir el Estado peruano. El sociólogo Francisco Durand ha llamado a esta relación como la implantación de una República empresarial.

La dictadura no solo promovió beneficios económicos excesivos para el sector privado, sino que también promovió que el propio Estado adquiera una naturaleza de enfrentamiento con sectores sociales que por una u otra razón reclaman o denuncian la vulneración de sus derechos colectivos. Figuras como la criminalización de la protesta, los convenios entre el Ministerio del Interior y empresas extractivas, las declaraciones de Estados de emergencia preventivo, son figuras que hoy en día vienen siendo denunciadas por organizaciones de Derechos Humanos por su carácter represor y antidemocrático.  Recientemente, el 04 de abril, la organización derechos humanos sin fronteras denunció que policías y trabajadores de la minera Glencore agredieron a mujeres campesinas en Espinar que se niegan a vender sus terrenos para la explotación minera; prácticas que no son nuevas y que nos recuerdan a las constantes violaciones a la integridad de Máxima Acuña en Cajamarca, o de comuneros en la marcha en rechazo al proyecto minero Río Blanco el 2005. Todos estos hechos muestran una peligrosa relación entre la policía y empresas extractivas que se remontan a decretos supremos dados durante el gobierno de Fujimori, desde el reglamento de servicios de seguridad privada, y que se han ido variando, pero manteniendo hasta hoy, que, según datos revelados por el Instituto de Defensa Legal, existen hasta febrero de este año 146 convenios de este tipo.

El último 05 de abril se han cumplido 26 años desde que Fujimori dio un autogolpe de Estado e implantó su dictadura hasta el año 2000. Hoy Fujimori está libre por un indulto presidencial a todas luces tramposo e injusto, pero lo peor de todo es que la naturaleza misma de su dictadura ha sobrevivido dieciocho años después de la caída de su régimen.

NO MAS DESPRECIO A LAS COMUNIDADES AMAZONICAS

Los pueblos indígenas de la Federación de las 5 Cuencas, de los ríos Corrientes, Tigre, Pastaza, Marañón y Chambira, de Loreto, ante la omisión por parte del presidente de la república Martín Vizcarra de su grave problemática y en general de la Amazonía y los pueblos indígenas amazónicos, han emitido el siguiente pronunciamiento que se envía para su difusión, por lo que se agradece de antemano.

COMUNICADO

Las comunidades CINCO CUENCAS amazónicas, luego de haber escuchado el discurso inaugural del presidente Martín Vizcarra y frente a la situación crítica de nuestro país, manifestamos lo siguiente:

1.    Si bien reconocemos los propósitos del nuevo Presidente en materia de lucha contra la corrupción, por transparencia, desarrollo de salud, empleo, seguridad ciudadana, infraestructura sostenible, reconstrucción del norte del país, economía, y estabilidad institucional, debemos señalar nuestra preocupación por no mencionar a los pueblos indígenas, y la Amazonía, nuestro hábitat ancestral.

2.    Desde hace más de 10 años las organizaciones indígenas de los lotes petroleras más importantes y antiguos del país –lotes 192 y 8- vienen exigiendo respeto a sus derechos frente a la impunidad de más de décadas de actividad petrolera en su territorio.

3.    El Estado Peruano solo se centró en mitigar la conflictividad social, y nunca resolvió la problemática de fondo. Hasta la fecha ningún gabinete ha cumplido con los sinnúmeros de acuerdos y actas firmados con nuestros pueblos. Asimismo existe un listado de compromisos por cumplir de los Acuerdos de Saramuro/Saramurillo, y una hoja de ruta (Acta de Nauta) que señala una vez más plazos para su cumplimiento.

4.    Por ello seguimos a la espera del cumplimiento de los compromisos, y solicitamos al Presidente que conozca del desastre que ha ocurrido y sigue ocurriendo en nuestras tierras tras más de 4 décadas de actividad petrolera. Los daños son irreversibles e incuantificables.

5.    En ese sentido es revelador y emblemático lo que señala la Comisión Investigadora por los Derrames de Petróleo en el Oleoducto Norperuano - Congreso de la Republica, en su Informe Final de Noviembre de 2017”, (p.368-369) sobre que el Estado (diferentes instituciones y niveles) “…evidencia un aparente desprecio hacia las comunidades indígenas amazónicas, al actuar frente a los problemas suscitados con medidas negligentes, ineficientes, improvisadas, antitécnicas, antieconómicas e insostenibles, generando un clima de desconfianza y fastidio propicio para que emerjan conflictos sociales de gran envergadura, que podrían poner en enorme peligro la vida, los derechos y el desarrollo de dichas poblaciones.”  

6.    El modelo de dialogo que se exigió en Saramurillo fue un dialogo intercultural político en nuestro territorio. Hacemos acordar que eso solo puede funcionar cuando haya voluntad y decisión política.

7.    Al Congreso de la República, exigimos asumir las responsabilidades de los Acuerdos de Saramurillo y el Acta de Nauta, abriendo un debate serio respecto a la viabilidad y seguridad integral de la actividad petrolera en la Amazonia y la matriz energética del país en general.

8.    Ante todo ello hacemos un llamado a toda la sociedad civil a la  verdadera unidad. Frente a la situación política actual, a los pueblos del Perú, y particularmente a los pueblos amazónicos, nos urge organizarnos y re organizarnos.

¡Loreto es tierra indígena, no más políticas de desprecio hacia la Amazonia!

Iquitos, 26 de marzo de 2018

LA INDEPENDENCIA Y EL PERÚ DE NUESTROS DÍAS

Por: Henry Córdova Bran

Hace algunas semanas empecé a preparar un libro sobre la Independencia del Perú y la participación de la prensa en medio de ese proceso. El período de la Emancipación se entiende como una serie de hechos iniciados en 1780 con la rebelión de Túpac Amaru II y culmina con la capitulación de Ayacucho en 1824. Durante esos cuarenta y cuatro años se vivió un permanente estado de tensión política entre sectores sociales que se debatían entre los fidelistas, fieles a la autoridad de la monarquía; los reformistas, que bajo el principio de “viva el rey, muera el mal gobierno” buscaban, sin desconocer la autoridad del rey, mejores condiciones para los ciudadanos americanos frente a los privilegios de los funcionarios españoles y las injusticias de los chapetones; y los rupturistas, que buscaban abiertamente la separación de la monarquía y promovían las ideas independentistas. Tras la gran rebelión de Túpac Amaru, contemporánea a la liderada por Tomás Catari en la actual Bolivia, se sucedieron en el siglo XIX rebeliones como Zela en Tacna en 1811, la de Huánuco de 1812, la de los hermanos Angulo en Cusco de 1814, entre otras acciones y conspiraciones.

En medio de este acercamiento personal de este estudio particular, asistimos a la crisis actual de la política en nuestro país. No puedo evitar, por eso, pensar que a puertas del bicentenario de la República se hace necesario profundizar las reflexiones sobre el Perú que tenemos y el Perú que queremos.

Hay una sensación de asco en la sociedad peruana por los actos de corrupción y porque, a donde quiera que uno vea, solo ve el pus que denunciara Gonzáles Prada hace casi cien años. Asco e indignación hoy por los políticos de prebenda, como indignación se sentía en los tiempos finales del virreinato por los excesos de los funcionarios y la mala administración; indignación por los dirigentes políticos que hemos tenido, sobre todo a lo largo de los últimos 17 años de aparente democracia, “Que se vayan todos” exige más del 50% de la sociedad peruana, en ese “todos” entran el gobierno y el parlamento, tan resistidos y rechazados hoy como los “chapetones” de la época del virrey Abascal.

Casi trescientos años de colonia terminaron por volver insostenible un Estado monárquico que se debatía en su propia crisis en la lejana península. Hoy ya no es rara la afirmación de que tuvimos una independencia inconclusa, una República inacabada, la vieja frase de Vasconcelos “los indios hicieron la conquista, los españoles la independencia” ponía el acento en el hecho de que las guerras de independencia fueron capituladas por criollos de cada una las nacientes repúblicas, muchos de ellos incluso habían sido fidelistas o reformistas en los años previos a la llegada de San Martín y Bolívar, y terminaron ocupando cargos de dirección como Torre Tagle, Unanue, entre otros.

La herencia de nuestro Estado actual viene de esas raíces. Sin embargo, la marcha de la historia nunca es inmóvil. En doscientos años hemos arribado, sin concluirla, a una comprensión más cabal de lo peruano, de lo criollo, de lo andino, de lo amazónico; y ese conocimiento acumulado debería llevarnos a una idea sobre el Perú distinta a la que hoy domina y que ha generado la podredumbre que desde hace décadas nos estalla en la cara, cada vez con más infamia, con más mugre y descaro.

La crisis y la salida constitucional

El desenlace de este capítulo de la crisis política del Perú de los últimos años parece cerrarse con la renuncia -aplazada casi sin sentido- de Kuczynski el último miércoles, y que seguramente el Congreso de la República aceptará hoy en su sesión del pleno programada para la tarde. Desde que se hizo pública la renuncia de PPK, victimizándose y sin admitir culpa alguna, empezó el desfile de posiciones, comentarios, sobre “¿y ahora qué?”. La clase política, los principales periodistas y líderes de opinión apelan, como no podía ser de otro modo, a la salida constitucional de la crisis y afirman que es una crisis presidencial, que debe resolverse con la toma de mando de Martín Vizcarra, un pacto político con las principales fuerzas de representación nacional (es decir las que están representadas en el Congreso) y que se le de viabilidad al gobierno para que culmine el período hasta el 2021.

Otros, que prestan tímidamente oídos a la exigencia de la gente “que se vayan todos” imaginan la ruta constitucional de esa exigencia: solo si Vizcarra y Aráoz se negaran a asumir la presidencia y el actual presidente del Congreso, es decir el impresentable señor Galarreta, antes feroz crítico del fujimorismo convertido ahora en escudero casi favorito de la cuestionada señora Fujimori; solo así se podría convocar a nuevas elecciones para el ejecutivo y para el parlamento. El coro común levanta la voz en favor de una salida democrática a la crisis en aras de la reactivación económica, de no detener y reimpulsar nuestro crecimiento marca Perú. En lo personal, hay más de una interrogante que asalta en estas posiciones.

Apelando al sano derecho del delirio

Ya no se puede afirmar que esta sea solo una crisis presidencial. Es una crisis de Estado. ¿qué demuestran los kenji o Keiko vídeos sino la existencia de un Estado de prebendas? ¿sorprende en algo? ¿no se sabía acaso que, en los ministerios, sobre todo en el de Vivienda y Construcción y en el MEF se concentran la mayor parte de funcionarios que corrompen y deciden casi a discreción las obras públicas? ¿no es para eso que los alcaldes y gobernadores regionales desfilan en los ministerios con sus expedientes bajo el brazo, mientras ven como, los buenos con impotencia, los corruptos con simpatía, son abordados por tramitadores que no tienen otro lenguaje que el “diezmo”? ¿No fue para eso que se echó por la borda la descentralización en el gobierno de García? se va PPK pero queda todo el aparato del todopoderoso MEF para continuar la faena, se sentará en palacio Vizcarra ¿para gobernar con este Estado, con este parlamento que hiede a fujimorismo extendido? ¿Convocar a elecciones con un sistema electoral tramposo y que no será reformado por este Congreso y en el que participaría el mismo elenco cuestionado con un sistema de partidos caduco?

Eduardo Galeano nos enseñó a hacer ejercicio del “derecho al delirio” y quiero permitirme esa licencia: No merecemos acaso una segunda República, pensar que, de la reserva moral de las multitudes indignadas, liderada por la efervescencia creadora de la juventud, se niegue toda continuidad del lastre y de la infamia, para que el “que se vayan todos” sea el premio a la dignidad de los “nadies” y no una salida constitucional amparada en una constitución parida en una dictadura. Cansados de resignarnos a elegir el “mal menor” y frente a la descomposición del sistema de partidos, organicemos un período de transición a esa segunda República en el cual se convoque a una “Junta de Notables”, peruanistas, sociólogos, antropólogos, historiadores, economistas, juristas,  a los que deberían sumarse representantes de los diferentes pueblos que conforman el carácter plurinacional de nuestra patria, cuyos aportes de conocimiento milenario necesitamos tanto; esto claramente significaría que la presidencia de la República queda “suspendida en su ejercicio” y el Congreso de la República “se declara en receso” cómo ya se hizo en 1823, no para darle plenos poderes a un Bolívar, como sucedió entonces, sino a esta junta de notables. Nos serviría esta transición para reformar el sistema educativo, el sistema de Justicia, sacar la basura de la televisión y democratizar los medios de comunicación. Dirán los Abascal de nuestro tiempo, es decir, los Salaverry y compañía, vestidos de demócratas en defensa de la institucionalidad, que eso no es posible y el Perú dirá que sí lo es.

En fin, el ejercicio de este derecho sea acaso y finamente la invitación a nuevos delirios que se puedan debatir en los más amplios y variados espacios como sean posibles, buscando un Perú que, definitivamente, no es este.    

ME SIENTO FELIZ DE REPRESENTAR A MI COMUNIDAD

Por: Henry Córdova Bran

Emperatriz Campos Torres, vicepresidenta del área de conservación privada y bosques montanos y páramos Chicuate - Chinguelas de la comunidad Segunda y Cajas, es una mujer comunera de 47 años, tiene 5 hijos y los últimos 27 años los ha pasado participando activamente en su comunidad ganándose el derecho de representarla y ser una lideresa.

Emperatriz llegó a la provincia de Ayabaca el pasado 24 de febrero para participar junto con una delegación de comuneros y comuneras de Huancabamba del “Encuentro de autoridades ronderiles, comunales, locales regionales y nacionales por la defensa del agua y la vida” en el que más de 200 dirigentes de comunidades y rondas campesinas volvieron a expresar su rechazo al proyecto minero Río Blanco.

Durante el encuentro, Emperatriz tomó la palabra para expresar lo que su comunidad ha decidido.

“nosotras como mujeres vamos a defender el honor de nuestras comunidades y de la mujer andina, yo como mujer representante de mi comunidad voy a exigir que se respete el derecho consuetudinario de nuestras comunidades, llévenle el mensaje al presidente Kuczynski que la mina Río Blanco no va en nuestra comunidad. En nuestras cordilleras de bosques y páramos nacen las vertientes del río Shimbe, del río Chinguelas, de Río Blanco, de la quebrada El Gallo, del río Quiroz, entonces qué ¿el señor gobierno piensa pasar por encima de todo? Qué no venga a atropellar nuestros derechos como comunidades, nosotros como comunidades, mientras no tenga el permiso y la licencia social de las comunidades, no va Río Blanco, nosotros como comunidades tenemos nuestra máxima autoridad que es la asamblea general y si la asamblea general dice no va, no va. ¿por qué no ha venido la ministra de energía y minas? Los esperamos en nuestra comunidad de Segunda y Cajas”.

Escuchando a Emperatriz dirigirse a la asamblea con firmeza y con la certeza de conocer lo que argumentaba, en una sala en la que la mayoría de dirigentes comuneros eran varones, nos mostraba la capacidad de una mujer que se había ganado el liderazgo a pulso. Luego pudimos conocerla un poco más. La firmeza para defender sus argumentos se mezclaba con la amabilidad de su trato, una mujer comunera como ella misma se definía, que no se siente menos que sus compañeros comuneros que la acompañaban.

Emperatriz nació y creció en la comunidad campesina de Segunda y Cajas en la provincia de Huancabamba, y es consiente de que su vida y la vida de su familia está vinculada a su territorio. Como ella expresa “Una mujer campesina, para nosotras nuestras tierras y nuestra agua es la prioridad por que con eso llevamos el pan a nuestras familias, una mujer como yo que he trabajado duro gracias a las tierras y al agua que tenemos, soy orgullosa de sacar a mis 5 hijos adelante, estoy educándolos gracias a mis tierras”.

Emperatriz afirma también que ella y todas las mujeres de su comunidad reconocen el valor milenario de su comunidad “como personas y como mujeres valoramos nuestras tierras, lo que nos han dejado nuestros ancestros y por eso cuidamos a capa y espada lo que nos han dejado”, dice y sus palabras adquieren un tono de respeto como una reafirmación del vínculo con sus antepasados.

Pese al duro trabajo diario que implica levantarse desde muy temprano para las labores del campo y la atención de sus cinco hijos, Emperatriz lleva 27 años participando activamente como lideresa de su comunidad. Cuando le consultamos desde cuándo empezó a participar en las asambleas y hacerse escuchar, hace una pausa y nos dice con satisfacción que desde que tenía 20 años su participación se hizo activa y desde entonces no ha parado “yo como persona mi comunidad me acepta, me reclama, me elige y yo me siento feliz representando a mi comunidad y a mis mujeres huancabambinas comuneras. La mujer huancabambina de Segunda y Cajas le gusta participar abiertamente”.

Este 08 de marzo Emperatriz representará a la mujer comunera de su comunidad y de Huancabamba en un acto de reconocimiento por el Día internacional de la Mujer, que se realizará en Piura. Antes de despedirse de nosotros nos hace la invitación de ir a Segunda y Cajas, de conocer en el lugar como es la vida de la comunidad como una manera de entender y comprender por qué ese vínculo con su territorio es más que económica y social, sino que tiene profundas raíces culturales y que es algo que espera transmitir a sus hijos y las generaciones futuras.

Comunidades campesinas reafirman rechazo a Río Blanco QUE SE RESPETE LA CONSULTA VECINAL DEL 2007

Por: Henry Córdova Bran

Hace once años tuve la ocasión de cubrir, en Ayabaca, la consulta vecinal sobre la aprobación o rechazo al proyecto minero Majaz, hoy Río Blanco. Un contundente rechazo del 95% cerró una de las jornadas de expresión democrática y participativa más importantes de nuestra historia. Hoy las comunidades campesinas de la sierra norte del Perú vuelven a expresar su rechazo al proyecto y al gobierno que la apoya.

Más de 200 dirigentes de comunidades campesinas y rondas campesinas de las provincias de Ayabaca y Huancabamba y representantes de organizaciones campesinas de los valles de San Lorenzo, del bajo Piura y de la Federación Regional Agraria de Piura y Tumbes; se reunieron el sábado 24 de febrero en Ayabaca, convocados por la Central de Rondas Campesinas, el colectivo por Ayabaca y el Frente de Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte para participar en el “Encuentro de autoridades ronderiles, comunales, locales regionales y nacionales por la defensa del agua y la vida”.

A este encuentro fueron invitadas autoridades del nivel nacional, especialmente el Ministro de Agricultura y la Ministra de Energía y Minas quienes no asistieron, ni enviaron a ningún funcionario de sus respectivas carteras. También fueron invitados los 7 congresistas de Piura, sin embargo, solo asistió el congresista Hernando Cevallos Flores del Frente Amplio y se contó con la participación de la congresista de la Región Ayacucho Tania Pariona Tarqui de Nuevo Perú.

Al iniciar el encuentro se dio a conocer una carta enviada por el Ministerio de Energía y Minas en el que, además de excusar su participación, informaba que “actualmente, la Compañía Minera Río Blanco, no realiza actividades mineras y no tiene autorizaciones ni permisos aprobados ni en trámite para exploración/explotación”. En el documento se menciona que Río Blanco solo tiene un plan de Remediación de áreas impactadas por labores realizadas hace 8 años.

Carácter vinculante para la consulta vecinal del 2007

La consulta vecinal realizada el 2007 en los distritos de Pacaipampa, Ayabaca y Carmen de la Frontera fue la respuesta que las comunidades y rondas campesinas dieron a las pretensiones de implementar un proyecto minero en los territorios de las comunidades de Segunda y Cajas (Huancabamba) y Yanta (Ayabaca). Magdiel Carrión, presidente del Frente de Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte recordó que el conflicto con el proyecto minero se inició desde 2004 en que una delegación de comuneros en el mes de abril realizó la primera movilización hacia el campamento. En Julio del 2005 se realizó una segunda movilización hacia el campamento y posteriormente la marcha de sacrificio hacia Piura. Estas acciones dejaron el trágico saldo de dos ronderos muertos, centenares de heridos y más de veinte personas fueron secuestradas y torturadas por fuerzas de seguridad de la empresa minera.

Olivares Gonza, del Colectivo por Ayabaca, mencionó que desde el 2003 las comunidades campesinas de la sierra de Piura han denunciado que la presencia de la empresa minera en sus tierras es ilegal, ya que “no cuenta con la autorización del voto aprobatorio de los dos tercios de la asamblea comunal, situación que fue corroborada por la Defensoría del Pueblo en un informe del año 2006”.

Tras las movilizaciones de los años 2004 y 2005, se inició un proceso de diálogo con autoridades regionales y nacionales que fracasó en mayo del 2006. Este hecho llevó a las comunidades campesinas a recurrir a sus gobiernos locales para que implementen un mecanismo de participación ciudadana que ponga en consulta a la población sobre el desarrollo de actividades mineras en su territorio. Para Olivares Gonza el rotundo rechazo de la población expresada en la consulta vecinal del 2007 significa una apuesta por un modelo de desarrollo sostenible “el no (95% de la población votó por no permitir actividades mineras en sus territorios) para una región como Piura significa no aceptar un escenario de alto riesgo para las nacientes de agua que discurren desde las alturas y pasan por los valles hasta las ciudades de las que dependen nuestra economía y salud pública”. Destacó además que la consulta vecinal fue declarada como legítima por la Defensoría del Pueblo y contó con la participación de la Asociación Civil Transparencia y más de 22 observadores internacionales.

Hoy la preocupación vuelve a instalarse entre los comuneros de la sierra de Piura. Hace más de un año el gobierno peruano suscribió convenios y memorandos de entendimientos con el gobierno chino en el marco de la 24° Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC en el 2016. Uno de estos convenios es el de promoción del proyecto minero río Blanco con el consorcio Xiamen Zijin Togguan Investmen Development Corporation, en el que se señala que “la explotación de este recurso sería muy beneficiosa para el desarrollo de la región Piura”.

Frente a este riesgo los representantes de las comunidades y rondas campesinas de diferentes distritos de la sierra de Piura y representantes de comunidades del medio y bajo Piura que participaron en el encuentro de Ayabaca el pasado 24 de febrero están exigiendo al gobierno de PPK y al Estado peruano que “reconozca a la consulta vecinal del 16 de setiembre del 2007 como un hecho vinculante, se declare intangible y libre de actividades extractivas los bosques de neblina y los humedales de páramos para que así se nos devuelva la tranquilidad y seguridad a nuestros territorios”. Los congresistas y autoridades regionales y locales presentes acordaron respaldar este pedido en las instancias correspondientes.

Las normas que amenazan a los territorios comunales

Javier Hancke, especialista en temas ambientales y miembro de la Red Muqui alertó sobre un marco normativo cada vez más accesible para facilitar los proyectos extractivos en el Perú. Uno de ellos es el proyecto de Ley 1910 que tiene un solo artículo y que apunta a la descomposición de los territorios comunales mediante la titulación individual, proyecto que ya tiene el rechazo de las comunidades campesinas en la región (nos ocuparemos de este tema en el próximo artículo).

Pero Javier Hancke alerta sobre normas ya existentes “El DL 1910 está vinculado con todo el marco normativo que existe. EL gran riesgo con el decreto vigente 333 que da una serie de favores para eliminar garantías a las tierras de las comunidades que es complementario a la ley 30230 y a la ley 30327 que son una serie de normas que favorecen el acceso a las tierras de las comunidades. Pasando por el solo hecho de tener una concesión la empresa puede solicitar el saneamiento físico legal y si una comunidad no tiene título de propiedad o tiene título de propiedad con dificultades y si el Estado lo declara no hábil esas tierras retornan al Estado. Eso está vinculado por ejemplo con normas que se dieron el año pasado y que facilitan el acceso a aprobaciones ambientales del Ministerio de Energía y Minas sin pasar por estudios de impacto ambiental, y el año pasado el Ministerio del Ambiente dictó una resolución ministerial que estableció límites para los proyectos que pidan EIA y ya no necesitan de EIA y ahora a partir de plataformas de perforación cuando son hasta 20 plataformas ahora estás exonerados de EIA sin ningún sustento, qué va a hacer la minera, proyectos más pequeños para saltar esa norma y luego van a pedir ampliaciones, y hay otra norma que facilita y ha reducido a 50 metros la zona límite para exploración que establecen las áreas protegidas sin ningún mecanismo que explique esa reducción”.